Se encaramaron

Por Ramiro Bejarano Guzmán  

Peligroso el esfuerzo del gobierno por minimizar la denuncia de la revista Semana, sobre una extraña fachada de inteligencia militar donde operaban un restaurante y una tienda cibernética, desde donde se ejecutaban interceptaciones ilegales y ruidosos actos de corrupción.

Apenas estalló el escándalo, el presidente convocó una rueda de prensa donde en tono enérgico pidió una investigación exhaustiva para establecer los responsables de los ilícitos; más tarde el ministro de Defensa ofreció declaraciones conjuntamente con el fiscal, manejando un discurso ambiguo. El locuaz mindefensa anunció que las supuestas faltas de los uniformados serán investigadas por otros militares, pero se tomó el cuidado de justificar subliminalmente cualquier desliz, para lo cual explicó que desde ese lugar también se han conseguido importantes logros de la inteligencia militar contra la delincuencia. Eso sí, pudiendo haber tomado la decisión política de llamar a calificar servicios a esos generales, optó apenas por separarlos temporalmente mientras se adelantan las investigaciones. Nadie pide que los condenen penal y disciplinariamente sin que haya un juicio, pero las decisiones políticas, como la de llamarlos a calificar servicios, habrían tenido un mensaje ejemplarizante para una sociedad que no es la primera vez que padece espionaje político.

Y, misteriosamente, al día siguiente de que el escándalo sacudiera todos los medios, sin que se hubiesen siquiera iniciado las investigaciones exhaustivas que pedían presidente y ministro, Santos en otro encuentro con los periodistas dejó la sensación de que el fiscal Montealegre le había admitido haberse equivocado al ordenar ese allanamiento y que el restaurante no era una guarida de bandidos sino un señuelo para cumplir funciones de inteligencia militar dentro del marco de la ley.

No tiene presentación, ni es creíble, que se nos trate de convencer de que todo lo que estaban haciendo en ese restaurante está autorizado por la ley de inteligencia, en cuya expedición se empeñó este gobierno. Cierto es que esa ley es un desastre para la democracia y las libertades públicas, pero no menos cierto es que ni ella ni la sentencia C 540/12 de la Corte Constitucional que le dio un visto bueno cómplice, han autorizado labores de monitoreo del espectro electromagnético ni de interceptación a nadie, sin orden judicial.

Si la idea del Gobierno es que las Fuerzas Militares no se envalentonen por el hecho de que se hayan separado de sus cargos dos altos generales que están vinculados a esos oficios de inteligencia, el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Lo que está en juego, no es solamente una investigación penal o disciplinaria que no terminará en nada, sino si el poder civil es capaz de controlar al poder militar. Todo parece indicar que el pulso lo están ganando los cuarteles.

Los militares son tan ciudadanos como el resto de los civiles, y merecen aplauso por sus esfuerzos. Pero ello no puede concederles licencia para que además de los beneficios que el ministro de Defensa se ha empeñado en concederles —siempre con el auxilio del senador Juan Manuel Galán, salvador de todos los proyectos de interés castrense como la ley de inteligencia, el fuero penal militar y la defensa jurídica de oficiales—, las autoridades se hagan las de la vista gorda cuando estalla un escándalo como el que ahora pretenden sepultar con el cuento de que todo era legal. También fue legal el DAS, y desde allí, cuando Santos era ministro de Defensa, presenciamos el más alevoso ataque contra magistrados, críticos y periodistas, que resultamos perseguidos y hostigados por el gobierno de la seguridad democrática.

Ojalá esta nueva investigación exhaustiva no termine en nada, porque lo que se sabe es que lo que han encontrado es una montaña de corrupción que compromete a altos niveles de la milicia y otros encumbrados servidores públicos.

El Espectador, Bogotá, 9 de febrero de 2014.