Hatos y baldíos

Por Alfredo Molano Bravo  

“¡Yo soy de todas esas yanuras! ¡pa qué más patria, si son tan beyas y tan dilatáas!”. Griselda en La vorágine.

Ahora cuando ya no se llaman Llanos Orientales sino Altillanura y están en el punto de mira de las grandes empresas agroindustriales, vale la pena echarle una mirada a la colonización de esas tierras. Fueron los jesuitas los que con el doble interés de civilizar naturales y oponerse a los encomenderos fundaron las misiones de los llanos.

Eran en realidad “repúblicas independientes” donde la Compañía criaba ganado, sembraba tabaco, café, cacao y algodón, poseía armas, y enseñaba a cantar a los indígenas al son del arpa. Carlos III los echó de sus dominios y las tierras terminaron en manos de criadores de ganado que exportaban cueros y gordana por el Orinoco. Los indígenas los llamaron blancos o “misiús” —de messieurs— y se establecían echando por delante una madrina en una sábana donde se reproducía. Trabajaban el ganado —y las bestias— con mayorales, vaqueros, mensuales, apartadores, ordeñadores. No tenían título de propiedad de ninguna clase porque no había Estado y porque casi todos eran analfabetos. La posesión se respetaba de palabra y el blanco era propietario de reses y bestias que amadrinaban con sal, marcaban y curaban en el trabajo llano y vendían en la saca. Se cultivaba en las vegas de los ríos un poco de topocho y yuca. El hato no era sóoooolo una explotación ganadera, era una cultura de la que sólo conocemos el joropo y, los más informados, el coleo.

A raíz de la Violencia de los años “sin cuenta” (1948-1953) llegaron el alambre de púas y las escrituras. Algunas tierras de piedemonte como Restrepo, Acacías, Aguazul se hicieron algodoneras o arroceras y con la agricultura y las cercas llegaron también los títulos de propiedad. En las regiones donde la avioneta dejó de caer y entró la carretera, los blancos se volvieron patrones y los mensuales, peones. Pero los hatos, que en los Llanos se llaman también fundaciones o fundos, seguían siendo posesiones huérfanas de escrituras. En realidad los dueños eran colonos de extensiones que en otras partes se llamarían latifundios. Un día, para desgracia del Llano, comenzó la explotación petrolera y entraron taladros encaramados en tractomulas, obreros de botas y casco, cuerpos de seguridad y putas. Más atrás entraron las guerrillas y los paramilitares. La guerra fue invadiendo, acorralando, atropellando. Sangre, muertos, masacres. La tierra fue abandonada. Los narcos compraron a bajos precios y a manos llenas.

Otro día —aciago también—, el Estado descubrió que esas tierras que habían sido consideradas territorios nacionales eran apetecidas por productores de palma africana. Uribe gritaba desde la serranía de Chiribiquete usando la mano de visera: “Yo tengo un sueño: ver un mar de palma, caña, soya y pino desde Villavicencio hasta aquí”. Era una orden. Las tierras fueron negociadas con testaferros, un tinterillo y cuatro guardaespaldas, y firmados los papeles sobre el capó de una Toyota. Yo fui testigo porque en un rincón de Serranía, a 15 horas de Puerto Gaitán, había comprado un paisaje que una tarde debí abandonar cuando en La Cristalina montaron delante de la autoridad un retén paramilitar. En el exilio supe que habían dinamitado las cuatro paredes del caney y arriado las 50 vacas del fundo que, otorgado por el Incora en 1990, aún conservo como otros miles de dueños de fundaciones en la Orinoquia. En ese rincón del Vichada, lo mismo que en el “centro del Llano” —Casanare, Meta, Arauca—, los viejos llaneros tiemblan de miedo —el que nunca habían tenido— de que sus fundos les sean expropiados por el Estado si se resisten a vender sus hatos o a hacer parte de una “asociación empresarial”, repúblicas independientes que se llamarán en adelante Zonas de Interés para el Desarrollo Rural y Económico (Zidre). En realidad esos blancos son colonos y no caben en el rígido y sospechoso concepto de “trabajador rural” que define el proyecto de ley 133. La reacción llanera contra semejante burla no tarda porque lo que se ha defendido en esas “regiones lejanas de suelos pobres” desde hace muchos años es la libertad. El Estado, que nunca se preocupó por su suerte, ahora quiere encadenarlos al interés de las grandes empresas agroindustriales.

Punto aparte. Las mujeres de La Toma, sitio de minería ancestral de Suárez, Cauca, se han tomado la casa Giralda del Ministerio del Interior para protestar, una vez más, contra la minería ilegal y la legal que las tienen amenazadas de muerte por no abandonar sus barbacoas en el río Ovejas donde explotan el oro desde hace 400 años. El Gobierno no puede seguir embolatándolas con mesas interinstitucionales que, haciéndoles promesas y dándoles juguetes a los niños, buscan dividir el movimiento de defensa, ya no de su trabajo, sino de sus vidas.

El Espectador, Bogotá.