La desfiguración de la ANLA

Por José Roberto Acosta  

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es hoy una agencia de liquidación del medioambiente, como lo prueba el otorgamiento del licenciamiento para la exploración de hidrocarburos en la serranía de La Macarena, a sólo 67 kilómetros de Caño Cristales.

Y a pesar de que el Gobierno reculó en tan irregular decisión, ante los argumentos de técnicos y comunidad, es importante saber que la resolución 286 del pasado 18 de marzo, que constituye el acto administrativo de tan condenable permiso, se emitió sólo dos días después del concepto técnico 1119, es decir, proyectaron, revisaron y aprobaron una resolución de 235 páginas en sólo 48 horas.

Pero lo peor es que el señor Ricardo Delgado Posada, líder de Gestión de Hidrocarburos de la ANLA, quien dio la aprobación final a ese concepto técnico y autorizó el pago de los honorarios a los contratistas involucrados, fue funcionario de la empresa beneficiada, Hupecol Operating LLC CO, en un abierto e ilegal conflicto de intereses por el cual debe ser investigado disciplinaria y penalmente, junto con el “círculo de confianza” del director de la ANLA, por su complacencia con semejante inhabilidad de este funcionario.

Tan grave es lo que sucede que hasta la revista Semana, marcadamente gobiernista, tituló en su capítulo de medioambiente: “ANLA: Una crisis de autoridad”, denunciando arbitrariedades de su director, como la pauperización de las condiciones contractuales de los técnicos, que se han visto “en la penosa situación de entregar unos estudios en muy poco tiempo con la zozobra de si recibirían el pago total por el trabajo realizado”, en un modelo que el propio director de la entidad, Fernando Iregui, define como “obra entregada, obra cancelada”, en pagos a destajo que equivalen a apenas $2 millones mensuales por profesional, en procesos de licenciamiento que representan para la institución cerca de $200 millones en ingresos.

Por la premura de recibir la totalidad del contrato se genera una indebida presión para que el respectivo profesional corra con la evaluación encomendada y así completar en el mes todos los “procedimientos de forma” exigidos. Son 400 contratistas chantajeados para expedir licencias exprés, mientras los 69 empleados de planta son enclaustrados en oficina y, de un plumazo, se entrega al mejor postor el medioambiente, que ¿aún es de todos?

@jrobertoacosta1