Gobierno de Bachelet sella acuerdo TTP a espaldas de todos los chilenos

Resumen Latinoamericano   

Lo temido se está haciendo realidad: el canciller chileno Heraldo Muñoz anunció que el gobierno de Michelle Bachelet selló un acuerdo, tras cinco años de negociación, con 12 países en lo que se ha definido como el mayor tratado de libre comercio conocido y a la vez, el mayor atentado contra la soberanía nacional y los derechos ciudadanos.

Se trata del Tratado Trans Pacífico (TPP), impulsado por EEUU y que resulta una verdadera transgresión a los derechos de las personas. El tratado ha sido denunciado como la subsunción de las soberanías nacionales a las grandes transnacionales.

“Estamos complacidos porque se ha logrado un acuerdo muy valioso para Chile, resguardando nuestros intereses, pues va a permitir consolidar nuestra relación con la región Asia-Pacífico. El TPP definirá los acuerdos comerciales del siglo XXI. Seremos parte del esquema económico más grande y moderno del mundo, considerando que el TPP es la negociación plurilateral más importante de los últimos 20 años” señaló a La Tercera el canciller Heraldo Muñoz.

Durante la segunda semana de mayo de este año la Cámara de Diputados, de manera bastante insólita, rechazó la idea de que pudieran hacerse públicos los temas que toca el mentado acuerdo. La medida es insólita, pero va de la mano con el total secretismo en torno a las materias tocadas el acuerdo que en todos los países se conversa y negocia a espaldas de la ciudadanía. Lo que más se sabe sobre sus temáticas se recoge fundamentalmente gracias a las revelaciones hechas por Wikileaks. Se estima que son 30 capítulos de negociación donde el acuerdo busca regular temáticas que van desde el comercio de lácteos, derechos digitales, patentes comerciales hasta la regulación de materias laborales y medioambientales.

El portal TPP abierto revela que el tratado atenta contra los derechos digitales pues “busca convertir a los proveedores de acceso a Internet en los responsables de censurar contenidos unilateralmente, sin intervención de un organismo superior, como el poder judicial, que garantice nuestros derechos. Además, busca endurecer las sanciones a las infracciones del derecho de autor, penalizándola con multas, desconexión de Internet y hasta cárcel.” y agrega “Prácticas hoy comunes, como postearle un video a un amigo, podrían desaparecer, cambiando por completo el modo en que Internet se ha convertido en una herramienta vital para nuestras vidas.”

Respecto a los medicamentos el sitio señala “El TPP busca expandir el plazo de protección a las patentes de medicamentos, lo que significa mayores trabas para la fabricación de genéricos y, en consecuencia, medicinas cada vez más caras.”

En este mismo sentido el presidente del Colegio Químico-Farmacéutico, Mauricio Huberman, señaló al medio Radio Universidad de Chile: “me parece que en ese tipo de cosas no estamos de acuerdo, tampoco hacer una definición de las plantas y registrarlas. Por ejemplo, podríamos nosotros tener que pagar royalties por el boldo que es chileno, y no me parece. Ese tipo de cosas no son adecuadas. Creo que no van en caso de la innovación, aquí se está tratando de hacer abuso en cuanto algunos excesos por algunos cambios tecnológicos, y haciendo pasar esos cambios tecnológicos como sistema de inventiva e innovación para tener más años de registro. No me parece adecuado”.

El TTP puede incluso vulnerar la soberanía del país en materias judiciales. Por ejemplo, en relación a materias de derechos de autor el país queda supeditado a un organismo internacional que vela por ellos. “las grandes empresas pueden demandar a los gobiernos ante un tribunal comercial internacional, por introducir nuevas leyes – como las leyes de protección al consumidor – que dañen sus negocios.” señala TPPabierto. A ello se agrega la presión que han realizado las grandes empresas agrotóxicas y fabricantes de alimentos transgénicos en este tratado, para que haya mayor permisividad circulación de sus productos.

