La reconfiguración cooptada del Estado

Por Alpher Rojas Carvajal  

¿No es hora de exigir la sumisión de la economía a la política y de las mafias a la justicia? Si faltaran argumentos para identificar el estado de decadencia de la democracia en Colombia, presionada por la progresiva deslegitimación de sus instituciones y la inacción de su pusilánime clase dirigente, el llamado “festival de los avales”, otorgados por los partidos a personajes de punible moral, bastaría para sustentar su deterioro. Colombia está hoy frente a una peligrosa manipulación de las reglas del juego social y ante un deliberado menoscabo de los principales referentes éticos, legales y políticos del Estado social de derecho, mucho más letal que las relaciones de poder determinadas por el clientelismo tradicional. 

Ahora no se trata tan sólo de la reciprocidad mercantil entre actores de asimétrico status, que por esta vía buscan incrementar el capital electoral de su colectividad o asegurarse el usufructo particular y prolongado de los bienes públicos. Al eludir instancias y despreciar los valores de la meritocracia para privilegiar el ascenso de familiares, socios o compadres en la jerarquía política, se reconfigura la institucionalidad política de forma contraria a las reglas democráticas de competencia entre iguales. Al mismo tiempo es una compra al menudeo de una certificación que les confiere peso significativo en el sistema de poder y les sirve de base para articular las relaciones que ordenan el funcionamiento de la política.

Los partidos políticos se han convertido en el escenario apropiado para que actores legales e ilegales adelanten procesos de captura y reconfiguración cooptada del Estado. A través de la infiltración y penetración de las “líneas de mando” de las fuerzas políticas tradicionales y de las subsidiarias creadas para su aparente competencia –como el uribismo-, grupos y redes criminales contactan a funcionarios públicos, líderes políticos y candidatos a cargos de elección popular, entre otros agentes sociales, para manipularlos y así intervenir en decisiones políticas, administrativas y legislativas, y cambiar el curso de la historia en su beneficio particular. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, sobornada por las mafias del narcotráfico y la alteración de los estatutos del Partido Liberal por su director Rafael Pardo; o la modificación del estatuto de rentas e impuestos municipales para favorecer las casas de apuestas, son un ejemplo de las anomalías que interfieren la democracia para reconfigurar el Estado y limitar el espacio público.

Como lo ha ilustrado el pensador económico Luis Jorge Garay, hay evidencias de que Estados cooptados descentralizados con democracias débiles configuran un entorno propicio para la sumisión de autoridades en el nivel local; en este sentido “grupos económicos transnacionales pueden capturar fácilmente distintas instancias del Estado, lo cual se acentúa cuando no operan sistemas efectivos de rendición de cuentas o accountability”, o se dan debilidades técnicas o administrativas frente a las expectativas de lucro de redes y agentes legales e ilegales con fuerte capacidad de ejercer Lobby.

Es inocultable que en relación con determinados procesos los partidos buscan adaptar sus mecanismos de control y participación y saltarse las vías de la democracia interna para justificar el curso de acción que proponen las elites directivas del país para aplazar la solución de las crisis sociopolíticas. “Su función es velarla a cambio de mantener la apariencia democrática”, ha escrito el sociólogo Alfredo Molano en su lúcido prólogo al libro clásico de Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila sobre clientelismo. Por esta vía el Estado se convierte en rehén de las redes criminales, de los fraudes corporativos y de la cultura mafiosa. Ya no es indispensable armar una estructura, una fuerza política coherente y ética para representar los intereses colectivos, basta ser amigo del director del Partido (ver casos de Didier Tavera en Santander o de “don Toto” y “Carriel” en el Quindío). Los intereses de la cultura mafiosa y de la pequeña política se movilizan para lograr sus objetivos individuales.

Ya en un pasado, todavía no muy remoto, el neoliberalismo como doctrina económica de derecha se tomó al partido Liberal de la mano de un presidente –“bienvenidos al futuro”- que reconfiguró el Estado no solo para reducir su autonomía y privatizar los bienes públicos sociales, sino para construir la formulación pseudojurídica de “sometimiento a la justicia” (que en realidad fue de sometimiento de la Justicia a la mafia) favorable al narcotraficante Pablo Escobar. Como quiera que el Congreso de la República es la corporación facultada para elegir a los magistrados de las altas cortes, la ciudadanía no espera mucho de la rectitud y la independencia de sus juicios y fallos. “El poder Judicial –como lo ha expresado Karl Polanyi- convertido en verdadero poder de control del ejecutivo se ha visto atravesado por las contradicciones políticas. Las relaciones entre justicia, política y dinero han puesto de manifiesto la precariedad de la división de poderes.

Así, digamos por ejemplo, que el Estado al renunciar a la autonomía respecto del poder económico, al demostrarse incapaz tanto de asegurar el bienestar de los ciudadanos como de poner límites a la voracidad capitalista o de impedir la manipulación de su legislación por los circuitos mafiosos (no sólo los del narcotráfico, sino los de los juegos de azar y de trata de personas), ha perdido toda su legitimidad.

Entonces, el “juego” de los avales -especialmente de aquellos otorgados sin arreglo a las previsiones de la democracia-, hay que entenderlo como aquel proceso en el que “funcionarios públicos y actores privados legales e ilegales alinean sus intereses con el propósito de reconfigurar instituciones del Estado, desde el interior del mismo” (L.F.Garay). Por ello preguntémonos con Joseph Ramoneda: ¿No es hora de apelar al retorno de la política democrática? ¿No es hora de exigir la sumisión de La economía a la política y de las mafias a la justicia?