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Yo, el aguafiestas

Por Octavio Quintero  

La careada transparencia electoral del Consejo Nacional, no era tanto antes como lo es después. Así como presto corrió a anular más de un millón 600.000 cédulas inscritas sin más fórmula de juicio que una supuesta trashumancia, ahora debiera emprender la investigación real de esa trashumancia que de todas maneras se dio, junto con la financiación de los candidatos a corporaciones y cargos públicos de elección popular y, todavía más importante, la elección de muchos indeseables y los avales otorgados a estos por los partidos políticos que, al tenor de la constitución, vienen a ser corresponsables del extenso y hondo barril de puercos en que medra la política colombiana.

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Por Octavio Quintero  

La careada transparencia electoral del Consejo Nacional, no era tanto antes como lo es después. Así como presto corrió a anular más de un millón 600.000 cédulas inscritas sin más fórmula de juicio que una supuesta trashumancia, ahora debiera emprender la investigación real de esa trashumancia que de todas maneras se dio, junto con la financiación de los candidatos a corporaciones y cargos públicos de elección popular y, todavía más importante, la elección de muchos indeseables y los avales otorgados a estos por los partidos políticos que, al tenor de la constitución, vienen a ser corresponsables del extenso y hondo barril de puercos en que medra la política colombiana.

Noticias provenientes de todas partes, y pocos aunque valientes columnistas de algunos medios, especialmente alternativos, señalan las irregularidades presentadas en tantos departamentos y municipios que, tristemente, la transparencia electoral en algunas partes, viene a ser la excepción de la jornada electoral del pasado 25 de octubre. Y esta escalada de la corrupción política tampoco viene a ser un hecho excepcional o sorpresivo de las pasadas elecciones… No, es una constante en crecimiento que transcurre elección tras elección ante la faz de las autoridades todas, que prefieren mirar a otro lado; y ante la misma comunidad que, inexplicablemente, a pesar de cantar hace rato con Garzón y Collazos ese estribillo de “ahí están, esos son los que venden la nación”, siguen eligiendo, como diría Gaitán hace más de 60 años “a los mismos con las mismas”.
 
Aunque parece irrefutable el pensamiento ese que dice “un pueblo que elige corruptos no es víctima sino cómplice”, lo cierto es que los elegidos que corrompen al pueblo andan sueltos; la justicia no les alcanza, y es porque la justicia electoral, en este caso, hace parte de la corrupción.

¿Por qué el Consejo Electoral no emprende las correspondientes investigaciones? ¿No hay denuncias formales? ¿Y, quién, formalmente, le denunció la trashumancia que procedió a anular el millón 600.000 cédulas inscritas en diferentes municipios sin más ni más? O sea que, de hecho, el flamante CNE puede, debe y es su obligación iniciar estas investigaciones.
 
Columnas como la de la exministra Cecilia López Montaño en El Tiempo (Se desnudó la política colombiana), y denuncias públicas como la del candidato a la alcaldía de Magangué, Ubaldo Enrique Meza (VER), o  la abnegada y persistente labor de la MOE (Misión de Observación Electoral), por citar un par de casos para no extendernos, evidencian la corrupción política extendida a todo el país: en la Guajira, en Santander, en Antioquia, en Cundinamarca… Mejor dicho, en todas partes. Y, como en la parábola de Jesús sobre la adúltera “el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra”.
 
Sigan mirando a otro lado señores del CNE; de la Fiscalía (cuando le conviene), o de la Procuraduría (ídem); miren a otro lado la Registraduría y el Ministerio del Interior (el gobierno todo); tápense la nariz los electores; callen los medios de comunicación y eleven sus loas a los electos alcaldes y gobernadores, principalmente, porque de ellos provendrán los contratos de publicidad en los próximos cuatro años.
 
Toda fiesta termina, y ésta electoral no parece tener un final feliz, no tiene por qué, porque todo lo mal termina mal…

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