Voltereta del gobierno en favor del contrabando, denuncia senador Robledo

La propuesta del gobierno de Santos no persigue el contrabando técnico, señala el congresista del Polo Democrático.

En la discusión de la llamada “Ley Anticontrabando”, el senador Jorge Enrique Robledo denunció que el gobierno de Juan Manuel Santos cambió el proyecto de ley en beneficio del contrabando técnico.

Este tipo de contrabando, también llamado de subfacturación, consiste en declarar precios de las mercancías que se importan por debajo de su valor real con el fin de pagar aranceles irrisorios.

Un estudio de la DIAN calculó que en 2012 el contrabando representó 7.146 millones de dólares, de los cuales 6.450 millones correspondieron a contrabando técnico. (http://bit.ly/134x2VS).

En mayo de 2013, el gobierno radicó el proyecto de ley 298 de 2013 que, entre otras cosas, introducía un nuevo delito en el Código Penal, el del contrabando técnico. El artículo 5° señalaba lo siguiente: “Contrabando técnico. El que (i) consigne información falsa en (a) la declaración de importación o de exportación de mercancía o (b) en la factura de nacionalización o de exportación de mercancía, y/o (ii) aporte documentos soporte falsos o con información falsa ante la administración aduanera, incurrirá en prisión de cuatro (4) a siete (7) años y multa del doscientos (200%) al trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de la mercancía en Colombia”.

A pesar de que el contrabando técnico le hace un inmenso daño al aparato productivo nacional, el gobierno dejó hundir el proyecto y presentó otro en el que no incluyó este tipo penal como un delito autónomo. Esta actitud del gobierno fue calificada por el senador Robledo calificó como una voltereta que termina por favorecer al contrabando.

En el nuevo proyecto de ley, explicó el congresista del Polo, se eliminaron otras medidas de la anterior propuesta como la creación de una base de datos de precios promedio de mercado, que era fundamental para perseguir el contrabando técnico. También se excluyeron las siguientes medidas: la facultad que se les otorgaba a los jueces penales para levantar el velo corporativo de las empresas vinculadas con el contrabando; la obligación de los importadores de guardar los extractos bancarios durante 24 meses; la facultad para que distintas entidades revisen estos extractos; y la asignación a Jueces Especializados del Circuito de los procesos penales por contrabando.

El senador Robledo denunció que este proyecto es una voltereta del gobierno de Juan Manuel Santos en favor del contrabando y exigió que se aprueben normas que de verdad persigan el contrabando de cuello blanco.