El cuatrienio de Santos

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

El presidente Juan Manuel Santos, en la celebración de los cuatro años de su primer mandato, señaló que nunca la economía había pasado por un estado tan próspero, dejando entrever que mantendrá el talante y los lineamientos seguidos durante el cuatrienio. La duda es si por esta vía

se podrán alcanzar los objetivos de progreso y equidad anunciados en la campaña.

La idea fuerza de la administración giró en torno a las locomotoras de la minería, la construcción, la agricultura, la innovación y el medio ambiente. En la práctica sólo han operado las dos primeras. La economía evoluciona impulsada por la minería, la construcción y el abaratamiento de las importaciones que, a su turno, arrastran los servicios y repelen la industria y la agricultura.

Este perfil ha dominado en los últimos diez años y se caracteriza por la baja productividad del capital, el trabajo y la enorme vulnerabilidad. La mayor parte de los ingresos provienen del abaratamiento de las importaciones. Los salarios crecen muy por debajo del ingreso per cápita ajustado por la capacidad de compra. Como ocurrió a lo largo de los últimos 20 años, cae la participación de los ingresos laborales en el producto.

La revaluación ha llegado a niveles nunca imaginados. En conjunto con los TLC, deja totalmente desguarnecido al país. Los costos de los productos industriales y agrícolas superan los precios internacionales. La industria y la agricultura se diluyen y sus exportaciones se desploman. Ni siquiera pueden sobrevivir las actividades mineras y petroleras. El balance comercial, que era de US$6.000 millones hace dos años, en el presente será deficitario en US$1.500 millones. El déficit en cuenta asciende a 4% del PIB, el más alto de América Latina y uno de los mayores del mundo.

El sistema fiscal se mantiene dentro de la concepción de prioridad a la eficiencia sobre la equidad. La última reforma tributaria bajó los gravámenes al capital y subió los del trabajo, al tiempo que incrementó los impuestos indirectos con respecto a los directos. Asimismo, el presupuesto nacional está dominado por el gasto militar, las pensiones y la infraestructura física. El gasto público no llega ni en la mitad al 50% más pobre. Para completar, las privatizaciones ocasionaron un serio retroceso institucional en la salud, la educación, las pensiones y las concepciones viales. Los agentes privados están en capacidad de obtener grandes ganancias entregando servicios inferiores a los aportes de los ciudadanos y la sociedad.

Los despliegues en materia de desempleo y pobreza no les falta ficción. La reducción del desempleo, debido al aumento de los inactivos, no corresponde a un aumento igual del empleo y la informalidad no varió significativamente. Así, los subsidios a la informalidad y al primer empleo, y luego el desmonte de los parafiscales en la reforma tributaria, no funcionaron. Los empleos generados en la economía en los últimos dos años son muy inferiores al millón de puestos de trabajo ofrecidos como producto de las medidas fiscales y laborales.
El índice de pobreza, como ocurre en todas partes del mundo, ha descendido, revelando que el crecimiento económico gotea a los estratos bajos; sin embargo, la mitad de la reducción del índice obedece a cambios metodológicos. Por eso no tiene mayor incidencia sobre el coeficiente Gini de la distribución del ingreso, que se mantiene entre los más altos del mundo. El ingreso de los pobres aumenta, pero menos que el promedio y mucho menos que el de los estratos altos.

En fin, el país está montado en una organización de baja productividad, abaratamiento de los bienes industriales y agrícolas e inequidad fiscal. La economía avanza impulsada por la revaluación y las rentas del capital, a cambio de la vulnerabilidad externa y la ampliación de las desigualdades.

El Espectador, Bogotá, 10 de agosto de 2014.