Cinco estocadas neoliberales de las concesiones a la educación pública

Por María Antonieta Cano   

La modalidad privatizadora de los colegios por concesión, adoptada en Bogotá durante el gobierno de Peñalosa y generalizada en el país mediante el decreto 2355, se ha convertido en la punta de lanza de los neoliberales. La ministra de Educación de Santos la ha defendido insistentemente, los economistas, criollos y de las agencias internacionales de crédito, la ponen como ejemplo y, en Bogotá, el alcalde Petro, traicionando su propio discurso de defensa de “lo público”, plantea prorrogarlas.

Tanta insistencia de los economistas y gobernantes en defender este modelo amenaza el sistema estatal de educación. Por eso es bueno recordar las verdaderas desgracias de las concesiones. Pueden resumirse en por lo menos cinco profundas estocadas.

1) Reducción del gasto en educación: uno de los principios rectores del modelo neoliberal es reducir el gasto social en salud y educación. Se plasmó desde 2001 con la disminución de las transferencias, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda. La orientaron el Banco Mundial y el BID para que el Estado pudiera cumplir con el pago oportuno de la deuda, interna y externa, y para que, con ocasión del Plan Colombia, se destinara suficiente presupuesto al gasto militar. Los colegios en concesión caen como anillo al dedo a este propósito.

El siguiente cuadro nos muestra cómo, mientras la inversión por estudiante en Bogotá, en los colegios dirigidos por el Distrito, es de $3.696.991, a los colegios en concesión el Estado les gira por cada niño apenas un valor de $1.894.633, una cantidad de $ 1.802.358 menos que en las instituciones públicas. El cálculo matemático no falla. Si en 25 colegios en concesión, con 39.860 niños, el gobierno está dejando de invertir $71.841.989.880 por año, ¿cómo será cuando se generalice esta modalidad en la cual se identifican tanto Santos como Petro?

2) Si para los maestros, en el sector público llueve, en los concesionarios, no escampa: El cuadro habla por sí solo. La inversión en la nómina de maestros en los colegios por concesión es la mitad de lo que se invierte en el Distrito y así, el operador privado garantiza su ganancia. Para funcionar con menor inversión, el concesionario desconoce todo tipo de garantías laborales a los maestros, no se sujeta a ningún régimen laboral y goza de la flexibilidad que contempla el ya bastante laxo Código Sustantivo del Trabajo. Las contrataciones hechas por los concesionarios no tienen en cuenta ni regímenes laborales de los maestros ni jornadas laborales. Mucho menos se les reconoce el derecho a la asociación, a la reunión o a la huelga.

3) Infraestructura pública con administración privada: Como tantas veces se ha dicho, en el sistema de concesión el contratista entra ganando, no sólo porque el Estado pone la infraestructura física y la dotación, sino también porque la demanda está garantizada con el pago que, con recursos del Erario, se le gira por cada estudiante, un riesgo que se corre cuando la educación es una actividad económica de un particular con su propia inversión e iniciativa.

4) La educación es financiada por el Estado pero administrada por el sector privado: bajo esta premisa, el gobierno flexibiliza y hace aún más precario el trabajo docente, con jornadas laborales de hasta once horas diarias y salarios integrales que no alcanzan a cubrir los costos de la seguridad social, alimentación y transporte.

5) Los colegios en concesión quebrantan el proyecto educativo nacional. El Estado tiene que edificar un proyecto educativo para la sociedad. Limitar su acción a construir instalaciones para que los particulares actúen como operadores es negarse a construir un proyecto estratégico para el desarrollo nacional. Es negar el papel que la educación cumple en el proyecto de país y simplemente reducir la actividad pública a controlar el cumplimiento de estándares mínimos por parte de terceros. Esta es la peor falencia que acarrea la educación por concesión, en cualquiera de los niveles, desde el preescolar hasta el superior. Desde que el modo capitalista apareció, el Estado se apropió de la educación precisamente porque los intereses privados no pueden cumplir con dicha misión en el interés general. Ahora a los países neocoloniales hasta ese rol se les quiere conculcar.

El afán de los neoliberales por conservar los colegios en concesión es evidente. María Fernanda Campo ha insistido por todos los medios en la necesidad de mantener vigentes las concesiones en Bogotá. Y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, abandonando su propio discurso de defensa de lo público, ha manifestado ya su intención de firmar la prórroga de los contratos.

Una vez más los maestros del Distrito y de Colombia alzamos nuestra voz para decir:

Por la defensa de la educación pública, financiada y administrada directamente por el Estado, ¡no a los colegios en concesión!

Al alcalde Petro le exigimos ¡no a la firma de la prórroga de los contratos de los colegios en concesión!

Bogotá.