Ley sobre legalización de compra y venta de marihuana: Uruguay abre el camino a una experiencia pionera en el mundo

Página/12  

La ley permite el autocultivo y establece que el Estado otorgará las licencias para los productores. El proyecto, impulsado por el gobierno, busca eliminar el narcotráfico.

Después de 13 horas de duro debate entre oficialismo y oposición, el Senado del Uruguay convirtió el pasado 10 de diciembre en ley una norma que legaliza la producción y la venta de marihuana y prevé su regulación estatal, hecho que convierte a ese país en el primero en el mundo que toma una medida de esa naturaleza. El proyecto de ley

fue sancionado con el voto favorable de 16 legisladores, mientras que 13 se manifestaron en contra. En esencia, la nueva ley permite el autocultivo de hasta seis plantas, con una producción anual tope de 480 gramos para consumo personal. El Estado se hará cargo del control del sistema y los cultivadores deberán registrarse en un banco de datos que no se hará público. Por otra parte, se otorgarán licencias oficiales a las farmacias para que puedan vender el cannabis, pero únicamente a personas que tengan residencia en el Uruguay y que sean mayores de edad. Se presume que el costo será a razón de un dólar el gramo, precio que sería fijado para que se pueda competir con el mercado negro, al que se busca eliminar.

La ley tiene, todavía, algunos aspectos que terminarán de definirse con la reglamentación de la norma, que deberá producirse en el término de 120 días que corren desde hoy. Deben ajustarse algunos aspectos, por ejemplo cuál será la variedad de cannabis que podrá venderse al público en los comercios habilitados, quién custodiará la producción, de qué manera se van a otorgar las licencias para cultivar y comercializar.

La aprobación del proyecto en el Senado se dio luego de un arduo debate, durante el cual la oposición expuso durísimos argumentos en contra de la norma avalada por el Poder Ejecutivo. El senador colorado Alfredo Solari fue el primer orador de la oposición y dijo que la ley constituye un “experimento de ingeniería social que no cumple con ninguna de las salvaguardas éticas de la experimentación con seres humanos”.

Solari aseguró que “ni este gobierno ni el resto del mundo deberían experimentar con los uruguayos, con los niños y adolescentes sin garantías apropiadas”. Desde el oficialista Frente Amplio, le respondió el legislador Enrique Rubio, quien planteó: “Se dijo que estábamos haciendo un experimento social como si estuviéramos tomando a los jóvenes uruguayos como conejillos de Indias, pero acá lo que hay es una política pública que puede tener éxito o no, eso lo evaluaremos después”.

Lo que busca el gobierno, tal como expresó el presidente José Mujica, es borrar del mapa la presencia del mercado negro, del narcotráfico y, a la vez, trabajar para tomar intervención en la reparación de daños que puedan ocasionar la marihuana y otras drogas. El senador oficialista Luis Gallo negó que hubiera “improvisación” por parte del gobierno y recalcó que están “cumpliendo con la Constitución porque esta ley está hecha para cuidar la salud de la población y esperamos resultados” positivos.

En Uruguay está despenalizada la tenencia de marihuana para uso personal, pero de todos modos hay detenciones y “aprietes” contra los que cultivan, denunciados en algunos casos por los propios narcotraficantes (ver nota aparte), que ven en la legalización un riesgo porque tendrán una pérdida en la recaudación por la venta ilegal del cannabis.

Mientras se realizaba el debate, que comenzó a las 10.30 y concluyó cerca de las 23, unos dos mil jóvenes que marcharon por el centro de la ciudad de Montevideo con la consigna “Cultivando la libertad Uruguay crece”, aguardaron la votación en el Senado y luego festejaron cuando se anunció la aprobación de la ley.

Los activistas procannabis valoran la ley de regulación y la consideraron “un hito en una larga historia de lucha social y la ruptura del estigma hacia los usuarios”. Milagros Gallero, integrante de la Red de Usuarios de Drogas y Cultivadores de Cannabis del Uruguay (Rudccu), aseguró que la ley “supone la superación de la criminalización del consumidor y el cultivador”.

Gallero agregó que el proyecto de ley implica “un avance en derechos y un cambio en la realidad del usuario”. En el mismo sentido se expresó Martín Collazo, portavoz de Regulación Responsable, una plataforma que aglutina a activistas, académicos, médicos, artistas y personalidades que respaldaron el proyecto legislativo.

“Creo que existe un derecho al consumo responsable, es decir, un consumo que no perjudique a terceros.” Collazo sostuvo que “esta responsabilidad implica un esfuerzo de información y educación para conocer los riesgos asociados al consumo de sustancias. Si esa información no está clara, el ciudadano no tiene autonomía para ejercer sus derechos”.

El dirigente resaltó que la ley “tiene como objetivo reducir los daños asociados al consumo de drogas (en una triple estrategia que se aplica al alcohol, el tabaco y la marihuana), así como provocar un retraso en la edad de inicio del consumo de cannabis, por medio de la prohibición de su venta a menores de edad”.

Página/12, Buenos Aires.