Paz: De Guatemala a Colombia ¿se repetirá el fiasco?

Por Horacio Duque  

El proceso de paz que actualmente se adelanta en la Mesa de diálogos de La Habana debe examinar los pactos de paz de Guatemala de 1996 que al día de hoy son un completo fracaso. Ojala no se repita la historia en nuestro caso. La fórmula es ampliar la participación del pueblo en los diálogos y acuerdos que se construyan.
 
Siempre es aconsejable examinar otras experiencias, especialmente internacionales, cuando se pretende superar un problema tan complejo y arraigado como el de la guerra civil que involucra a toda una sociedad como la nuestra.

El rumbo que puedan tomar las negociaciones de paz de La Habana en los meses siguientes, los resultados de los acuerdos, los avances en la construcción de la paz, el papel de las masas en la toma de decisiones y la implementación de los consensos, son puntos que bien pueden considerarse a la luz de la pésima experiencia de Guatemala. No se debieran repetir los errores de allí; hay que blindar cada pacto y establecer con claridad las obligaciones del Estado.
 
En ese sentido, la paz debe asumirse como proceso más que como agenda y documento; como reto social más que institucional; como movilización masiva; como cultura de transformación y no como razón pragmática; como construcción conjunta, colectiva, plural, permanente y entusiasta, en vez de la actual tragedia del desencanto, síntesis de lo que no fue.
 
Guatemala asiste hoy a una gran manifestación popular y social contra la corrupción. Presidente y Vice Presidenta, están en la cárcel como consecuencia de sus actos criminales. Pero, muchos se plantean la necesidad de superar los límites de esta movilización para colocarse en un plano de acciones más profundas que rompan las estructuras oligárquicas subyacentes del sistema. ¡hay que ir por más!, es la consigna popular en estos momentos de grandes acciones de masas.
 
En Guatemala históricamente la mayoría de la población vive muy mal. El 54% está por debajo de la línea de pobreza. A eso se le suma un conjunto de problemas igualmente complejos que hacen de la vida cotidiana casi un calvario: racismo, machismo, corrupción, violencia desbocada e impunidad.
 
Guatemala vivió un conflicto armado interno, en el cual se manifestaron actos de crueldad, desprecio a la vida y a la dignidad de la población, a través de métodos cuya degradacion causan horror.
 
Pero, en Guatemala, terminó una guerra interna de 36 años y nada cambio, por lo contrario, empeoró. Los problemas caracterizados siguen intactos. El retorno de esta precaria democracia hace ya casi 30 años, después de haber despertado algunas esperanzas, se muestra hoy día como otro fiasco más. Se suceden las elecciones cada cuatro años, y todo sigue igual. ¡O peor!, como  dice Marcelo Colussi, en varios de sus brillantes análisis sobre la nación Centroamericana.
 
Las esperanzas que se podían tener algunos años atrás, terminada la larga guerra con la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996, ya se han diluido. Hoy la situación general del país es una olla de presión lista para estallar en cualquier momento. Sucede, sin embargo, que no hay dirección para tanto malestar. Las fuerzas de la izquierda están diezmadas, fragmentadas, y la protesta popular es básicamente reactiva (las movilizaciones contra las industrias mineras y energéticas en lo fundamental), insiste Colussi.
 
En el caso de Guatemala, los acuerdos de paz del 28 de diciembre de 1996 terminaron siendo un fiasco porque el grueso de la sociedad se margino de la toma de decisiones. En esa nación las reformas pactadas en el acuerdo de paz fueron negadas en un referendo que se hizo tres años después que este hubiera sido firmado.
 
¿Qué se votó en ese referendo?
 
Básicamente eran tres componentes sustanciales: el primero, independencia judicial y reforma al sector justicia; segundo, los derechos de los pueblos indígenas, que es el tema que menos se ha cumplido en el país; y tercero, la cuestión de la carga tributaria, que en América Latina es la más baja.
 
Veamos el proceso guatemalteco en su desarrollo.
 
