La democracia municipal

Por Horacio Duque  

Las elecciones municipales del próximo 25 de octubre deben servir para profundizar la democracia política como sistema de articulación ciudadana con el Estado y sus entidades gubernamentales.

La democracia en el ámbito local supone la existencia del municipalismo como teoría política amiga de profundizar la administración local frente a la central.

Su sentido es aproximar la gestión de los problemas más inmediatos de la gente a instituciones locales, a sus administradores y representantes más directos, con la posibilidad de una mayor cercanía para conocer y articular las demandas populares y favorecer una mayor participación democrática en su gestión y una transformación más efectiva de la realidad social.

En concreto es descentralización de competencias, de recursos y gestión de algunos servicios.
Esa mayor proximidad y amplitud de los representantes y funcionarios municipales puede permitir una mayor participación popular.

Hay una tensión entre los procesos descentralizadores y los centralizadores y, en el fondo, entre los democratizadores y la oligarquización política e institucional.

Las preguntas que conviene plantearse son las siguientes: ¿Hasta dónde puede llegar el cambio por la vía político-institucional, en el ámbito municipal? ¿Hasta dónde se puede avanzar parcialmente –conquista de posiciones institucionales de forma asimétrica y/o compartida- sin ganar totalmente –mayoría absoluta-? ¿Qué fuerzas y capacidades existen en la sociedad y el tejido asociativo para articular un movimiento popular, complementario y exigente respecto de la ocupación limitada de las instituciones, por la vía electoral? ¿Qué alcance puede tener el municipalismo en Colombia, con una experiencia limitada y desigual, dentro y fuera de las Alcaldías, en el horizonte de los próximos años? ¿Cómo articular la democracia municipal a la construcción de la paz en el post conflicto?

Hay elementos que bloquean la democracia municipal. De un lado está el modelo neoliberal con el recorte de competencias y autonomía a los municipios, igual, fenómenos como el clientelismo, la violencia y la corrupción impiden un despliegue más profundo de los instrumentos de la democracia comunitaria.

Pero eso debe cambiar al calor de las grandes movilizaciones populares contra las políticas de recortes sociales, las graves consecuencias de la crisis fiscal, las medias de ajuste, la prepotencia gubernamental y la extensión de la corrupción. El objeto de la protesta social ha alcanzado diversos ámbitos: contra políticas regresivas de los organismos internacionales y nacionales, el Gobierno, el campo empresarial y rural, así como su concreción en las instituciones municipales. Podemos decir que el amplio movimiento democrático y participativo dado desde el 2013, ha tenido dos componentes principales: la democratización del sistema político e institucional, y la defensa de los derechos sociales y económicos, el poner la economía al servicio de la gente y definir eventuales rescates ciudadanos o planes de emergencia para los sectores más débiles.

Ello incluye, desde luego, la necesidad de un nuevo dinamismo de la participación por abajo, local, y de carácter nacional y la elaboración de estrategias, organismos, liderazgos y discursos en esos planos para posibilitar la democratización, la ampliación de la gestión popular, así como el freno a los privilegios y el corporativismo de las élites poderosas.

Ese entramado de intereses de los poderosos es lo que se ha puesto en cuestión por el movimiento popular y agrario.

Se ha generado una ciudadanía activa y luego un electorado consciente y se han formado expectativas de cambio político e institucional. Es inevitable, al menos hasta comprobar los resortes institucionales conseguidos, la tendencia mayoritaria a depositar la confianza popular del cambio en las inmediatas batallas electorales e institucionales.

El nivel de conflicto social y popular, en los últimos años, ha sido muy alto. Se han producido algunas grandes movilizaciones y procesos participativos (como las huelgas campesinas y agrarias del 2013) que han aglutinado a sectores importantes de la población. Han posibilitado la expresión y la visualización de la oposición cívica a los recortes sociales y la corrupción política, y han generado el desgaste de la credibilidad del poder y sus políticas regresivas.

No obstante, es difícil que las fuerzas alternativas consigan una hegemonía total, con una mayoría absoluta (o una mayoría simple con una suficiente distancia ventajosa), en el grueso de las grandes instituciones municipales. La realidad probable puede ser diversa, desde la responsabilidad mayoritaria por la gestión institucional hasta el trabajo de oposición, pasando por fórmulas intermedias de acuerdos parciales con programas y gestión intermedios o mixtos. El vuelco alternativo y progresista que se puede sostener en algunos grandes municipios (Bogotá) puede expresar la relevancia del cambio, aunque esa victoria no sea generalizada en los pequeños y medianos municipios.

En el plano de la democratización desde la articulación ciudadana fuera de las instituciones y ante las dificultades y límites de la dinámica de un cambio político sustantivo, cabe el repliegue y la adaptación a la inercia institucional y/o el impulso participativo y la movilización social.

La democracia o la democratización del sistema político y económico se oponen a la oligarquía como gobierno de unos pocos. Pero la democratización política no se puede separar de la profundización en el cambio socioeconómico, de la mejora del bienestar social del pueblo.

Junto con la democracia representativa, hay que estimular la participación cívica, la democracia directa, con la deliberación y consulta vinculante de asuntos importantes. Existen muchos instrumentos que empiezan por la comunicación y transparencia y con métodos apropiados (consultas, referéndum, asambleas), en los distintos ámbitos: activistas, electorado propio, sectores significativos, vecinos o población en general.

La tarea principal para promover la democratización es la desburocratización, la dinámica anti-jerárquica, el debilitamiento de las oligarquías de los aparatos políticos e instituciones, con una nueva dinámica institucional y democrática, más transparente y participativa. Pero hay que combinar los distintos planos de la participación democrática y la gestión institucional. Supone la combinación de métodos de participación y control directo con una relativa autonomía de la actividad de los representantes e instituciones, con unos sistemas de control sobre sus orientaciones y sus decisiones más relevantes.

En últimas, en el ámbito municipal, más directo y concreto, es más fácil avanzar en este proceso participativo, aunque siempre conscientes de su imbricación con los procesos más generales y las desiguales dinámicas organizativas y de liderazgo. Los condicionamientos institucionales y presupuestarios son muchos y será necesario un cambio legislativo, con una mayoría nacional de progreso, para fortalecer la suficiencia fiscal de las alcaidas, incrementar sus competencias y recursos e impulsar una mejora sustantiva en la prestación de servicios a la ciudadanía. Constituye un desafío y también un aprendizaje no solo de gestión, sino de empoderamiento cívico, articulación popular y democratización.

Seguramente la llegada de la paz abone esos nuevos escenarios con la democracia ampliada que se ha pactado.