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La paz y el orden territorial

Por Alpher Rojas C.  

Nunca fue tan importante como ahora, que avanzamos en soluciones dialogadas a esta guerra sin nombre, afrontar la realidad de nuestros desafíos a mediano y largo plazo y las muchas reformas sociales aplazadas.

Al aproximarse la fase final de la agenda de diálogos entre el Gobierno y la insurgencia de las Farc, un interrogante –ligado transversalmente a la crisis del país– ocupa la atención de los investigadores de distintas disciplinas en relación con la transición hacia el posconflicto.

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Por Alpher Rojas C.  

Nunca fue tan importante como ahora, que avanzamos en soluciones dialogadas a esta guerra sin nombre, afrontar la realidad de nuestros desafíos a mediano y largo plazo y las muchas reformas sociales aplazadas.

Al aproximarse la fase final de la agenda de diálogos entre el Gobierno y la insurgencia de las Farc, un interrogante –ligado transversalmente a la crisis del país– ocupa la atención de los investigadores de distintas disciplinas en relación con la transición hacia el posconflicto.

Nos interesa saber de manera especial si están suficientemente diseñados los mecanismos que garanticen la participación –no consultiva sino vinculante y decisoria– de nuevos actores en la vida civil y política en sus diferentes formas y ámbitos, así como hasta qué grado han avanzado los ajustes preparatorios para llevar a la práctica un modelo de gestión territorial y de administración pública eficiente y funcional, sobre cuyas bases institucionales descanse la sostenibilidad de una paz estable y duradera.

Afinados los mecanismos de justicia especial y diseñados los instrumentos de política pública para garantizar la sostenibilidad de la transición, preocupa la presencia de antiguos retos y nuevos desafíos representados en los graves desequilibrios territoriales, las desarticulaciones espaciales urbanas y la inquietante segregación social que atenta contra el medioambiente. El influjo perverso de la política caciquil, mafiosa y paramilitar (son la misma cosa) constituye una seria amenaza a la convivencia y a la consolidación del Estado de derecho.

Las variaciones históricas que ha sufrido nuestro mapa territorial junto con la creciente pérdida de confianza de la sociedad en sus instituciones han generado una creciente despolitización y han obstruido la modernización del Estado, especialmente en aquellos proyectos conectados con el uso, gestión y ordenamiento del territorio. Lo mismo puede predicarse de disfunciones sociopolíticas y económicas de alta conflictividad como la minería, el sistema general de participaciones y regalías, y la concentración de la propiedad rural en un país en el que más de dos terceras partes de la tierra están en manos del 10 % de los propietarios (KAS, 2015). Por algo se ha dicho que “la paz se negocia en La Habana pero se desarrolla en los territorios”.

Por tanto, nunca fue tan importante como ahora, que experimentamos el avance de soluciones dialogadas a esta guerra sin nombre, afrontar la realidad de nuestros desafíos a mediano y largo plazo, las muchas reformas sociales aplazadas y la necesaria modernización de la imperfecta democracia que sufrimos como consecuencia principal del pernicioso modelo de acumulación económica adoptado desde la década de los noventa. Por ello el país ha recibido con regocijo el nombramiento de Clara López Obregón, figura notable de las izquierdas de Colombia, como ministra del Trabajo, quien ha ratificado su voluntad de conseguir la equidad social y la consolidación de la paz.

Una vez se firme el acuerdo vendrá una nueva fase de choque, mejor conocida como ‘síndrome del día después’, en cuyo desarrollo serán indispensables acciones institucionales que robustezcan la gobernanza. Sobre todo cuando se tiene presente que la historia de los conflictos similares al nuestro señala que aproximadamente el cincuenta por ciento de los países que emergen de una guerra reinciden en el conflicto durante la década inmediatamente siguiente a su superación (KAS 2015, UN 2009).

En este sentido, cualquier clase de conflicto que no sea posible transformar progresivamente en los primeros años, seguirá afectando negativamente el desarrollo humano, especialmente las capacidades relacionadas con el crecimiento económico, la inclusión y la equidad.

De acuerdo con investigaciones de las Naciones Unidas, “esta fase es fundamental para poner en marcha ajustes normativos e institucionales necesarios que evidencien cambios reales y tangibles en el goce efectivo de derechos de las personas y comunidades, la rehabilitación y reconstrucción de los territorios e intervenciones que generen confianza en la institucionalidad” (‘Reconstructing Public after Conflict. Practices and Lessons Learned’. 2009).

Una prioridad impostergable es la atención y el impulso eficaz a los procesos de participación de los jóvenes, que constituyen el 27 por ciento del componente demográfico, en las agendas de paz. Este apoyo debe darse con un amplio empoderamiento, de manera que sus acciones nos conduzcan a transformar la lógica violenta del conflicto en conflictividad no violenta, mediante el mejoramiento de la calidad de las confrontaciones entre ese grupo etario y sus contextos territoriales. No es difícil darse cuenta de que vivimos en tiempos de gestación de una nueva época.

El Tiempo, Bogotá.

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