Reformas infructuosas

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

La reforma tributaria ha creado una zozobra innecesaria. En la primera administración Santos el Gobierno bajó los impuestos a las empresas y al capital por conducto del impuesto a la renta y la nómina, y los compensó parcialmente con el CREE y el IMAN. Lo que era una operación neutral, se convirtió en un hueco fiscal que el Gobierno reconoce en $12,5 billones y en la realidad asciende a $17 billones.

Las cifras se han visto incrementadas en los últimos meses por la caída de los precios del petróleo y, en general, por la vulnerabilidad del sector externo. De tiempo atrás, la economía se montó en un modelo de recursos naturales e inversión extranjera que resulta en un cuantioso déficit en cuenta corriente apoyado en los bienes no transables. Quiérase o no, la destorcida termina en déficits fiscales estructurales, baja de salarios y contracción de la actividad productiva.

La verdad es que las dos reformas se neutralizaron y dejan muy poco en términos netos. En la primera se bajaron los impuestos al capital y las empresas, y en la nueva se subieron, y las rectificaciones se ocultan con recursos semánticos que causan confusión. Ahora, el impuesto a la renta se llama de utilidades y el de patrimonio de riqueza. Ni siquiera se resolvió el problema de recaudos. El hueco fiscal reaparecerá en iguales o mayores magnitudes el próximo año, y ya se habla de otra reforma para cerrarlo. Lo cierto es que una vez más se desperdició el margen de maniobra para realizar una reforma tributaria que actuara sobre la inequidad.

Lamentablemente, el país continúa asediado por las reformas tributarias tipo OECD, que le dan prioridad a la eficiencia sobre la equidad. Por lo general, se les concede ventaja a los tributos que interfiere menos con el mercado y el comercio internacional, como el impuesto a las ventas, las tarifas planas y los elevados gravámenes al trabajo. Por otra parte, no se evita que el gasto social de alta calidad recaiga en la clase media. Al final, se configuran estructuras que gravan a los contribuyentes en forma lineal y entregan los recados en forma proporcional a la población. En razón que en Europa la mayor parte de la población está cerca de los ingresos medios, el expediente determina un impacto notable sobre la distribución del ingreso. En cambio, en Colombia, donde la mayor parte de la población corresponde al 50% más pobre, resulta infructuosa. El coeficiente de Gini antes y después de ingresos es similar.

De nuevo se confirma que la distribución del ingreso está altamente relacionada con el modelo económico. A diferencia de los autores de resonancia internacional que la presentan como un fenómeno aleatorio e incontrolable, en mi libro “Distribución del ingreso con crecimiento es posible” se encuentra que está asociada con aspectos tangibles de la economía. Los más importantes son el bajo ahorro de los ingresos del capital, la acción deliberada de los gobiernos y los agentes económicos para establecer el retorno del capital por encima de su productividad y la exclusión del 40% más pobre. En este contexto, la política fiscal debe ser parte de una estrategia global orientada a reducir las desigualdades sin resquebrajar el crecimiento y la estabilidad.

En Colombia la política fiscal debe partir reconociendo la enorme diferencia entre los extremos. De hecho, se plantea un marco institucional que propicie las transferencias de los grupos más favorecidos, que disponen de mayor margen de tributación y ahorro, hacia el 40% más pobre, que percibe ingresos muy por debajo del promedio. Los mecanismos no pueden ser otros que la tributación altamente progresiva, es decir, creciente con el ingreso, y su movilización mediante subsidios al empleo, la formalización y la pensión mínima.

El Espectador, Bogotá.