Muerte registrada

Por Fander Falconí  

El altísimo costo de las patentes se parece al caso del alcalde, dueño de la única fábrica de escobas de la ciudad, que pide a los ciudadanos que barran sus veredas y duplica el precio de las escobas.

El sistema internacional de patentes protege la invención de productos o procedimientos nuevos, durante un plazo promedio de 20 años. En las relaciones entre países Sur frente a países ricos, el sistema es vergonzoso. Nosotros pagamos por usar los inventos de ellos, mientras ellos no pagan nuestro conocimiento; por ejemplo, por utilizar la información de nuestra biodiversidad y nuestros saberes ancestrales, útiles para lograr nuevos descubrimientos farmacéuticos o agrícolas.

En marzo de 2015 sucedió un incidente en Perú, que ha vuelto a cuestionar hasta qué punto el sistema de patentes de salud se ha pervertido. Los pacientes con leucemia acelerada tuvieron que interrumpir sus tratamientos debido a una resolución del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que impide la comercialización del fármaco Liteda, único tratamiento disponible para los enfermos de este tipo de cáncer a la sangre.

El Indecopi dio la razón a una denuncia a la farmacéutica multinacional Bristol-Myers Squibb (EE.UU.) por ‘infracción de invención’ contra la empresa importadora del fármaco argentino del laboratorio Monte Verde, que competía con la farmacéutica estadounidense en procesos de compra del sistema de salud peruano. Esta denuncia desenterró otra infamia contra los pacientes pobres en Perú: la misma multinacional goza de otra patente en el caso del Atazanavir, vital para 1.800 pacientes de VIH (SIDA). Gracias a esta patente, el Atazanavir cuesta en Perú 25 veces más caro que en Bolivia.

Las patentes sobre medicamentos son muy cuestionadas en la actualidad, sobre todo cuando se refieren a fármacos que sirven para curar enfermedades que originan graves problemas de salud pública. Esto porque, al conferir la patente un derecho exclusivo sobre el medicamento, su titular puede fijar unilateralmente precios muy altos (monopólicos), que no están al alcance de los servicios de salud de los países más pobres del mundo.

Existen al respecto dos intereses contrapuestos. Por un lado, está el interés en promover la investigación médica y farmacéutica y el desarrollo de nuevos productos útiles para los seres humanos. En este punto, no cabe duda: la investigación y las inversiones son costosas. Por otro lado, a los países cuya población tiene una alta incidencia en algunas enfermedades, les interesa poder disponer de medicamentos de bajo costo, más aún cuando el costo (marginal) de réplica de un fármaco es mínimo.

Muchas de las investigaciones farmacéuticas son subsidiadas por la sociedad por el financiamiento a la formación de investigadores o laboratorios universitarios y también por programas de financiamiento a la investigación científica e incentivos tributarios. Las patentes tienen una duración de 20 años, a pesar de que las inversiones pueden ser recuperadas, incluyendo una utilidad razonable, en menos tiempo o en menos mercados.

Se pierden cientos de millones de vidas por una fe ciega al capital. El Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento e Innovación, presentado a la Asamblea Nacional del Ecuador, abre una puerta para la discusión y regulación de este aspecto capital de la salud.

@fanderfalconi

El Telégrafo, Ecuador.