Derrota del uribismo le abre vía a la paz

Por Campo Elías Galindo A.  

La derrota del uribismo en la segunda vuelta presidencial del 15 de junio, remueve el obstáculo más grande que ha afrontado la negociación de la paz desde que esta fue anunciada. No le bastó a Oscar Iván Zuluaga el viraje a su proyecto inicial de patear la mesa de diálogos, cuando anunció a instancias de Marta Lucía Ramírez, que no suspendería los diálogos sino que antes pondría unas condiciones a las FARC para continuar las conversaciones.

Esa maniobra del candidato no fue de buen recibo entre sus seguidores, previamente azuzados por el caudillo mayor contra el “castrochavismo” y otras fantasías propias de su talante belicoso y premoderno.

Las huestes del expresidente Uribe no cejarán en su militancia guerrerista. Seguirán reclamando una paz sin impunidad, como si lo más impune no fuera la guerra misma, y como si la impunidad no hubiera sido el mayor resultado de la negociación que adelantaron con sus aliados narcoparamilitares cuando fueron gobierno. Pero tendrán que entender de aquí en adelante, que la mayoría de los colombianos queremos la paz negociada y ese es, por si quedaban dudas, el mandato que hemos conferido al gobierno de Santos este 15 de junio.

Muchas voces cándidas y otras interesadas se alzaron contra la politización de la paz. Que la paz no podía ser bandera política, decían, olvidando que vivimos en medio de un conflicto armado, que este ha marcado la suerte de los gobiernos, los partidos y la sociedad en las últimas décadas, y sobre todo, que si nuestro conflicto interno es político, igualmente su solución tiene que serlo. No obstante, los hechos fueron tozudos y lo que se vivió este domingo 15 de junio fue un plebiscito por la paz, donde los ciudadanos tomamos decisiones políticas sobre la manera de solucionar el conflicto armado colombiano.

Ya está dicho casi todo sobre las características del triunfo de Santos y el mandato que recibió. Es evidente que su éxito radica en las alianzas que se tejieron después de la primera vuelta, que pudieron funcionar gracias a que una gama de fuerzas democráticas, independientes y pacifistas “se pellizcaron” al encontrarse de frente con el rostro de la seguridad “democrática” en el cuerpo ajeno de Zuluaga, y su propuesta de más guerra y más dolor para resolver lo que Uribe no fue capaz en los ocho años de su mandato autoritario. El voto de la Izquierda fue decisivo, principalmente en Bogotá, plaza de un electorado tradicionalmente alternativo y difícilmente manipulable por los políticos del establecimiento.

El mandato que recibió Santos no está respaldado por mayoría aplastante alguna, pero la Constitución Política sí establece en su artículo 22 que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, disposición aparentemente obvia que no se ha cumplido a cabalidad por los poderes públicos. Ese artículo y la Constitución toda, tienen por objeto las actuaciones del estado en su conjunto, y no la de los gobiernos de turno en particular, por lo tanto la pacificación del país no puede estar dependiendo de que un gobierno la incluya o no en su agenda. Santos lo que hizo fue aplicar la Carta Política cuando impulsó la negociación  del conflicto armado, pero se ha quedado corto en darle a su política de paz el estatus constitucional que ella reclama: el estatus de política de estado.

Esa carencia de la actual política de paz, que principalmente se expresa en el “fuego amigo” de la Procuraduría, las Fuerzas Militares y otros nichos del uribismo dentro del estado, traduce la falta de convicción en el conjunto de la institucionalidad y es la principal debilidad de ese proceso de entendimiento. Los últimos avances en las negociaciones y principalmente los resultados electorales del 15 de junio, significan un mensaje en el sentido contrario a la mezquindad con que han sido conducidos los diálogos. No olvidemos que la Comisión negociadora del gobierno que integró Santos, está en cabeza básicamente del alto empresariado y las Fuerzas Armadas, únicos sectores sociales con fuerza real para hacer fracasar las conversaciones cuando a bien tengan, mientras brillan por su ausencia en ella las víctimas, los campesinos, los trabajadores y demás fuerzas alternativas que protagonizan la vida nacional.

La participación de las víctimas en la Mesa de La Habana, recientemente pactada, y los inicios de la negociación con el ELN, amplían significativamente la perspectiva estrecha de una paz gubernamental protagonizada por un presidente. La mesa de La Habana se va quedando estrecha y nuevos actores necesitan vocería ante un propósito tan grande como superar una confrontación armada de medio siglo. Ese es, en la perspectiva democrática y de largo plazo, el secreto del proceso de diálogos, ampliar la base de la participación a toda la sociedad, empezando por las víctimas, para llenarlo de legitimidad y hacerlo irreversible.

La campaña hacia la segunda vuelta presidencial y sus resultados, constituyen la más expedita oportunidad para que el presidente Santos convierta su política de paz en política de estado, y para que más amplios sectores de la sociedad se apersonen de la negociación, porque el voto por la paz fue diverso social y políticamente, porque expresó un propósito nacional de amplio cubrimiento geográfico, y porque le da base política a los esfuerzos de muchos sectores que hoy le están dando forma a un Frente Amplio por la paz y la democracia. El triunfo del voto por la paz abre un escenario nuevo, donde la extrema derecha toma una dimensión de minoría y un espectro político amplio se abre como respaldo a la solución negociada del conflicto, que puede ahora involucrar a las víctimas y a otros sectores que han reclamado su participación en la construcción de la paz.

