Justicia tributaria y paraísos fiscales

Por José Roberto Acosta  

Panamá es una “zona de distensión” tributaria y, como sucedió con las zonas del Caguán o Ralito en Colombia, estos “paraísos de la flexibilidad” toleran la convivencia de criminales con personas decentes.

Panamá ofrece varios servicios, como cualquier país: cuentas corrientes, de ahorros, de inversión, negocios inmobiliarios, etc., pero hay un servicio muy particular y único que es como la capa de invisibilidad de Harry Potter, para ocultar cosas malas, pues ¿para qué ocultar las buenas? Se trata de las sociedades constituidas con acciones al portador y que no se registran en ningún libro público, como sucede con los certificados de existencia y representación legal expedidos por nuestras Cámaras de Comercio, evitando la trazabilidad y seguimiento por un tercero.

Estas sociedades, cuya propiedad pasa de una mano a otra como una posta en carrera de relevos, sin dejar rastro, son constituidas con dinero y con bienes que, casi siempre, se registran por un valor inferior al comercial, ocultando los abultados patrimonios de sus dueños. Tampoco manejan extractos que permitan determinar fácilmente capitalizaciones o descapitalizaciones que sus misteriosos accionistas hagan para engordar o adelgazar el capital social de estos entes jurídicos, absolutamente escurridizos para cualquier ciudadano, juez, oficina de impuestos o medio de comunicación.

Por lo anterior, la revelación de millares de documentos relacionados con estas entelequias jurídicas, cuya naturaleza es hacer invisibles bienes y conductas “feas” de su beneficiario en su país de origen, son la prueba reina de que en temas de justicia tributaria hay mucho camino por recorrer, pues a estas herramientas sólo acceden personas de ingresos muy altos para eludir impuestos.

Se estima que en paraísos fiscales y sin declarar, los colombianos tienen cerca de US$100.000 millones, los cuales, si se pusieran sobre la mesa con sus impuestos de ley, fácilmente cubrirían el abultado déficit que el Gobierno piensa sacar del bolsillo de los más pobres con el aumento del IVA y su extensión al pan y a la leche.

Y esto sin contar con el impuesto inflacionario, que castiga más a los pobres, pues estos sólo tienen su salario, cada vez más depreciado, mientras los más ricos ven valorizar sus inversiones en Panamá gracias al encarecimiento del dólar, al tiempo que evaden impuestos mediante “suciedades” en Panamá. Algo central en los debates del posconflicto.

@jrobertoacosta1

El Espectador, Bogotá.