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Congreso Dignidad Agropecuaria Colombiana: por la soberanía alimentaria y protección del medio ambiente

Por Oscar Gutiérrez Reyes  

“Auguro buenos trabajos en torno a tan justos propósitos” fue la respuesta de Monseñor Iván Marín López, arzobispo de Popayán a la carta enviada, por los voceros de Dignidad Agropecuaria del Cauca, para invitarlo al I Congreso Nacional de Dignidad Agropecuaria que se realizó ayer, 6 de octubre, en la capital de la Republica.

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Por Oscar Gutiérrez Reyes  

“Auguro buenos trabajos en torno a tan justos propósitos” fue la respuesta de Monseñor Iván Marín López, arzobispo de Popayán a la carta enviada, por los voceros de Dignidad Agropecuaria del Cauca, para invitarlo al I Congreso Nacional de Dignidad Agropecuaria que se realizó ayer, 6 de octubre, en la capital de la Republica.

Acierta, Monseñor Marín, al señalar -el propósito a que hacen referencia los voceros de dignidad agropecuaria- de “conformar una organización democrática para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país”. Para eso, precisamente, se creó Dignidad Agropecuaria Colombiana.

Con la asistencia de cerca de 800 delegados, provenientes de casi 300 municipios y 22 departamentos del país y en representación de los productores de café, panela, cacao, arroz, papa, leche, cebolla y otras hortalizas, frutas, cereales y algodón, frijoles y otros granos, leguminosas, peces y otras especies pecuarias menores, se aprobó el programa de la organización, los estatutos y la declaración política. También se definió adelantar las acciones necesarias para promover un acto legislativo de iniciativa popular que obligue a la revisión de los tratados de libre comercio TLC que, suscritos por este gobierno, lesionan de manera grave la producción agropecuaria nacional, el ingreso y el bienestar de la población agraria del país.

En su ideario dignidad agropecuaria, a más de enfrentar los TLC, incluye la lucha por precios de sustentación, garantía de compra para los productos del agro, suspensión progresiva de importaciones de los géneros agropecuarios que se producen en Colombia hasta garantizar el autoabastecimiento y la soberanía alimentaria de la nación.

Además se demanda control efectivo al contrabando, crédito de fomento que sea suficiente, oportuno y barato, solución al problema de deudas, protección frente a pérdida de ingresos por caída de los precios de compra, problemas fitosanitarios o de cambio climático. Proteger las semillas propias, defender la biodiversidad, el agua y el medio ambiente como elementos esenciales para la producción agropecuaria también es parte del programa.

Luchar por seguros de cosecha, construcción de redes de acopio y almacenamiento, control, calidad y precios justos en los insumos y mecanismos que garanticen la protección del mercado interno, al igual que, investigación científica y asistencia técnica, cumplimiento estricto del artículo 64 de la C.N., solución a las necesidades de bienes públicos que demandan las comunidades rurales y una política de Estado macroeconómica que incluya estabilidad cambiaria y monetaria, que proteja y promueva la producción agropecuaria nacional, favorezca la industria necesaria para complementarla, privilegie el mercado interno y propenda por el desarrollo autónomo de Colombia.

En la declaración política del evento se destaca que la crisis del agro nacional es tanto de coyuntura como estructural y que se agrava por la decisión implícita de apostarle a la locomotora minero-energética y a la inversión extranjera en contra del desarrollo agrícola e industrial del país, política que se corrobora por los tratados de libre comercio que según la Oficina de Comercio de Estados Unidos (USTR) y, cerca de cumplirse los dos años de vigencia del TLC, ya anunciaba como un éxito: “Las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas a Colombia ascendieron a US $1,5 mil millones en 2013, el 19o mayor mercado de exportación. Los rubros principales incluyen: trigo (228 $ millones), maíz ($ 172 millones), la harina de soya ($ 172 millones), la carne de cerdo y productos de cerdo ($ 88 millones)”.

Al tiempo que se señalan los incumplimientos del gobierno nacional a los acuerdos que permitieron levantar los paros del año anterior y de este, la declaración denuncia la política oficial de “hacer esfuerzos desbocados para cambiar los artículos de la Constitución que prescriben ese derecho para los desposeídos”, mientras, “Juan Manuel Santos sigue intentado legalizar el acaparamiento ilegal que ya han hecho algunos magnates y poderosas compañías multinacionales como Cargill, violando la Ley 160/94.”

La declaración afirma que “simultáneamente con la “extranjerización” y el acaparamiento y con los TLC, el gobierno ha echado las campanas al vuelo con el tal Pacto Agrario” que es, sin duda, una nueva forma de clientelismo aplicado con el concurso de gobernadores y alcaldes y rebautizado, pomposamente, como “desarrollo rural con énfasis territorial”.

Finalmente, la declaración define la tarea principal que aprueba el congreso: “Se vuelve imperativo construir -a partir de la lucha por aprobar un acto legislativo de iniciativa popular- una Ley Marco de Política Pública Agraria” que garantice “la seguridad y la soberanía alimentarias nacionales para todos nuestros compatriotas”, una agricultura prospera y una vida digna para los productores y habitantes del campo.

El congreso, recibió el saludo de la Iglesia Católica, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la Federación de Mineros de Colombia, CONAMINERCOL, y organizaciones del sector. Al evento se invitó, por decisión de los organizadores, a todos los partidos políticos -con representación en el Congreso de la Republica- y los que asistieron hablaron en la plenaria de instalación.

Al caer la tarde los delegados aprobaron por consenso los documentos fundacionales y la lista de integrantes de los órganos de administración y gobierno de Dignidad Agropecuaria Colombiana. Una Dirección Nacional de Delegados de 43 dirigentes, una Junta Nacional de 23, un Comité Ejecutivo Nacional de 13 y todos con sus respectivos suplentes y un Director Ejecutivo Nacional dirigirán la organización que, independiente de la militancia política o religiosa, luchará por representar a campesinos, indígenas y empresarios del agro.

Guardando la debida independencia frente al gobierno de Santos, los partidos políticos y las decisiones de Estado que, tomadas en otras instancias, afecten la soberanía alimentaria y la protección del medio ambiente, Dignidad Agropecuaria Colombiana luchará por alcanzar los objetivos propuestos en su exitoso Congreso de Fundación.

 

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