Lo que suscribe Colombia

Por Germán Umaña Mendoza  

Ahora que se encuentra de moda el ‘patrioterismo’, por la decisión de la Corte Internacional de la Haya con respecto a las diferencias entre Nicaragua y Colombia, vale la pena analizar otros aspectos que en el futuro valdrá la pena tener en consideración, todo con el único objetivo de que mañana no nos digan que no ‘se les advirtió’.

No deja de ser simpático, si no fuese tan grave, que suscribamos tratados en el que las empresas multinacionales pueden demandar al Estado, pero no el Estado a las empresas. No es Ripley, es el Ciadi (Centro Internacional de Solución de Controversias sobre Inversión), organismo que es parte del Banco Mundial y al que, por supuesto, pertenece nuestro país.

Ser parte del Ciadi, no es el problema en sí mismo, lo preocupante es que en muchos de los Tratados de Protección de Inversiones que hemos suscrito y, notablemente, en el mal llamado ‘Tratado de Libre Comercio’ con Estados Unidos, hemos aceptado acudir a ese tribunal para la resolución de las controversias con las multinacionales, con carácter vinculante, obligatorio y como tribunal de única instancia, es decir, sin derecho al pataleo, como en el de la Haya

Dicen que es mejor ‘prevenir que curar’. Casos ejemplarizantes abundan en la literatura jurídica sobre las decisiones de los laudos arbitrales de la mencionada institución.

Argentina, campeón en ser demandado (cursan cerca de 50 denuncias en el Ciadi), ha sido condenado varias veces, y lo que se encuentra en cuestión son sumas cercanas a los 30.000 millones de dólares. Ecuador acaba de ser condenado a pagar a la OXI más de 2.000 millones de dólares, y tiene demandas en curso por más de 9.000 millones.

Caso similar ocurre con Bolivia, Paraguay o Venezuela, a pesar de que estos países ya cursaron su retiro del Ciadi. Sin embargo, el pasado no perdona y deberán cumplir sus compromisos retroactivamente.

Por supuesto, Brasil ni firma tratados de protección de inversiones, ni es miembro del Ciadi. y China solamente firma TPI con países en desarrollo. No son tan pendejos.

Y, es que los compromisos que adquirimos en el TPI con Estados Unidos, sumados a la aceptación obligatoria de los laudos de arbitramento como el Ciadi, se refieren a la prohibición en la práctica de adoptar en el futuro políticas públicas que las multinacionales puedan considerar ‘expropiación indirecta’ o ‘anulación o menoscabo en los beneficios esperados de sus inversiones’.

Lo grave es seguir permitiendo constitucionalmente que los presidentes de turno continúen firmando tratados internacionales, y que el Congreso siga diciendo: Yes, man, sin ningún estudio. Es antidemocrático, atenta contra la estabilidad de las instituciones y no permite adoptar políticas de sustentabilidad (minería y medio ambiente).

¿Haremos como los países mencionados (Argentina, Ecuador, Venezuela, entre otros), los que con laudos condenatorios del Ciadi, buscan con la ‘linterna de Diógenes’, la manera de eludir los tratados en mala hora suscritos?

Portafolio, Bogotá.