Emigrantes, segundo producto de exportación de Colombia

Por Viviana Viera*  

Los colombianos que residen en el exterior envían al país más de 4.000 millones de dólares anuales en remesas. Hablamos de un monto de más de 8 billones de pesos, lo que convierte a nuestros emigrantes en la segunda mayor fuente de divisas para Colombia, por delante de productos de exportación clásicos como el café, las flores, el banano o el textil. Y sin embargo, enviar dinero a Colombia es asombrosamente costoso. Es inaceptable, deberíamos solucionarlo y yo propongo solucionarlo.
 

Año tras año, las estadísticas insisten en señalar que los colombianos que viven en el exterior giran anualmente una suma en torno a los 4.000 millones de dólares. Se trata de un monto relativamente estable desde hace más de un lustro, si bien la evolución favorable del cambio dólar-peso en 2013 provocó que los 4.070 millones de dólares enviados a Colombia desde todos los rincones del mundo constituyeran apenas un 2,5% más de dólares que en 2012, pero un 4,5% más en capacidad real de compra para los colombianos que los recibieron. Por una vez, para variar, el encarecimiento del dólar respecto del peso nos benefició como país.

Decir 4.070 millones de dólares suena tan enorme que es difícil saber cuánto dinero es eso en realidad. Al cambio actual equivaldrían a unos 8,1 billones de pesos colombianos, cifra que de nuevo suena desmesurada y difícil de aprehender. Digamos, para comprender mejor su magnitud, que nuestras remesas como ciudadanos colombianos emigrados al exterior suponen casi la mitad del presupuesto nacional de Colombia para salud y protección social. O digamos que las remesas podrían cubrir todo el presupuesto de educación, salud y movilidad del Concejo de Bogotá, y aún sobraría margen para elevarlos. De ese tamaño es la remesa de divisas que cada año nos hacen llegar nuestros connacionales… y eso sin contar los envíos de dinero por canales informales. Ya se sabe del ancestral hábito colombiano de enviar dinero a través de conocidos que viajan a Colombia.

Se trata de muchísima plata, es evidente. En términos comparativos, las remesas de nuestros emigrantes son el segundo ingreso más importante de la economía nacional, por delante de rubros clásicos de nuestra balanza de pagos. Nuestros emigrados nos proporcionan más divisas que productos de exportación históricos como el café, las flores, el banano o la industria textil; y solo quedan por detrás del petróleo. En cierto modo, antes exportábamos café y ahora exportamos colombianos. Antes vivíamos de exportar materias primas y ahora casi más de exportar gente. Esa emigración constituye una colosal pérdida para nuestro país en términos sociales, humanos y económicos, pero eso es materia de otro debate.

El caso es que las estadísticas señalan que nuestros ciudadanos, y muy a menudo nuestros ciudadanos jóvenes y con mayor iniciativa, son una de las materias primas que más estamos exportando y con la que estamos cuadrando nuestros grandes números macroeconómicos. Si Colombia fuera una familia, podría decirse que en cierto modo estamos vendiendo a nuestros hijos para pagar nuestras deudas. Pero Colombia no es una familia. Y lo que estamos haciendo es expulsar a nuestros hijos de familias trabajadoras, y lucrarnos con el dinero que nos envían, equilibrar las cuentas estatales que esas familias trabajadoras comparten con las que son ricas de cuna.

Considerando el impacto enorme de las remesas para nuestro equilibrio económico, financiero y social como país, y las enormes concesiones que el gobierno viene ofreciendo durante la última década a fuentes presuntamente relevantes de divisas como la megaminería o la agroindustria, cualquiera creería que nuestro gobierno está esforzándose en facilitarle las cosas a los emigrantes que giran su dinero desde el exterior. Pero ¡no!, nuestros emigrantes y sus familias sufren un sistema de envío de dinero particularmente costoso, con un sistema de tasas, comisiones e impuestos (no olvidemos el famoso cuatro por mil) que les pueden costar el 10% del dinero que pretenden hacer llegar a los suyos.

En efecto, enviar dinero a Colombia resulta muy caro. Tanto si se remite dinero por giro postal como si se emplea transferencia bancaria o cualquier otro tipo de agencia remesadora o locutorio. De cada millón de pesos que nuestros expatriados envían, hasta 100.000 pesos se quedan por el camino, en las redes de los intermediarios. Intermediarios que se quedan, por tanto, redondeando a falta de cifras oficiales, unos 800.000 millones de pesos cada año. Unos 800.000 millones de pesos anuales que nuestros connacionales ganan con su trabajo, ahorran con su tenacidad y ven volatilizarse ante sus ojos en beneficio de esos dichosos intermediarios. Además, por desgracia, su plata muchas veces la perciben siendo explotados por empleadores que se aprovechan de contar con mano de obra sin protección social.

Como colombiana, como economista y como especialista en políticas de desarrollo y cooperación, aspiro a que recuperemos esos 800.000 millones de pesos anuales, con los que podríamos casi sufragar el presupuesto anual de Bogotá para integración social, por ejemplo. ¿Y cómo podríamos recuperar esos 800.000 millones que son nuestros por derecho? Tengo dos propuestas legislativas.

La primera es impulsar desde la Cámara la creación del Banco Ético del Emigrante, una institución financiera de carácter público que sirva para que los colombianos envíen las remesas a sus allegados sin tener que pagar las tasas y comisiones abusivas que aplican los intermediarios financieros. Y en coherencia con el Banco Ético del Emigrante, abogo por suprimir completamente todo impuesto o carga pública. No tiene sentido que el país de una manera u otra expulse a más de seis millones de colombianos fuera del país y luego les penalice por girar sus ahorros a sus familias en Colombia.

La segunda es la renegociación de los tratados de libre comercio (TLCs). Resulta particularmente doloroso y triste que Colombia esté firmando en los últimos años TLCs con la UE, EEUU, y otros países, en los que los derechos de los colombianos no son defendidos en absoluto porque el gobierno sólo cuida los intereses de las grandes corporaciones. Propongo renegociar esos TLCs nefastos para nuestra producción nacional e incluir la obligación de que respeten los derechos migratorios de nuestros expatriados. No es difícil, por ejemplo, negociar que los colombianos residentes en esos países (al menos ellos) obtengan mejores condiciones para el envío de sus remesas. Pero los neoliberales de Santos siguen defendiendo estos acuerdos que en nada benefician a los colombianos. Haber diseñado mejores condiciones para el envío de remesas en los TLCs, así no hubiera solucionado completamente el problema, al menos habría mostrado que a la derecha colombiana le importan un poco nuestros seis millones de emigrantes y sus familias. Sin embargo, como vemos, éste no es el caso. A la derecha nuestros emigrantes le importan solo para cuadrar los presupuestos macroeconómicos. Para la derecha, nuestros ciudadanos son materia prima exportable.

*Candidata a la Cámara del Polo democrático Alternativo por la circuncripción de colombianos en el exterior.

3 de marzo de 2014.