Lo que hizo la reforma tributaria, lo que dejó de hacer y lo que queda pendiente

Por Alberto Castilla*  

Por segundo año consecutivo el gobierno tiene que recurrir a una ley de financiamiento para buscar los recursos que le hacen falta para cubrir lo aprobado en el presupuesto nacional. El hueco para el 2015 sería de $12,5 billones, faltante que pretende ser subsanado con la reforma aprobada en Plenaria del Senado. 

Para comprender esta situación, es necesario recordar lo ocurrido en 2012 cuando fue tramitada la ley 1607 de reforma tributaria. Esta nueva ley de financiamiento confirma el fracaso de la reforma anterior, entre otras por su pretensión de ser “neutral en el recaudo”, cuando las necesidades de gasto del Estado son crecientes. La reforma del 2012 fue benévola con el empresariado al eximirlos de la obligación del pago de parafiscales a la nómina (Sena, Icbf y salud) y reducirles la tarifa del impuesto a la renta del 33% al 25%, lo que se compensó apenas parcialmente con el nuevo impuesto CREE. Con esta reforma se pretende corregir la tarifa de este impuesto con una sobretasa. Las declaraciones del entonces Director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, en las que confesaba que no se tenían los estudios que soportaban el impuesto , sugerían que su recaudo no sería el requerido.

La sobretasa al CREE más el impuesto al patrimonio, ahora denominado impuesto a la riqueza, parecieran equilibrar ligeramente los beneficios otorgados a los empresarios en 2012. En estos dos gravámenes, más el 4 por mil, se concentra el recaudo esperado de la reforma. La compensación al empresariado sería muy tímida, porque si bien se mantienen estos impuestos, otorga prebendas al empresariado, como el descuento de 2 puntos del IVA a quienes importen maquinarias o la exención a los “Fondos de inversión de capital extranjero” del pago del impuesto a la riqueza.

Como estrategia para vender la reforma, el gobierno ha argumentado que los recursos que con ella se obtengan serán destinados a la inversión social, omitiendo que los principales gastos del gobierno tienen que ver con el pago de deuda ($42 billones para el 2015) y el gasto en defensa (superior a los $27 billones), que incluye incrementos considerables en el presupuesto del año 2015 .

Preocupa el diálogo permanente y cercano del gobierno con los gremios económicos durante el trámite de la reforma, mientras ignora las solicitudes de los movimientos sociales y  los sectores populares. Así pareciera que el empresariado envía el mensaje del “sacrificio temporal” por esta vez, con la promesa de la anhelada reforma estructural  que incluiría aumentos del IVA, siguiendo las recomendaciones de la OCDE. Algunos sugieren que en el acuerdo con los empresarios estaría también un tímido incremento al salario mínimo para el 2015 y el retiro del respaldo del gobierno al proyecto de horas extras, prometido en tiempos de la campaña reeleccionista.

Adicional a lo anterior, esta reforma tributaria es lesiva sobre todo por lo que no hace, pues no modifica una estructura tributaria profundamente desequilibrada. El costo de los beneficios tributarios para los últimos cinco años se calcula en $33,23 billones, de los cuales el 30% se concentra en los servicios financieros , nada se plantea en esta reforma para eliminar semejantes beneficios. El desequilibrio del sistema lo ejemplifica claramente Salomón Kalmanovitz: la secretaria de Luis Carlos Sarmiento Angulo paga proporcionalmente más impuestos que su jefe . En esta situación incide sin duda la negativa del gobierno a aceptar el impuesto a los dividendos, que conduce a que las personas que obtienen sus ingresos de dividendos y acciones no pagan ningún tributo por ellos, mientras los impuestos al trabajo y el consumo se mantienen. 

Los cambios en la reforma buscando la venia del empresariado más la caída de los precios de los commodities, del petróleo en particular, agravan la apretada situación fiscal y ponen en duda que esta reforma cumpla sus metas de recaudo. El panorama es difícil, más aún con el llamado “posconflicto” a la vista, que de tomarse en serio requerirá inversiones estatales adicionales.

En conclusión, la reforma da continuidad a unos impuestos a los empresarios, que no alcanzan a compensar lo concedido en la reforma anterior, mantiene una serie de exorbitantes exenciones, una vez más se niega la posibilidad de gravar los dividendos, y no garantiza los recursos que requiere el Estado en el mediano plazo. Lo más preocupante es lo que deja pendiente: con el panorama planteado, los trabajadores y la clase media seremos quienes respondamos por el próximo ajuste tributario, tal vez de corte estructural, pero a la medida de los empresarios.