La paz vs. el modelo de desarrollo

Por Alpher Rojas C.  

La consolidación de la convivencia democrática entre los colombianos requiere de la radical transformación del modelo vigente.

Con la firma del ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, la sociedad colombiana podría entrar felizmente en una dinámica de transformación de las relaciones de fuerza –imperantes desde hace más de medio siglo– a la consolidación de unas relaciones de derecho que le abrirían espacio cierto y firme a la tanto tiempo anhelada e históricamente negada justicia social.

Es decir, a la vigencia plena de una cultura política de paz y democracia hoy ensombrecida tanto por la cooptación mafiosa del Estado, la criminalidad y la corrupción público-privada, como por el desarrollo económico desigual y la consiguiente deslegitimación de las instituciones políticas, lo cual se explica más por la irracionalidad teórica neoliberal y la praxis fundamentalista del libre mercado que por la cambiante y frágil estructura administrativa dominante.

Si nos basamos en la teoría de juegos (John F. Nash) -área de la matemática aplicada que estudia de manera formal y abstracta las decisiones óptimas que deben tomar diversos adversarios en conflicto-, cuyas metodologías para hacer predicciones sobre análisis de procesos son similares al conjunto de métodos tradicionales de predicción meteorológica (“cabañuelas”) usado milenariamente por los campesinos en todo el mundo, lo acontecido hasta ahora en los diálogos bilaterales de La Habana, proyecta un horizonte de inéditas transformaciones sociopolíticas y de modernización institucional del país.

La sociedad en general y los oficiosos críticos de los diálogos en particular no podrán desconocer en este proceso la calidad del debate ni el alto nivel de análisis (que ya quisiéramos en nuestro Congreso de la República o en las corporaciones judiciales), así como las inteligentes propuestas que en ambos lados de la mesa fueron formuladas con respeto y elocuencia intelectual. Estimulados por el dominio teórico y temático en cada asunto, la delegación estatal y los jefes guerrilleros dieron prueba de su ética al respetar las reglas acordadas y superar la desconfianza recíproca.

Es muy probable que, además de la defensa de los intereses geopolíticos de su país en la región, el presidente Obama haya motivado su respaldo al proceso de paz en la confianza generada por la ambiciosa y detallada agenda de diálogos. De otra manera no hubiera enviado a uno de sus observadores con mayor conocimiento de los asuntos latinoamericanos y colombianos, el señor Bernie Aronson, quien –pese a su rigurosa sequedad– ha hecho una evaluación crítica favorable del proceso. Sus más de diez informes han servido de base a decisiones de muy alto calibre en relación con el llamado posconflicto y su invocación para que sean acogidos por la comunidad internacional los acuerdos de La Habana es un hecho público de amplia notoriedad que, incluso, animó la atmósfera del encuentro conmemorativo de los 15 años del militarista Plan Colombia y su conversión en Paz Colombia con la fuerte inversión económica de US$ 450 millones, que incluye la financiación de programas para la defensa de los derechos humanos.

El discurso oficial conducido por el exvicepresidente Humberto de la Calle y el alto comisionado Sergio Jaramillo permitió destrabar grandes contradicciones y la incorporación de novedosas formas de estímulo a la concreción de los acuerdos (por ejemplo, el Acuerdo Parcial sobre Víctimas que hubo el 15 de diciembre del 2015). De la Calle, como perspicaz observador, ha entendido que Las Farc, más que reinsertarse, estarían procurando construir una nueva y edificante forma de presencia entre la sociedad civil colombiana.

Con su aguda capacidad analítica y su reconocida erudición política, De la Calle ha expresado que “este acuerdo final tan solo propiciará una paz pequeña, dado que la ‘paz grande’ requiere profundas reformas institucionales y de cultura política que no dependen de La Habana”. Por otra parte, y como quiera que “el Estado tiene –de acuerdo con anteriores resoluciones de las Naciones Unidas– una responsabilidad histórica ineludible en el origen y expansión del paramilitarismo”, su desmantelamiento efectivo es indispensable para aclimatar la concordia social y política en los ‘posacuerdos’.

Sin duda, la consolidación de la convivencia democrática entre los colombianos, además de estas reformas, requiere de la radical transformación del modelo de acumulación vigente, cuyas características excluyentes lo tipifican como una estructura de dominación económica que concentra los beneficios del crecimiento en sectores de altos ingresos, que ha sembrado el suelo patrio de pobreza, violencia, injusticia y desorden, de inestabilidad social y política.

La paz con justicia social permitirá consolidar la convivencia sociopolítica, si el posconflicto se tramita consensualmente con la garantía de tratos regulados por normas generales, firmes y preestablecidas.

El Tiempo, Bogotá.