Columnistas
El nuevo congreso, la paz y la democracia
Por Campo Elías Galindo A.
Ha quedado claro que el proceso de negociación de la paz superó un escollo muy grande con la reelección del presidente Santos, mediante la confluencia en parte espontánea, de diversas fuerzas sociales y políticas democráticas y pacifistas que vieron en peligro el proceso, y además, la amenaza de un nuevo gobierno de Álvaro Uribe en el cuerpo ajeno de Oscar Iván Zuluaga.
Por Campo Elías Galindo A.
Ha quedado claro que el proceso de negociación de la paz superó un escollo muy grande con la reelección del presidente Santos, mediante la confluencia en parte espontánea, de diversas fuerzas sociales y políticas democráticas y pacifistas que vieron en peligro el proceso, y además, la amenaza de un nuevo gobierno de Álvaro Uribe en el cuerpo ajeno de Oscar Iván Zuluaga.
La reelección así, dio luz verde a las negociaciones de La Habana y otras que puedan abrirse, pero ella no despeja totalmente el camino a los acuerdos, que seguirá contando con la hostilidad de una poderosa minoría que ha hecho de la guerra su fuente de riqueza, o su fuente de prestigio o la fuente de su discurso, o quizá de las tres.
Desde antes de la elección presidencial, el tema de la paz y su negociación se veía venir como el eje del debate nacional en los años venideros. Por eso en las elecciones legislativas del 11 de marzo todos los partidos políticos jugaron sus cartas más duras, representadas en políticos veteranos de legislaturas anteriores, que convertirán al nuevo congreso, principalmente su cámara alta, en el mayor escenario de la polarización nacional que abrió la negociación del conflicto armado con las FARC. El nuevo senado reunirá tal cantidad y variedad de jefes políticos, que los medios de comunicación y las redes sociales convocan desde entonces a no perdernos el anunciado espectáculo que serán sus sesiones. Se destaca entre todos esos caudillos, el expresidente Álvaro Uribe, ahora en calidad de líder indiscutido de una extrema derecha con bancada propia y con una agenda legislativa de oposición que no se resigna a que la paz de Colombia llegue por la vía de los diálogos.
El conjunto de la agenda legislativa puede clasificarse en tres partes no contradictorias pero posibles de diferenciar temáticamente: un “paquete” socioeconómico, otro propiamente político, y un tercero integral que es el de los compromisos con la paz. Del primero hacen parte los asuntos tributarios, del nuevo código minero, la salud, la educación, la seguridad social y similares. El segundo, incorpora todos los relativos a garantías para la finalización del conflicto armado y el estatuto de la oposición, además las reformas de las tres ramas del poder público, el fuero militar, los órganos de control, el sistema electoral y los períodos de gobierno. El tercer bloque de proyectos, es transversal a los dos anteriores; incluye los mecanismos de refrendación de los acuerdos entre el gobierno y las insurgencias, el desarrollo del marco jurídico para la paz, las reformas al agro y la ruralidad, y de muchas maneras, los otros temas de los puntos anteriores en tanto la cultura de la paz es un asunto que se juega en todos los aspectos de la vida democrática y de la gestión pública. En otras palabras, la paz no se puede confundir con la dejación de las armas, sino que ella es una construcción política, social, económica y cultural, que cruza toda la agenda legislativa del presente cuatrienio. No se equivocan entonces, quienes han dicho que esta es la legislatura de la paz; lo que tendremos que ver de ahora en adelante es si el congreso ya en ejercicio así lo asume. Veremos si además de una legislatura de la paz, tendremos también unas bancadas parlamentarias que la lleven a término.
El país no puede caer en la dicotomía que le han propuesto algunos de los parlamentarios electos de manejar dos agendas diferenciadas: una para la paz y otra para el crecimiento económico; política de paz por un lado, y las demás políticas públicas por el otro. No. Ya es hora de sincerarnos y definir si estamos o no hablando de lo mismo, de una Paz con mayúscula y duradera, o de una paz mezquina y barata, basada en el olvido, que permita a algunos dormir sin sobresaltos el resto de sus propios días. Si el conflicto armado colombiano está hecho de exclusiones y autoritarismos, la paz no podrá llegar sino de la mano de la democracia y la justicia social. No existe tampoco un día y una hora puntuales, ni un momento de firmas y fotografías, a partir del cual la democracia empezará como cuando el presidente corta una cinta en la inauguración de una obra. De tal manera que al día siguiente de la firma de los acuerdos, no amaneceremos en democracia. Esta, también como la paz, es una construcción que en Colombia ya empezó a edificarse en las luchas populares contra los autoritarismos, las exclusiones y las opresiones que derivan del capitalismo globalizado que nos tocó vivir.
Por lo anterior, el actual congreso no fue elegido para inventar nada en materia de paz ni de democracia. Su misión es cumplir el mandato ciudadano reiterado el 15 de junio, el mandato de avanzar en la solución negociada del conflicto y aprobar las leyes que ambienten y concreten ese objetivo. La cultura de la paz y de la democracia es ya practicada por diversos sectores de la sociedad nacional, que serán los artífices más valiosos de lo que falta por avanzar tanto hacia la firma de acuerdos como en la transición que le sigue. La decisión que tiene entre manos el nuevo congreso de la república, máximo escenario deliberativo de la clase política, es la de adherir a ese torrente pacifista democrático, o atravesársele al país moderno para que retroceda a los cuatrienios delictivos del uribismo.
