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Nacional

Reformas “a la carta”

Por Rodolfo Arango  

Las elecciones presidenciales de 2014 fueron más cerradas de lo esperado. La composición del Congreso tampoco asegura amplia gobernabilidad al Gobierno.

La ventaja numérica de la coalición engaña; sus mayorías son inestables. La elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral lo evidenció. La alianza azul-uribista no es remota; por el contario, es ideológicamente afín.

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Por Rodolfo Arango  

Las elecciones presidenciales de 2014 fueron más cerradas de lo esperado. La composición del Congreso tampoco asegura amplia gobernabilidad al Gobierno.

La ventaja numérica de la coalición engaña; sus mayorías son inestables. La elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral lo evidenció. La alianza azul-uribista no es remota; por el contario, es ideológicamente afín.

La mayoría absoluta del Gobierno es precaria en el Senado. Se entiende entonces el porqué de más mermelada a congresistas en la reforma que pretende reequilibrar los poderes. Su fidelidad podrá ser premiada con ministerios.

Derogar la reelección presidencial, y de paso las reelecciones en cargos uninominales, es algo imperioso para el país. Los desmadres de poder empezaron con el cambio de un articulito y podrían resolverse de la misma forma. Pero, lamentablemente el Gobierno parece tener oportunistas y no estadistas: se planea una amplia reforma política. Es la ocasión para pagar favores y de paso “afinar” lar reglas para favorecer a los de siempre. Claro, manteniendo apariencias, ya que serán otros quienes adicionen la propuesta original. El reequilibrio de poderes avanza al mismo destino de la fallida reforma a la justicia. Y todo en mitad de negociaciones de paz en las que se discute sobre participación política y garantías a la oposición.

El presidente Santos es rehén de los congresistas. La pérdida de investidura será atenuada en el proyecto con suspensiones temporales de los infractores; también se incluirá la doble instancia en su juzgamiento, garantía para terminar el período. La debilidad institucional es inocultable, en un gobierno que inició cansado el segundo tiempo. Se adivina ya la campaña para 2018, con un Vargas Lleras catapultado por Santos, mecido por canales y rotativas, mostrando los dientes y sobreactuando para mantener a raya a la guerrilla.

La clase política tradicional no conoce límite; tampoco su descrédito. Ni el voto obligatorio, que busca introducir el Gobierno de la mano de conservadores, pseudo liberales y uribistas, parece capaz de persuadir a la inmensa masa de abstencionistas, desencantados hace tiempo de las mañas de sus gobernantes. Está convenido ya que las propuestas más onerosas sean introducidas en el trámite legislativo por congresistas amigos, entre ellas la unificación del calendario electoral (que favorece al Gobierno) o la eliminación del voto preferente (que afecta gravemente a los partidos minoritarios).

Lo que habría podido ser una cirugía minúscula y efectiva se convertirá en intervención invasiva y de pronóstico incierto. Fieles a la tradición de reformar las normas en lugar de transformar la realidad, la clase política se apresta a engolosinarse en discusiones pretendidamente guiadas por la conveniencia general, pero que a la postre desnudan las debilidades e inseguridades de las castas en el poder. Ahora resulta que será el propio presidente quien ternará al procurador, cabeza de la investigación disciplinaria de todos los servidores públicos, no siendo suficiente para nuestro malsano presidencialismo que hoy en día también terne al fiscal, cabeza de la investigación penal en el país.

La precaria democracia colombiana pasa por un mal momento. Un Ejecutivo débil, necesitado de pagar favores electorales, controlador de los medios masivos de comunicación y rehén de una clase política con hambre de aumentar su poder ante el panorama incierto de una apertura política a la insurgencia, no parece ser capaz de reformar el sistema político sin producir nuevos abortos legislativos.

El Espectador, Bogotá.

 

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