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Socializacion de pérdidas en la energía

Por Eduardo Sarmiento Palacio  
 
Hace más de un cuarto de siglo se advirtió que la privatización de los servicios públicos significaría el traslado del poder monopólico a los agentes privados, que llevaría a grandes abusos en contra del interés público, como sería la socialización de las pérdidas.
 
Lo que se observa en la actualidad en el sector eléctrico es lo mismo que sucede en el sistema financiero, la salud, las concesiones de obras públicas y las pensiones. Los agentes privados quedan en condiciones de transferirles las pérdidas a los contribuyentes.

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Por Eduardo Sarmiento Palacio  
 
Hace más de un cuarto de siglo se advirtió que la privatización de los servicios públicos significaría el traslado del poder monopólico a los agentes privados, que llevaría a grandes abusos en contra del interés público, como sería la socialización de las pérdidas.
 
Lo que se observa en la actualidad en el sector eléctrico es lo mismo que sucede en el sistema financiero, la salud, las concesiones de obras públicas y las pensiones. Los agentes privados quedan en condiciones de transferirles las pérdidas a los contribuyentes.

La estructura financiera que resultó de la privatización energética es lamentable. Con base al cargo de confiabilidad que está explícito en las tarifas, el Gobierno otorga subsidios a diestra y siniestra. Para empezar las empresas térmicas reciben una compensación para cubrir las pérdidas en las épocas de abundancia de agua y mantener las plantas en pie. Ahora, ante la escasez de lluvias generada por el fenómeno del niño, resulta que las empresas no están dispuestas a operar por la elevación de costos de los combustibles y el Gobierno procede a elevar las cargas por electricidad para cubrirles los faltantes financieros. Es el mejor mecanismo que se ha inventado para socializar las pérdidas en forma permanente. En las épocas de abundancia de agua y precios bajos de la energía las empresas reciben subsidios para cubrir los costos fijos y en las épocas de escasez de agua y altos precios obtienen ingresos superiores a los dictaminados por el mercado.

Las plantas térmicas son parte de un sistema de emergencia para enfrentar un mal público, como son los apagones. Lo lógico es que el sistema operara bajo el control y acción directa del Estado. Mal puede esperarse que la tarea la realicen un conjunto de empresas dispersas basadas en el lucro individual y estimuladas por subsidios. En el fondo, se configura un cartel que se orienta a sacar ventaja de las condiciones de necesidad y aumenta el riesgo de desabastecimiento.

El comportamiento descrito se replica en múltiples áreas. En las concesiones viales los beneficios obtenidos por las licitaciones son incrementados por créditos con plazos muertos garantías de tráfico y sobrecostos. En la salud los egresos por concepto del programa obligatorio de salud (POS) son sistemáticamente mayores que los ingresos por concepto de las cotizaciones, y la diferencia se queda en alta proporción en las EPS. Los administradores de los fondos privados de pensiones (AFP) tienen acceso a préstamos del mismo sector.

A la luz de estas evidencias, el argumento de que la privatización conduce a una mayor eficiencia tiene un alto elemento de engaño. La entrega de las empresas públicas no ha generado la competencia que lleve a bajar los costos y mejorar la calidad. Por el contrario, en la práctica ha significado el traslado de poderes monopólicos al sector privado y la conformación de alianzas con la administración que lesionan a los usuarios. En las épocas malas se socializan las pérdidas y en las buenas se obtienen ganancias excesivas.

La socialización de pérdidas es uno de los factores que más ha contribuido en la elevada rentabilidad del capital con respecto al trabajo, que aparece como la principal causa de las enormes diferencias de ingresos de la sociedad colombiana. En la práctica adquiere la forma de una apropiación incorrecta de los fondos públicos. La agenda nacional para mejorar la distribución del ingreso en el posconflicto debe empezar por detener las privatizaciones y rectificar las existentes.
 
El Espectador, Bogotá.

 

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