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Nacional

El malestar laboral contra Petro, el “tercerizador”

Por Aurelio Suárez Montoya   

El 18 de septiembre, los trabajadores distritales se movilizaron contra la política laboral del alcalde Petro. Coincidió con la protesta de empleados del sector central y de institutos como el IPES, los dos sindicatos del Acueducto, Sintrateléfonos de la ETB y maestros de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), entre otros. Cada organización tenía sus motivos, pero el hilo conductor fue el rechazo al envilecimiento de las condiciones de trabajo y la exigencia de que se respete la negociación colectiva.

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Por Aurelio Suárez Montoya   

El 18 de septiembre, los trabajadores distritales se movilizaron contra la política laboral del alcalde Petro. Coincidió con la protesta de empleados del sector central y de institutos como el IPES, los dos sindicatos del Acueducto, Sintrateléfonos de la ETB y maestros de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), entre otros. Cada organización tenía sus motivos, pero el hilo conductor fue el rechazo al envilecimiento de las condiciones de trabajo y la exigencia de que se respete la negociación colectiva.

En ETB, los “tercerizados” (mano de obra contratada a través de intermediarios para labores propias de la empresa) suman en los últimos dos años casi 10.000 y hoy sólo uno de cada cuatro trabajadores está vinculado directamente. Los “tercerizados” son vistos por la administración como operarios de segunda: ganan bajos salarios, carecen de estabilidad y no acceden a beneficios convencionales. Como si fuera poco, a los sindicalizados los están despidiendo sin justa causa. La movilización del sindicato contra estas iniquidades hizo que la administración, en represalia, intentara, ante un juez, levantarles el fuero a los directivos para poder despedirlos.

Violando la Convención Colectiva, el Acueducto mantiene con contrato a término fijo a 1.200 trabajadores que ingresaron para retomar las gestiones comerciales y de mantenimiento de redes en tres zonas de la ciudad, que por 14 años estuvieron en manos privadas. Además, se ha empezado a desguazar la empresa con la creación de entes como el Idiger, que ya intentó “usurparle” funciones, como la limpieza de canales y ríos, pese a la advertencia que hizo el Concejo en el acuerdo que lo creó.

Su filial Aguas de Bogotá les ha incumplido a 2.500 obreros las promesas hechas en el fragor de la batalla de Basura Cero. Se multiplican los accidentes de trabajo, los salarios no pasan de $650.000 por mes y el contrato se firma por obra y labor. Nada se dice sobre el bono temporal y se les sigue dilatando la negociación colectiva.

Y algo increíble: Petro logró introducir la “tercerización” en el magisterio, donde los sindicatos son guardianes celosos de los derechos de los docentes. A través de intermediarios como Compensar o Colsubsidio, ha contratado a casi 1.500 profesores para el programa de Jornada Extendida, o 40 x 40, que quiere hacer ver como jornada única. Y ni hablar del incumplimiento de su promesa de campaña de no aupar los colegios en concesión, a los que entonces clasificó como “privatización”. Hizo todo lo contrario y, en alianza con Santos y el ministerio, les prorrogó el contrato. Como se ve, mucho va de las promesas a la realidad. Petro tampoco le cumplió al sector salud, donde hay 19.000 contratos por servicios con aquellos que de hecho tienen responsabilidades plenas en los hospitales. Es otra violación flagrante de la ley.

Por su parte, los trabajadores del sector central le reclamaron por el retraso en la negociación del pliego radicado en febrero. Repudiaron además la vigencia indefinida de “nóminas provisionales” para 4.900 personas que realizan tareas misionales y permanentes, además de otros ¡28.000! con contratos de prestación de servicios, como lo reconoció el mismo Servicio Civil Distrital en 2013.

Petro seguramente pensará que paga de sobra la “deuda” contraída en campaña con los trabajadores nombrando a dos recomendados del concejal “progresista” Yezid García como representantes del alcalde en las juntas de Energía y Acueducto. Este cabildante, irónicamente autoproclamado “el del trabajo decente”, no verá figurar su nombre en la lista de tráfico de influencias que el exsecretario Zárrate le entregó a la Fiscalía.

 

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