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Paz con apoyo de la ONU y la Celac

Por Horacio Duque  

El proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las Farc en la Mesa de conversaciones de La Habana, completa ya casi cuatro años y es hoy una macroestructura compleja con diversos componentes que impactan al Estado, la sociedad y las regiones de Colombia.

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Por Horacio Duque  

El proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las Farc en la Mesa de conversaciones de La Habana, completa ya casi cuatro años y es hoy una macroestructura compleja con diversos componentes que impactan al Estado, la sociedad y las regiones de Colombia.

Los acuerdos agrarios, en creación de zonas de reservas campesinas, territoriales, en materia de democracia participativa, en erradicación de cultivos ilícitos, en cuanto a derechos de las víctimas, en la creación del tribunal de justicia de paz y los que vienen respecto del fin del conflicto, las adecuaciones institucionales para la paz (que incluyen departamentos y municipios), la liberación de presos políticos, la refrendación, el plebiscito, la constituyente y la implementación de los pactos, son campos llamados a tener un profundo impacto en la formación social nacional, creando las condiciones para un nuevo ciclo político (¿hacia el 2050?), similar a lo que sucedió con la creación del Frente Nacional por el plebiscito de diciembre de 1957 y la aprobación de la Constitución de 1991.

Las Naciones Unidas

El paso más reciente del sistema de consensos establecido tiene que ver con la decisión de convocar la participación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el organismo más potente del planeta, en la parte final del conflicto armado en lo relacionado con un cese bilateral y definitivo del fuego y la dejación de las armas por parte de la guerrilla.

El gobierno y las Farc han solicitado tal concurso de la ONU con la presencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe/Celac que designará los países no fronterizos de Colombia que integraran la Misión política correspondiente.

Se trata de un paso trascendental que nos indica que el fin del conflicto armado es irreversible, pues la presencia de la comunidad internacional le da firmeza a la ruta avanzada hasta el momento.

Implicaciones de la Misión de la ONU (http://bit.ly/20BE2BF)

Conviene saber que la decisión tomada tiene las siguientes implicaciones:

A iniciativa del gobierno y las Farc, quienes redactarán el contenido del texto, la ONU expedirá una Resolución, lo más precisa posible, avalada por los 15 Estados más poderosos del mundo, que integran el Consejo de Seguridad, para coadyuvar, más no intervenir, en el proceso de paz.

En dicha Resolución se organiza una Misión política, y no un contingente armado de cascos azules (como lo ha pretendido Uribe Vélez), con funciones muy claras para que adelante gestiones durante 12 meses en el monitoreo y verificación de acuerdos sobre cese al fuego y dejación de armas. Tiempo prorrogable por acuerdo entre el gobierno y las Farc. Con evaluaciones cada 90 días.

Las funciones de dicha Misión política son específicas: Dirimir controversias, realizar recomendaciones y rendir informes sobre las materias indicadas.  Estas funciones permiten impedir cualquier desborde de dicha entidad, que por la experiencia internacional al respecto, con las 16 misiones actuales en otros lugares del globo, exige estar muy atentos para evitar abusos y atropellos que afecten la soberanía del Estado colombiano.

Los costos financieros y humanos de dicha Misión los cubrirá el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Legitimación del proceso

Para la sociedad civil regional resulta de la mayor importancia entender el paso dado por las partes. El presidente Juan Manuel Santos y el Estado se anotan un importante logro que legitima el proceso de diálogos para poner término a una cruel guerra que supera ya más de medio siglo.

Lo cierto es que un Resolución inicial del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la paz colombiana, avanza en la ruta de convertir un Acuerdo final, que está previsto se firme el próximo 23 de marzo, en un instrumento del máximo ente del planeta, similar a otros como aquellos referidos a los derechos humanos, a los pactos sobre derechos indígenas, de los afros, sobre la democracia, los derechos sociales o a tribunales de justicia para poner fin a conflictos en Europa, Timor Oriental, Filipinas o África.
Para las Farc, la determinación tomada implica el máximo reconocimiento político en el plano internacional. Reconocimiento que el discurso de algunos sectores de la política colombiana se niega a admitir.

Prepararse para el posconflicto

Estamos en el fin del conflicto armado y conviene que toda la sociedad civil se prepare para ese hecho trascendental que conllevará la constitución de nuevas agencias sociales y nuevas subjetividades políticas —como los movimientos sociales— comprometidos con la democracia ampliada y la justicia social.

No es cierto que la paz buscada pueda dejar las cosas tal como están. La paz es una poderosa palanca que debe permitir avanzar en la construcción de una hegemonía democrática y nacional. La paz es el triunfo de la sociedad civil y la derrota de las minorías sangrientas y corruptas que controlan el Estado y sus gobiernos en los diversos niveles.

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