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Senador Cepeda solicita investigación penal contra director de Incoder por presunta omisión en restitución de baldíos por parte de familia Carranza

El senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, instó al Fiscal General, Eduardo Montealegre, a que investigue si el director del Incoder, Ariel Borbón Ardila y otros funcionarios de esa entidad, pudieron incurrir en posibles conductas punibles, al omitir llevar a cabo las acciones contempladas en la ley para la recuperación material de los baldíos de la nación que se encuentran aún en poder de la familia del fallecido Víctor Carranza en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

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El senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, instó al Fiscal General, Eduardo Montealegre, a que investigue si el director del Incoder, Ariel Borbón Ardila y otros funcionarios de esa entidad, pudieron incurrir en posibles conductas punibles, al omitir llevar a cabo las acciones contempladas en la ley para la recuperación material de los baldíos de la nación que se encuentran aún en poder de la familia del fallecido Víctor Carranza en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

En efecto, a través de una comunicación, el senador Cepeda, junto con la Corporación Jurídica Yira Castro, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y el líder comunal Miguel Briceño, le pidió al Fiscal General Eduardo Montealegre, que inicie las investigaciones pertinentes para establecer si Rey Ariel Borbón Ardila, gerente general del Incoder, Carlos Ignacio Carmona Moreno, subgerente de Tierras Rurales del Incoder, y Ruth Mireya Núñez Nuván, directora Técnica de Baldíos del Incoder, incurrieron en la comisión de algún delito en el caso de la devolución de tierras por parte de la familia Carranza en El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán (Meta).
 
Según el senador Cepeda, el Incoder debió dar la orden de restitución a través de la resolución 6423 de 2014, y en caso de no cumplirse en diez días, tenía que proceder al desalojo con la intervención de la Policía Nacional. Para el congresista del Polo, omitida dicha obligación al momento de expedir la mencionada resolución, el Incoder ha podido subsanar su omisión en cualquier momento a través de una resolución complementaria con esa orden específica.
 
En la comunicación, el legislador pone en conocimiento a la Fiscalía sobre dos respuestas a derechos de petición allegadas a su oficina por parte del Incoder, en las cuales informan que la entidad ha decidido esperar, omitiendo su deber legal a la entrega voluntaria del bien por parte de la familia Carranza, aun cuando han sido informados por diferentes vías de que la demora de la entrega de los predios ha producido todo tipo de arbitrariedades por parte de dicha familia. Los campesinos de la vereda El Porvenir, que hace parte de los baldíos a recuperar, han denunciado ante las autoridades múltiples hechos entre los que se cuentan: la promoción de la invasión de los predios por parte de agentes externos a la comunidad, el cerramiento de los bienes con cercas de acuerdo con una división del territorio realizada por los que ellos reconocen como los trabajadores o testaferros de los Carranza, y la realización de reuniones con integrantes de las veredas vecinas a quienes les han manifestado cómo es “la nueva distribución de la tierra”.
 
Para el congresista, “es necesario que se investigue en detalle el proceder del Incoder y si está beneficiando a la familia Carranza, por encima de los campesinos que ocupan los baldíos hace más de 40 años y que buscan su titulación”.
 
Este viernes 5 de junio se llevará a cabo una audiencia pública en la que se analizarán las actuaciones del Incoder en este y otros casos de restitución de baldíos de la Nación. La audiencia tendrá lugar en el auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso, a partir de las 8 de la mañana.

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