Una reforma a la deriva

Por Rodolfo Arango  

La mal llamada reforma al equilibrio de poderes, un imposible porque el poder público es sólo uno, debería hundirse, salvo el articulito que prohíbe el origen del desbarajuste: la reelección presidencial.

Con bombos y platillos se afirmó que era sano suprimir las facultades electorales de los altos jueces. Sin embargo, la reforma conserva incólume en cabeza de las cúpulas judiciales las facultades de nominar candidatos a magistrados de Corte Constitucional, Registrador y Procurador, mientras que reintroduce la cooptación para elegir a sus sucesores.

La comisión de aforados es otra pésima idea. Cierto es que la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes es un monumento a la impunidad. Pero la solución es desacertada. Se reemplaza por fiscales elegidos por el congreso, con inmunidad presidencial y gran poder sobre magistrados que a su vez procesan a los congresistas. Acierta el fiscal Montealegre al ver en esto una revancha de un congreso cuyos miembros fueron condenados por paramilitarismo y narcotráfico.

Reza el dicho que cuando un mandatario no quiere o puede resolver un entuerto, nombra una comisión. Algo parecido sucede ahora. De los cinco grandes temas del proyecto, tres se refieren a la justicia, y en ella se crean múltiples comisiones para reemplazar a instituciones no perfectas pero mejorables. Los temas restantes son la prohibición de la reelección en altos cargos uninominales y el otorgamiento de gabelas a perdedores en las elecciones, en desmedro del umbral introducido para disciplinar a los partidos y movimientos políticos y de la representación de millones de colombianos en el exterior que pierden una curul en el Congreso.

El rediseño institucional para impedir abusos de poder vuelve a convertirse en guiñapo por un legislativo subordinado a un gobierno sin piloto. No podría ser de otra manera. Existe improvisación, falta de estudios, revanchismo. ¿Se ha medido el impacto sobre la Corte Constitucional al pasarle la función de dirimir conflictos de competencia, tarea antes encomendada a otro tribunal? ¿Dónde está la garantía de doble instancia en el juzgamiento de altos funcionarios? ¿Dónde el examen de méritos por oposición, lo que ahora se elimina, para asegurar la calidad e independencia de los investigadores y jueces? Incluso se afirma en ponencia para séptimo debate que la Dirección de la Magistratura será un importante filtro antes de la conformación de las listas para elegir a las altas cortes, cuando dicha dirección se elimina del articulado.

El legislador no ha estado a la altura del reto: resguardar la independencia de los magistrados de las altas cortes, lo que sólo se podría hacer prolongando el periodo a dieciséis años, con salida a pensión y retiro de la profesión para dedicarse a la pedagogía y difusión de la jurisprudencia. Si no, seguirán intentando nuevos nombramientos –incluso como comisionados de aforados– pasada la veda de un año establecida en el proyecto. Esto que parece una prerrogativa injustificada para algunos es indispensable para no estar buscando puesto luego de ocho años de ejercicio de la judicatura.

Salvo la inmunidad presidencial para evitar ataques políticos por vía de sindicaciones disciplinarias y penales, los magistrados deben ser procesados como cualquier ciudadano, previo un corto y técnico proceso de desinvestidura y separación temporal del cargo cuando hay graves indicios de posible falta disciplinaria o conducta criminal. Un comité disciplinario de autorregulación en la propia institución judicial que siguiendo protocolos estrictos analice en detalle las sindicaciones hechas a los altos dignatarios y sustente públicamente su decisión de desinvestidura temporal, bastaría para reemplazar el engendro que se apresta a aprobar el Congreso en los dos debates faltantes: todavía estamos a tiempo de evitar el agravamiento del enfermo.

El Espectador, Bogotá.