El control político y el debate serán arduos. Habían transcurrido pocas horas luego de la instalación y ya la discusión entre las diferentes facciones parlamentarias se había encendido; el rifi-rafe será diario. Muchas cosas se decidirán también por fuera del capitolio, pues no solo las mesas de diálogo entrarán en etapas definitorias, sino que se activarán los debates en los medios, las redes sociales y las expresiones callejeras. Una bancada legislativa, por cualificada que sea, más la voluntad presidencial, son insuficientes para convertirse en la locomotora de la paz que reclama este momento del país. Es indispensable que la ciudadanía múltiple y plural, representada tanto en la Izquierda política como en la Izquierda social, se organice y se constituya en fuerza decisoria frente al establecimiento y los beneficiarios de la violencia. Los Frentes amplios por la paz y la democracia, si aprenden a sumar apoyos con audacia, pueden convertirse en verdaderos factores de poder para esta coyuntura decisiva donde la balanza debe inclinarse del lado de la reconciliación y la democratización de la sociedad.
El tema de la paz, es por lo tanto, el mismo de la democracia. Es una construcción que la sociedad ya adelanta y a la cual está convocada la clase política posesionada en el nuevo congreso. Se trata de una nueva cultura ciudadana y una nueva cultura de gobierno que todavía no asoma en las políticas públicas recientemente aprobadas. La bancada de la paz en el congreso, apoyada en los movimientos sociales, tendrá que direccionar hacia la búsqueda de la reconciliación y el sentido democrático las reformas más importantes que están proyectadas; no de otra manera se contribuye desde esa tribuna a ambientar la cultura de la paz y la finalización del conflicto.
Una radiografía general de las fuerzas que alcanzaron representación en el congreso, expresa una mayoría a favor de los diálogos y la finalización del conflicto militar, pero no necesariamente inclinada por la democracia como sustento indispensable del proceso que conduce a la paz; algunos incluso piensan que la paz sería un buen ingrediente, un “plus” para los buenos negocios que los hará más prósperos y rentables cuando tengan a su disposición toda la geografía nacional. La paz en función de las utilidades del capital, es también un propósito de amplios sectores representados en el congreso que con una mano saludan la mesa de negociación y con la otra, dan vía libre a las locomotoras neoliberales y las privatizaciones del patrimonio público como la de Isagen.
Del otro lado, encontramos la bancada minoritaria de la extrema derecha, conducida por la mano de hierro de su caudillo expresidente hacia una estrategia inteligente pero peligrosa, la de buscarle enemigos al jefe del estado dentro de los cuarteles. Uribe sabe como cualquier colombiano medianamente informado que las Fuerzas Armadas, por su tradición y por su doctrina, constituyen el eslabón más débil del proceso de búsqueda de la paz con las insurgencias. Tras el telón de las negociaciones entre el gobierno y las FARC, todos hemos alcanzado a captar la lucha entre el santismo y el uribismo por ganar la confianza de los generales, y el asunto de “¿quién da más?” podría llegar a ser determinante.
No es por ingenuidad que la bancada uribista se vaya a estrenar en el congreso con un proyecto de reforma constitucional para crear un Tribunal Militar que revise todas las sentencias proferidas contra militares por la justicia ordinaria frente a eventuales delitos cometidos dentro del servicio o con ocasión de él desde 1980. La justicia ordinaria colombiana no tiene competencia para juzgar delitos de los militares cometidos dentro del servicio, pero los uribistas buscan crear confusión, deslegitimar a la justicia ordinaria frente a la militar y sobre todo, abrirle a Santos, vía congreso de la república, un frente de batalla con el personal castrense y que al mismo tiempo lo confronte con sus contrapartes en la negociación de paz. El expresidente y su bancada continuarán así desde el capitolio su militancia por la impunidad militar, que en muchos casos es la propia.
Ni la paz ni la democracia son las banderas de la extrema derecha en el nuevo congreso colombiano. Allí estará Álvaro Uribe con sus subordinados reclamando que el país regrese a la seguridad “democrática” y con ella la impunidad para otros de sus subalternos, hoy prófugos de la justicia.
Tanto la agenda como la composición política del congreso son complejas. La agenda es adecuada a las necesidades de la sociedad y genera expectativas para la paz y la democracia; la composición política de las cámaras en cambio, genera incertidumbres que van desde una paz para el consumo hasta otra guerra con otro nombre. El 7 de agosto próximo tendremos más completo el mapa de los poderes públicos para el nuevo cuatrenio, como también el alcance de las apuestas por la paz que tendrán que tramitar dentro del congreso las bancadas de la Izquierda democrática. Como ya es costumbre, la iniciativa estará en cabeza del ejecutivo, pero debemos esperar para saber cuál proyecto político inclina a su favor la balanza legislativa.