Salud: la guerra continúa

Por Octavio Quintero  

La sanción presidencial de la ley estatutaria que eleva la salud de los colombianos a derecho universal es el resultado de una tenaz batalla social, ganada en el marco de una lucha que tendrá que darse contra la voluntad manifiesta de un gobierno que se rehusó a sancionarla hasta que más no pudo.
 
Cabría preguntar por qué el presidente Santos se manifestó reacio a sancionar la ley; y por qué, una vez conocidas las correcciones que le hizo la Corte Constitucional, el ministro de Salud se despachó con esta perla: “La Corte quiere que todos los colombianos coman langosta”.

¡Ah!, porque detrás del derecho a la salud paradójicamente se escondía la negación de la salud,  mediante la limitación de la tutela como herramienta jurídica de reclamación del servicio, que es lo único que ha logrado vencer el fondo mercantilista del modelo vigente; y, fuera de eso, la Corte le dice al gobierno que en materia de salud los colombianos tienen derecho a todo lo que no esté expresamente prohibido.

Eso es un avance espectacular del derecho a la salud que cambia el concepto del POS (Plan Obligatorio de Salud), en el sentido de que ya no va a contener a lo que se tiene derecho sino a lo que no se tiene derecho; y, por supuesto, para justificar lo prohibido, el gobierno tendrá que sustentarlo; y, aun así, la Corte le dice que también sobre esas cosas que se prohíban la gente tendrá como último recurso la tutela.
 
Por eso el gobierno se demoró tanto en sancionar la ley estatutaria, buscando la forma de evadir las disposiciones de la Corte… Si, finalmente, ante la presión social tuvo que sancionarla, no significa que haya renunciado al propósito de denegarla mediante argucias jurídicas que le quedan a la mano, a través de la reglamentación.
 
En primer lugar, el gobierno para expedir esa lista de lo que no se tiene derecho en materia de salud cuenta con un plazo de dos años a partir de la sanción de la ley… Es decir, si la sanción fue el 16 de febrero del 2015, tendrá hasta el 16 de febrero del 2017 para reglamentarla. Imagínense: si para sancionarla, que pudo haber sido al otro día de expedida la sentencia de revisión de la Corte (mayo del 2014) se tomó hasta febrero del 2015, ¿cómo será con la reglamentación?
 
Es de suponer que la presión del sector financiero para que se mantenga el esquema mercantilista de la ley junto con la presión de la industria farmacéutica para que la alharaca de control de precios a los medicamentos no pase de ser un saludo a la bandera, subirán de tono, y también la insistencia del gobierno en su regla fiscal… Y, como respuesta a estos tres grandes riesgos, necesariamente tendrá que subir también la presión social por parte de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud.
 
El derecho fundamental a la salud  sigue siendo un asunto “de vida o muerte”, como se ha dicho. La obligada sanción de la ley estatutaria es un triunfo importante… Pero la guerra continúa.