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Cajamarca se respeta

Por: Darío Arenas Villegas

Los habitantes de Cajamarca, Tolima obtuvieron una contundente victoria en defensa del ambiente, la agricultura y el agua, gracias al resultado de la consulta popular realizada para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con el desarrollo de proyectos mineros en este municipio. La oposición en las urnas fue inapelable: el 98% de los cajamarcunos rechazó la ejecución de actividades mineras ya que implicarían la destrucción de la vocación agrícola de la zona, afectarían fuentes de agua de las que dependen ésta y otras poblaciones, y perjudicaría negativamente la flora y la fauna.

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Por: Darío Arenas Villegas

Los habitantes de Cajamarca, Tolima obtuvieron una contundente victoria en defensa del ambiente, la agricultura y el agua, gracias al resultado de la consulta popular realizada para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con el desarrollo de proyectos mineros en este municipio. La oposición en las urnas fue inapelable: el 98% de los cajamarcunos rechazó la ejecución de actividades mineras ya que implicarían la destrucción de la vocación agrícola de la zona, afectarían fuentes de agua de las que dependen ésta y otras poblaciones, y perjudicaría negativamente la flora y la fauna.

El triunfo es resultado de un proceso de años, encabezado por líderes locales y regionales, y por movimientos sociales como el Comité Ambiental por la Defensa de la Vida, que desde 2011 ha realizado actividades de formación, organización y movilización de la ciudadanía frente al proyecto La Colosa, y se ha enfrentado al poder económico, mediático y simbólico de la trasnacional sudafricana Anglo Gold Ashanti y el Estado colombiano.

La decisión de los habitantes de Cajamarca es de obligatorio cumplimiento, es decir, que ninguna autoridad local, regional o nacional puede hacerle conejo al rotundo dictamen de la población. La Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 son claras en señalar que en las consultas populares la decisión del pueblo es obligatoria, y la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-445 de 2016, fue enfática en indicar que los municipios tienen la facultad de tomar decisiones sobre el subsuelo y por ende pueden prohibir la minería en su territorio. Son tan claras las normas, que en un reciente informe de una de las principales firmas asesoras de las compañías trasnacionales que operan en el país, se afirma que “es claro que las consultas populares son mecanismos de participación ciudadana que pueden restringir las actividades mineras en los municipios o departamentos” (Norton Rose Fulbright, 2016).

Ante la apabullante victoria, no ha tardado la respuesta del gobierno nacional, las multinacionales y sus gremios, y algunos miembros de campañas presidenciales oficialistas. Bajo la misma retórica, el ministro de Minas, Germán Arce, los directivos de Anglo Gold Ashanti, el vocero de Germán Vargas Lleras, Luis Felipe Henao, y el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (compuesta en más de un 80% por compañías extranjeras), Santiago Ángel, han emprendido una ofensiva mediática para señalar que esta y otras victorias democráticas ciudadanas significan un duro golpe a la “minería legal, bien hecha y responsable”, dando a entender que la minería con título en Colombia se debe realizar en cualquier sitio, en cualquier momento y en cualquier magnitud.  

El ministro de Minas ha ido más allá y ha llamado públicamente a las autoridades mineras y ambientales a desconocer el resultado de la consultapopular de Cajamarca. Arce, exfuncionario de los bancos HSCB y ABN AMRO, grandes financiadores de proyectos mineros en el mundo (solo entre 2000 y 2006 ambos bancos les prestaron a las trasnacionales del sector más de US$20 mil millones de dólares, según www.moneytometal.org), ha señalado que las entidades del sector deben continuar con los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales a Anglo Gold Ashanti, independientemente de las decisiones tomadas por la ciudadanía. Como si se tratara de la serie de televisión House of Cards, al parecer para el ministro Arce, de la misma forma que para el corrupto y manipulador Frank Underwood, “la democracia está sobrevalorada”.

Lo de Cajamarca es un ejemplo para Colombia, que se suma a las gestas de los pobladores de Piedras, Tauramena y Cabrera, que también decidieron soberanamente rechazar un modelo minero diseñado y ejecutado para satisfacer las necesidades de las trasnacionales y no de los colombianos. El triunfo es también un aliciente para las consultas que se vendrán en Pijao, El Paujil y Marmato, y demuestra que cuando la ciudadanía se decide a frenar las malas políticas y a cambiar su rumbo, pocas cosas pueden detenerla, ni siquiera un ministro soberbio o unas trasnacionales agresivas.

 

tomado de lapatria.com

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