El analista internacional Ruperto Concha denunció hace unos meses que “en el Tratado Transpacífico, hay 480 representantes de las grandes empresas y sólo 86 puestos que se reparten los representantes del sector social, el sindical y el político. Es decir, las grandes transnacionales, desde la partida, tienen garantizado el quórum y la mayoría absoluta para imponer todas sus decisiones, como les dé la gana.”

Pese a todos estos reparos, las autoridades chilenas presentan el acuerdo como un gran paso para Chile. No debiese llamarnos la atención su imposición dictatorial, en un país dominado y secuestrado por grandes grupos económicos. El TTP debe seguir su tránsito en los parlamentos de los países firmantes -Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam-, al igual que en nuestro país.

La poca información entregada por el gobierno

La verdad es que es relativamente poco lo que se sabe de los detalles del TPP, esto debido al secretismo de las negociaciones y, que en el caso de Chile, se ha limitado la información a pronunciamientos generales y al argumento de “secreto de estado” o de “temas sensibles”. Así a través de la página de la DIRECON se ha dispuesto “información” del TPP, debido a la presión de organizaciones civiles, sin que esta sea acabada o clara respecto a los reales alcances. En su explicación se argumenta que esto es solo la continuidad de acuerdos previos como el Acuerdo de Asociación Económica P4.

Wikileaks y antecedentes sobre el TPP

El portal Wikileaks ha ido subiendo información sobre el TPP, generando preocupación y polémica por los alcances que se describen. En estas desclasificaciones se han destacado dos áreas en particular. Uno de estas aspectos es la propiedad intelectual, (ver aquí) cuyos avances de negociaciones fueron develadas por Wikileaks en noviembre del 2013. Lo que sabe entonces, y de forma preliminar, es que existe una serie de artículos que harían más restrictivo el uso de contenido sometido al derecho de autor, homologando las leyes de 11 países principalmente a las normas estadounidenses contenidas en la DMCA (Digital Millennium Copyright Act), ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), entre otras, y en otros casos agravando aun más dicha ley. Esto implica aumentar a 70 años después de la muerte del autor el uso comunitario y libre de su obra, la persecución penal a quien publique, o suba de forma pública a la web contenido -que no es lo mismo que republicar el enlace de un contenido ya subido- protegido por derecho de autor, o la ponga a disposición en sistema de descargas Peer-to-peer (torrent, Emule, etc.). Permitiría asimismo a los proveedores de servicios de internet (ISP) a vigilar dichas prácticas, lo que estaría reñido con la Ley de Neutralidad en la Red (Ley 20.453), en especial en la obligación de cuidar la privacidad de los usuarios.

Otro aspecto sensible de lo que si hay conocimiento es respecto al área de la salud, así las patentes de medicamentos y de medicamentos genéricos, puesto que este ha sido un tema de desacuerdo entre los países firmantes. Precisamente la pronta liberación de las patentes de los medicamentos a su producción genérica por cualquier laboratorio baja sustantivamente sus precios, haciéndolos más accesibles al público y menos costosos para el sistema de salud pública. Y si bien el argumento para la extensión del periodo de exclusividad del medicamento por parte del laboratorio que lo creó es técnico, resulta bastante claro que responde más bien a asegurar por más tiempo el negocio exclusivo a las grandes farmacéuticas que desarrollan dichas drogas. Lo que se propone en Chile, en términos de medicamentos, es aumentar los años de espera para producir similares genéricos desde 5 a 15 años, lo que triplicaría el tiempo de exclusividad, encareciendo el costo de vida (especialmente en la tercera edad) y el presupuesto de salud pública en cuanto a la compra de remedios. Si bien países como Australia y Chile piden mantener los 5 años de exclusividad, la posición de los 15 años (llevada a cabo principalmente por Estados Unidos) mantiene gran fuerza, y se espera que el piso mínimo de la negociación final sean 8 años, sin descartar que se mantengan los 15 años propuestos por EEUU y las farmacéuticas.

Resumen Latinoamericano, Buenos Aires.