Una política de estado sobre la paz, obliga al presidente a actuar como jefe de estado y no como jefe de gobierno frente a los temas del conflicto armado, a disponer lo necesario no solo en la rama ejecutiva sino también en los otros poderes públicos para adelantar sus proyectos hacia la pacificación, a comprometer en el marco de sus competencias, a las instituciones civiles y armadas en la búsqueda y en el respeto de los acuerdos, a implementar la participación y la descentralización territorial que sumen ciudadanía a favor de la convivencia. Si el presidente Santos sigue manteniendo en su bolsillo la llave de la paz, nunca su política podrá ser de estado como ordena la Carta Política.

Por supuesto, se abre también para la Izquierda Democrática un espacio  de maniobra que deberá aprovechar para empujar la que sería desde ahora la locomotora más importante de todas, la de la paz, que al final tendrá que chocar con las neoliberales de Santos. Ello va a depender de su capacidad, no demostrada nunca, de administrar bien su capital electoral y traducirlo en organización y movilización social. Ese capital no solo son los votos; es también el estado de ánimo de la opinión pública y un “plus” que para la sociedad del siglo XXI significa mucho: sus liderazgos femeninos. Es indudable que el papel de la fórmula Clara-Aída, el de Piedad Córdoba y otras mujeres militantes de causas sociales y políticas, le aportan a la Izquierda Democrática mayor capacidad de convocatoria, y formas y contenidos de rebeldía antisistémica que se extienden a lo cotidiano, lo familiar y lo cultural. Merecen ellas, el homenaje de todo el país democrático.

El resultado electoral del 15 de junio determinará las jugadas políticas por lo menos hasta la posesión presidencial el 7 de agosto. La polarización continuará. Santos seguirá haciendo gestos de reconciliación hacia los derrotados –es lo políticamente correcto– pero en esa orilla prevalece un núcleo duro azuzado por el expresidente Uribe, dispuesto a morir en su ley,  que buscará desde el congreso y todos los escenarios una revancha que lo reivindique. En esas huestes merodean ahora grupos de fanáticos neofascistas, hackers y saboteadores de profesión que hasta mojaron prensa como activos en la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Ellos no se disolverán por buenos consejos de Santos y menos de la Izquierda Democrática, sino que se mantendrán allí en la sombra, organizando homenajes al Procurador Ordóñez, a Ma. Fernanda Cabal y a otros subalternos del señor Uribe.

El mayor peligro, sin embargo, no proviene de los fanáticos mismos, sino de sus conexiones con las fuerzas armadas, dentro de las cuales han existido desde hace décadas, sectores de extrema derecha que aún practican las enseñanzas del anticomunismo de la guerra fría, según el cual su enemigo armado tiene un extenso brazo político del cual hacemos parte todos aquellos que nos oponemos al regreso de la seguridad “democrática” o criticamos el statu quo. Son reiterativos en sus escritos e intervenciones públicas, el intento avieso de relacionar con las FARC a toda organización o persona que no se file en su fantasía guerrerista de acabar a tiros el conflicto armado. Hasta el presidente Santos, un capitalino de la pura entraña de la burguesía colombiana y sobrino-nieto de expresidente, ha sido salpicado por el verbo ligero de los uribistas alfabetos, que lo tildan de “comunistoide”.

Dentro de los cuarteles ha fermentado desde décadas atrás una repulsa a los proyectos de pacificación que se inspira en la doctrina militar que impuso el gobierno de EE.UU. a los ejércitos del continente en el contexto de la guerra fría; ese ideario definía como “comunista” o “guerrillero”, y ahora como “terrorista” a todo enemigo interno o simple opositor. Cuando esa paranoia estaba en crisis vino la caída de las Torres Gemelas, entonces Bush-hijo la transformó en lucha global contra el terrorismo y nos convirtió ahora en “terroristas vestidos de civil”, como llamaba Álvaro Uribe a sus contradictores. Nadie como nuestro expresidente encarnó de manera tan fiel la doctrina Bush hacia el sur de EE.UU., y nadie como Él ha instigado la vieja aversión de los militares a la paz, recurriendo al viejo prejuicio de “la moral de la tropa” para alebrestarla cada vez que se habla de paz, de bajarle intensidad al conflicto o incluso, de someter sus comportamientos al imperio de la ley.

Nada tiene de nueva la capacidad de chantaje de los militares frente a los otros poderes públicos en Colombia. De ellos provino el primer saboteo a la política de paz de Belisario Betancur hace treinta años. Su doctrina, ajena a la Constitución Política, considera a la paz como su derrota y no como su victoria. A Santos le espera una ardua tarea como Jefe de Estado y Jefe supremo de las Fuerzas Armadas en la perspectiva de la pacificación del país, pues ellas deberán jugar un papel decisivo frente a la firma de los acuerdos con las insurgencias y frente al posconflicto. Debe haber franqueza desde ya, y no seguir diciendo que los inmensos recursos que se invierten en la guerra, se mantendrán intactos, porque si “la moral de la tropa” necesita de mentiras piadosas, mejor digámonos las verdades primero y volvamos a empezar. La paz solo puede hacerse con verdades, aunque sean dolorosas para algunos.

Si la paz que buscamos es la constitucional, y si ella por lo tanto, es política de estado, ninguna deslealtad puede ser tolerada, menos aún dentro de cuerpos que no son deliberantes como los militares. Además deben quedar totalmente esclarecidas las conexiones de sectores castrenses con grupos confesamente saboteadores de las negociaciones de paz, particularmente los neofascistas. El presidente logró la reelección con un amplio apoyo de fuerzas independientes y de Izquierda, pero, ¿entenderá lo que significa la lealtad al mandato recibido? Santos se echó encima una responsabilidad inmensa; en adelante tendrá aliados para cumplirla, o enemigos si no se pone a la altura de su compromiso.