El enfrentamiento armado en Guatemala comenzó en la década de los sesenta, y se puede considerar como principal causa, entre otras, el cierre de los espacios políticos y de participación provocado por los gobiernos anticomunistas, después de haber derrocado, con el apoyo de los Estados Unidos, al segundo gobierno de la revolución, presidido por Jacobo Arbenz Guzmán. El movimiento guerrillero tuvo entre sus principales fundadores a ex-oficiales del Ejército de Guatemala, quienes habían participado en un fallido levantamiento en contra del gobierno del General Miguel Ydígoras Fuentes.
 
El proceso de negociación de la paz inició en 1987 y concluyó el 29 de diciembre de 1996, con la firma del Acuerdo de paz firme y duradera, el cual sintetiza los acuerdos firmados por el Gobierno y la URNG para poner fin al Conflicto Armado Interno.
 
El punto de partida para la búsqueda de la paz fue la suscripción del Acuerdo de Esquipulas II, el 7 de agosto de 1987, por los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para definir el procedimiento que permitiría establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, con base en la Declaración de Esquipulas y el Acta de Contadora para la paz y la cooperación en Centroamérica.
 
El temario general y el procedimiento a partir de los cuales se llevó a cabo la negociación de los Acuerdos de Paz fueron definidos en el Acuerdo de México, suscrito el 26 de abril de 1991.
 
Los presidentes de Guatemala que participaron en la negociación de los Acuerdos de Paz, que contemplan 300 compromisos específicos, son Vinicio Cerezo Arévalo, quien gobernó de 1986 a 1991, Jorge Serrano Elías, de 1991 a 1993, Ramiro de León Carpio, de 1993 a 1996, y Álvaro Arzú Irigoyen, de 1996 a 2000.
 
Después de 36 años de conflicto, finalmente el 29 de diciembre de 1996 se llevó a cabo en Guatemala la firma de la paz firme y duradera entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) y el Estado de Guatemala, acontecimiento que puso fin al conflicto.
 
El Acuerdo de Paz Firme y Duradera, firmado el 29 de Diciembre de 1996, introduce las bases necesarias para un desarrollo en paz y augurar un futuro moderno para el país.
 
El acuerdo contiene 17 puntos, ante todo, declaraciones de voluntad política. La adhesión a los principios orientados a garantizar y proteger la plena observancia y el respeto de los derechos humanos, el compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco del enfrentamiento interno para contribuir a fortalecer el proceso de conciliación nacional y la democratización en el país, el reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas como base para la construcción de una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Forma parte del catálogo de objetivos políticos la necesidad de un desarrollo socioeconómicos participativo orientado al bien común. Lograr una situación social más justa se relaciona con la necesidad de un sistema fiscal más equitativo y eficiente. Erradicar la pobreza y el desempleo, mejorar la salud, la educación y capacitación y la seguridad social son consideradas tareas prioritarias del desarrollo. Otro aspecto planteado es la reforma del Estado y del Ejército.
 
Los consensos logrados se formalizaron en los siguientes acuerdos:
 
1.         Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos (Acuerdo de Querétaro) Querétaro (México), 25 de julio de 1991
 
2.         Acuerdo global sobre derechos humanos México, D.F. (México), 29 de marzo de 1994
 
3.         Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado Oslo (Noruega), 17 de junio de 1994
 
4.         Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca        Oslo (Noruega), 23 de junio de 1994
 
5.         Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas México, D.F. (México), 31 de marzo de 1995
 
6.         Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria México, D.F. (México), 6 de mayo de 1996
 
7.         Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática México, D.F. (México), 19 de septiembre de 1996
 
8.         Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego Oslo (Noruega), 4 de diciembre de 1996
 
9.         Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral Estocolmo (Suecia), 7 de diciembre de 1996
 
10.       Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad Madrid (España), 12 de diciembre de 1996
 
11        Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz Guatemala (Guatemala), 29 de diciembre de 1996
 
12        Acuerdo de paz firme y duradera Guatemala (Guatemala), 29 de diciembre de 1996.
 
Nada de esto se ha materializado. El Ejército sigue siendo un foco de violencia y corrupción en el Estado y la sociedad. Todos los oficiales comprometidos en masacres y actos de violencia contra las comunidades indígenas siguen en la impunidad y convertidos en agentes políticos protagónicos de primer orden.
 
¿Se repetirá el fiasco en Colombia?
 
Ojala que no, pero Santos insiste en su paz sin justicia social.