Toma de posición

Por Alfredo Molano Bravo  
 
Difícil huirle a la tentación de escribir sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Se han dicho muchas cosas y se han establecido algunas verdades, pero lo esencial sigue en la sombra: la responsabilidad superior en la ejecución del hecho.
 
El M-19. ¿Qué buscaba el M-19 con el operativo? Hasta donde lo entiendo, juzgar al Gobierno, en cabeza del presidente, por la violación del acuerdo de cese al fuego con las guerrillas. Fueron continuas las transgresiones del pacto por parte de la fuerza pública. Las comisiones de veeduría dejaron numerosas constancias de la desobediencia del Ejército –siendo la más grave la de Corinto, Cauca– que finalmente forzaron al Eme a volver a las armas.

Quizás algunas fueron en defensa propia y estuvieron justificadas por un ataque de un grupo guerrillero, pero la mayoría respondieron a una estrategia de la alta oficialidad para sabotear los acuerdos de paz en marcha. Esa verdad era la que el M-19 buscaba develar y juzgar. El Ejército, tal como lo expresó el general Landazábal, estaba herido porque Belisario adelantó las negociaciones con las guerrillas sin su participación. Los generales se sintieron excluidos y vejados. En el fondo, desconocían de hecho la orden del Gobierno. La retoma del palacio no fue otra cosa que la misma cosa: el desconocimiento del cese al fuego que el presidente de la Corte suplicaba y que el generalato impidió atender.
 
La tesis de que el objetivo era desaparecer los expedientes de extradición fue una estratagema sin ninguna validez dado que esos documentos no eran copia única: en los juzgados existían, o era posible desde sus archivos reconstruir los procesos.
 
La toma por parte del M-19 estaba anunciada. Lo hizo en el Congreso el mismo ministro de guerra, el general Vega Uribe, y los altos mandos se lo comunicaron a la Corte en el Club Militar. La toma estaba anunciada y se le despejó el camino retirando la Policía del palacio un día antes. En este caso, fue la fuerza pública la que emboscó a la guerrilla, la dejó entrar a la ratonera para liquidarla y de paso liquidar como autoridad el gobierno de Belisario. El Gobierno había decretado la amnistía a los presos que el binomio Turbay-Camacho Leyva había detenido, torturado y condenado por el robo de armas del Cantón Norte, una ofensa que el coronel Plazas Vega, a cuyo cuidado estaban, no olvidaba ni olvida. Pero hay más: el presidente de la Corte, el magistrado Reyes Echandía, era un crítico permanente del poder que tenía la justicia penal militar para juzgar civiles. Más aún, se oponía a la doctrina de la Seguridad Nacional, madre del paramilitarismo. Eran muchas las heridas que el honor militar vengaba con la “operación limpieza” decretada antes de que el ministro Vega Uribe llegara a las 4 de la tarde a la Casa de Nariño, donde Betancur lo había citado a las 11 de la mañana. Todo estaba consumado cuando el ministro saludó al presidente como comandante superior de las Fuerzas Armadas y el palacio ardía. También los militares se interpusieron en la súplica que Reyes buscaba hacerle personalmente al presidente.
 
Mientras tanto, la sociedad civil, desarmada, era obligada a ver un partido de fútbol mientras sus cuerpos ardían o eran abaleados indefensos en el tercer y el cuarto pisos del edificio en llamas. ¿Cuántos tiros de las armas del M-19 tenían los muertos? Ni uno solo. Todos salieron de los fusiles oficiales. La sociedad civil asesinada en el Palacio de Justicia renació en la Constitución del 91, a pesar de que en ella no se puso en su sitio a la Fuerza Pública, que tenía todavía chantajeado al poder civil.
 
El Espectador, Bogotá.