La “Cumbre nacional por la Salud” del Gobierno y el BID, una cita para los negocios: Polo Democrático

La “Cumbre nacional por la Salud” convocada por el Ministerio de Salud  y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, los días 26 y 27 de febrero, en la ciudad de Medellín, representa hasta ahora, la más clara evidencia del condicionamiento impuesto por la banca internacional desde 1993, para establecer un sistema de salud que sin asomo de interés por atender las necesidades reales de salud del pueblo colombiano, beneficie la intermediación financiera, llene las arcas de las mal llamadas Empresas

Promotoras de Salud o EPS y finalmente conduzca al control por las compañías transnacionales de seguros, hospitales y productos farmacéuticos del “mercado emergente” de la salud en Colombia.

Para el gobierno de Juan Manuel Santos, un primer objetivo de la cumbre fue tratar de  recuperarse de la derrota infligida por el movimiento de  médicos, enfermeras, estudiantes y trabajadores de la salud que masiva y entusiastamente se tomó las calles hace unos meses para rechazar la Ley estatutaria ya aprobada y la propuesta de ley ordinaria que cursa en el congreso.  En este sentido, el ministro de salud Alejandro Gaviria se precia de hacer gala de un supuesto “reformismo democrático” y haber invitado a la cumbre “a los más destacados líderes del sector salud en Colombia, en toda su diversidad para realizar una discusión académica de alto nivel”, cuando en realidad, la reunión se planeó cuidadosamente para que la vocería principal la llevaran los funcionarios del Banco Mundial y del BID y sus ex empleados y ex consultores hoy encargados de dirigir el ministerio y para dejar establecidos los parámetros de la reforma a la salud impuestos por el BID para desembolsar el préstamo No. 2952/OC-CO.

En particular, la cumbre se orientó,  primero, a golpear la tutela a la salud con el argumento que todo derecho tiene límites y que los costos de atención médica crecen constantemente y por lo tanto hay que priorizar los servicios que se deban prestar y definir los “límites legítimos” de la tutela. Segundo, a dar por sentado el dogma de que sin aseguramiento no puede haber sistema de salud y así negarse a escuchar el clamor nacional de que se deben eliminar las EPS para ahorrar billones al Estado y al bolsillo de los ciudadanos y con esos recursos evitar las muertes y enfermedades prevenibles que hoy ocurren por causa de la Ley 100. Y tercero, a proponer servicios de atención primaria, de prevención y promoción de la salud, estrategia en la que hay consenso entre los expertos a nivel internacional, excepto que el BID y Minsalud plantean establecer un tipo de atención primaria selectiva con la intermediación de las EPS, para que sean las compañías de seguros las que controlen la puerta de entrada y con ello, la totalidad del sistema de salud. En suma, la cumbre reafirmó una vez más que la reforma Santista está al servicio  de intermediación del capital financiero y los mercaderes de la salud.

Colombia necesita una reforma estructural de la salud que derogue la Ley 100 y permita organizar un nuevo Sistema Nacional de Salud sin ningún tipo de aseguramiento, lo que implica la eliminación de las actuales EPS o de cualquier otro agente intermediario. Para lograrlo, en primer término se necesita rescatar el Ministerio de Salud del control del BID y del Banco Mundial para que de manera soberana se pueda ejercer la rectoría del sistema y diseñar verdaderas políticas democráticas de salud en Colombia.

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Bogotá.