Desescalamiento, política y derecho

Por Horacio Duque  

Con inteligencia, conocimiento y ponderación proceden los integrantes de la Mesa de diálogos de paz en La Habana, al establecer nuevos criterios metodológicos para avanzar, en los próximos cuatro meses, en la negociación de los temas pendientes de consensuar y para fortalecer el trabajo político y jurídico del “desescalamiento del conflicto”, desde el próximo 20 de julio, con medidas reciprocas, como una decisión orientada a preparar el cese bilateral y definitivo de las hostilidades y el fuego que lleve a la firma de un Acuerdo de paz absoluto en Colombia.

Alcanzar la paz para Colombia es un objetivo que demanda la mayor concentración y el mejor tino de sus artífices. Está visto que el que mucho abarca poco aprieta y que la dispersión es el camino indicado para cosechar el fracaso. Para qué hablar de post conflicto cuando la guerra recrudece y lo avanzado en acuerdos corre el riesgo de malograrse como resultado de ciertas cuentas alegres en las oficinas gubernamentales.

Me refiero primero al ingrediente político de las negociaciones. Se han logrado consensos para ajustar la metodología de trabajo de La Mesa de conversaciones de tal manera que la simultaneidad en el tratamiento de los temas permita lograr rápidos avances, en los próximos 120 días, en tópicos aún pendientes de tratar. De igual manera se han fijado criterios para hacer el desescalamiento de la confrontación y preparar de esa manera el clima del Cese bilateral definitivo del fuego, punto del tema tercero referido al fin del conflicto que igual incluye garantías efectivas para la acción política insurgente, erradicación del paramilitarismo, ajustes institucionales del Estado para adecuarlo a la paz, dejación de las armas y revisión de la situación jurídica de las personas encarceladas o condenadas por su pertenencia o vínculos con las Farc.

Lo efectivo, además de los discursos pronunciados y la retórica vertida, importantes obviamente, es el desescalamiento y armisticio, que no será un simple juego infantil de estatuas.

Las Farc suspendieron su tregua unilateral desde el 22 de mayo a raíz de las acciones aéreas ofensivas de las Fuerzas Armadas, pero han determinado una nueva suspensión de sus operaciones militares desde el lunes 20 de julio y por un mes, fecha cargada de muchos significados históricos en la conformación de la nacionalidad colombiana.

El Presidente Santos ha dicho que el gobierno será reciproco con esta determinación. Cuota de sensatez que sería necio desconocer; ingrediente que se percibe en otros gestos del Jefe de la Casa de Nariño, como la afirmación relacionada con una prolongación, de no hacerse hoy la paz, del conflicto armado interno con las Farc por otros 20 años y el reconocimiento del valor estratégico por los progresos del piloto del desminado alcanzado en el municipio de Briceño/Antioquia, en la vereda del Orejón.

Lo que cabe resaltar, de manera precisa, es, en segundo lugar, el contenido jurídico y constitucional del desescalamiento de la guerra, para decir que no se trata de puros hechos desarropados de espesor conceptual.

En términos del Fiscal Montealegre: “el Gobierno necesariamente debe ajustar el uso de la fuerza a las nuevas condiciones de cese del fuego, porque así lo exigen tanto el derecho internacional como el derecho constitucional. Por un lado, el derecho internacional de los derechos humanos ha permeado el derecho de guerra, de tal forma que los operadores militares ponderen la proporcionalidad de las amenazas a las que están expuestos para restringir el uso de la fuerza letal. Esto va de la mano con la constitucionalización del derecho, que rige las hostilidades, donde la Fuerza Pública debe sopesar la intensidad de la fuerza que emplean con los derechos fundamentales de los combatientes. En este sentido, hay que tener en cuenta que el cese unilateral voluntario que han decretado las Farc disminuye considerablemente la intensidad de las hostilidades, lo cual necesariamente afecta el juicio de proporcionalidad y necesidad militar que realiza la Fuerza Pública en la planeación y ejecución de sus operaciones. No tendría sentido jurídico que un conflicto armado menos intenso mantenga el mismo nivel alto de hostilidades bélicas” (http://bit.ly/1JcoOIB).

Por eso, recomienda, que como medida de desescalamiento las partes mantengan la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas.

En ese sentido, el Gobierno del presidente Santos, a partir del 20 de julio/2015, ha dicho que pondrá en marcha un conjunto de acciones de desescalamiento de las acciones militares, en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte de las Farc.

Nota. Ante el giro favorable que han dado los acontecimientos en materia de paz es previsible que los reconocidos enemigos del dialogo para terminar la guerra arrecien sus ataques y mentiras. En esas sigue el señor Uribe Vélez y el grupo de francotiradores que lo acompañan en el Congreso, las fuerzas militares (algunos de los cuales se fueron recientemente) y los medios de comunicación. Serán derrotados en las próximas elecciones como ocurrió en las votaciones presidenciales del 2014. Póngale la firma.