Cuando la equidad sea un hecho y no un anhelo

Por Michelle Bachelet   

Este año 2014 es un año muy significativo para el avance en la construcción de un mundo más equitativo entre hombres y mujeres. Comenzamos una celebración de un año para conmemorar los 20 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 2015. Esta plataforma ha proporcionado un marco de referencia que ha orientado a los países en el diseño de políticas públicas para avanzar en la concreción de la igualdad de género, evidenciándose importantes avances en distintos ámbitos.

Sin embargo, los resultados no son del todo satisfactorios. Aún son muchas las inequidades y desigualdades que debemos vencer, en materia política, económica y social.

En materia de participación incidente de las mujeres en espacios de decisión, siguen evidenciándose profundas desigualdades. 

Reflejo de ello es que en enero de 2014, solo 9 mujeres ocupaban el cargo de Jefa de Estado y 15 el de Jefa de Gobierno. Asimismo, solo un 21,8 por ciento de las y los parlamentarios nacionales son mujeres, y a nivel mundial hay 38 Estados en los que las mujeres representan menos del 10 por ciento de las y los parlamentarios. Estas desigualdades resultan más críticas en regiones como el Medio Oriente, África del Norte y Asia.

A partir de enero de 2014, solo el 17 por ciento de las y los ministros de Gobierno fueron mujeres, pero la mayoría en carteras relacionadas con sectores sociales, como la educación y la familia, lo cual evidencia la reproducción de patrones estereotipados, en torno al rol de las mujeres en la sociedad.

Considerando que las mujeres representamos el 51 por ciento de la población mundial, estos datos ponen de manifiesto la profunda subrepresentación de las mujeres.

Esto propicia la invisibilización de las legítimas demandas y necesidades que tenemos como género. Lo anterior no solo constituye un desafío en términos de justicia, sino que también representa un importante déficit en la calidad de nuestras democracias. 

Tenemos, por lo tanto, el imperioso desafío de avanzar en la construcción de mecanismos institucionales para incorporar equitativamente a hombres y mujeres a los espacios de decisión política a nivel mundial, nacional y local. Así, podremos construir democracias más sólidas y sociedades más justas.

El ámbito económico continúa siendo otra dimensión de importantes inequidades. Las mujeres siguen enfrentando mayores dificultades para insertarse en el mundo laboral. Cuando las mujeres perciben ingresos, ellas tienden, más que los hombres, a invertir en sus familias y comunidades, reduciendo el hambre, la pobreza y la desnutrición, generando externalidades positivas para toda la sociedad. Tomando nota de esta situación, los países deben realizar mayores esfuerzos en materia de inserción de las mujeres en el mundo del trabajo. El trabajo remunerado también nos permite desarrollarnos como personas, integrarnos al espacio público, por tanto, es un derecho de todos y todas.

Ahora bien, la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo es necesaria, pero no es suficiente cuando el mercado del trabajo reproduce odiosas desigualdades de género.

En ese sentido, sigue siendo mayor la participación femenina que la masculina en el trabajo informal, el que está asociado a mayor precarización en términos de estabilidad laboral y seguridad social.

Las mujeres del mundo ganan en promedio entre un 10 y un 30 por ciento menos que los hombres por igual trabajo, reflejando una valoración injusta del aporte de las mujeres a la economía. Para resolver esto necesitamos políticas intersectoriales que involucren el compromiso no solo del Estado, sino también de la sociedad civil y del sector privado.

Por otro lado, millones de mujeres están en riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados -e inseguros-, debido a la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y de políticas planificación familiar adecuada. 

Las violencias ejercidas contra las mujeres son quizá la esfera más dura de las inequidades. Estas violencias están, generalmente, arraigadas en patrones culturales que las validan. En muchos países no existen políticas públicas que propendan a  modificar conductas, donde mujeres y hombres tengamos derecho a vivir sin violencia y, por tanto, avancen en erradicar las violencias de género. Los esfuerzos por reducir la violencia contra las mujeres no han sido suficientes.

Esta problemática plantea desafíos a largo plazo, donde se conjuga una educación que promueva el respeto por los derechos humanos y políticas y marcos jurídicos adecuados que garanticen el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Políticas públicas que aborden con fuerza no solo la atención y sanción de la violencia contra niñas y mujeres, sino también y fuertemente la prevención.

A casi 20 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, debemos reconocer los importantes avances que han sido posibles gracias al compromiso de organismos internacionales, de los Estados y de la sociedad civil. Sin embargo, aún tenemos desafíos pendientes, porque la construcción de un mundo más justo requiere de más igualdad y equidad entre hombres y mujeres.

Solo cuando esta equidad sea un hecho y no un anhelo, habremos cumplido cabalmente la misión de esta plataforma de acción.

Michelle Bachelet, presidenta de Chile, fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres.

El Telégrafo, Ecuador.