Ni tan acuerdo ni tan superior (I)

Introducción.

Con la incorporación de lógicas mercantilizadoras en la educación superior, se estrenó la Apertura Económica en el sector. “Liberalización comercial y financiera”, “privatización”, “descentralización del gasto” y “diversificación de lasfuentes de financiamiento” son los conceptos que sirven de marco al nuevo modelo y se imponen estrategias para la competencia entre las universidades públicas como medio para financiarse. Intermediaciones, subsidio a la demanda, focalización del gasto, entre otros, conllevaron problemas de financiación para la universidad pública.

Se argumentó además, que la crisis de las economías y los retos del siglo XXI traerían consecuencias en los recursos estatales para financiar derechos ciudadanos. En esa dirección apuntó la Ley 30 de 1992, que en sus artículos 86 y 87, fijó como se asignarían los recursos estatales a las instituciones de educación superior públicas. El artículo 86 determinó que las finanzas se compondrían por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, de los entes territoriales, y por los recursos y rentas propias de cada institución, para que estos “signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”. Es decir, los recursos provistos en las bases presupuestales de cada universidad se mantendrían constantes, a partir de un ajuste anual sobre el incremento del IPC, mientras que el artículo 87 fijó un incremento adicional de presupuesto, según los criterios elaborados anualmente por el MEN y el SUE (gestión administrativa, orientación de los programas, pertinencia de los graduados en el mercado laboral, entre otros), los cuales nunca podían ser inferiores al 30% del crecimiento del PIB. En ello aplicaría la estrategia de competencia entre las universidades mencionada más arriba.

Aún así este modelo resultó deficitario, puesto que el incremento no se calculó sobre la base de los gastos recurrentes y las necesidades de inversión, sino sobre un mínimo que terminó dependiendo de la voluntad política de los distintos gobiernos, resultando en cuantiosas sumas no asignadas, además de impulsar la privatización de las universidades públicas.

En el plano internacional hubo varias manifestaciones que reglaron las finanzas de la universidad pública en igual sentido. Por su parte el Banco Mundial, en el año 1994, instaba a Colombia a adoptar “una base de recursos diversificada, [dando] mayor importancia a los proveedores y financiamiento privados”.Siguiendo la línea, los gobiernos recientes se han esforzado en marchitar las finanzas de la universidad con un enorme costo para el desarrollo del país. Veamos.

Los costos de la privatización.

Cálculos con base en: SUE. ´Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia, 2012. Pág. 46.

Mientras en el año 1993 el 84% de las transferencias eran estatales, en el 2014 esta suma se redujo al 50%. Las universidades asumieron con el paso del tiempo el 50% de su financiación, correspondiendo el 35% a recaudo por matrículas y el 15% a venta de bienes y servicios. Las transferencias estatales por estudiante pasaron de $5,7 millones a $3,6 millones. Se redujeron los profesores de tiempo completo del 46% en el año 1992 al 25% en el 2010, y como consecuencia de esto, se ha hecho mayor hincapié en un tipo de vinculación docente centrado en la subcontratación y la modalidad de hora cátedra, lo que implica una reducción en la dedicación docente para la investigación y atención al desarrollo pedagógico.

Dicho modelo no tuvo en cuenta gastos recurrentes aún mayores como la ampliación de la cobertura educativa; el nivel de formación de los docentes; el fortalecimiento a la misión investigativa; el crecimiento en la infraestructura física; las normas que han incidido en el presupuesto de gastos de las universidades públicas; el trato de igualdad en aspectos prestacionales a los docentes ocasionales, docentes hora-cátedra y supernumerarios administrativos; los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones; los gastos adicionales en el régimen prestacional; el descuento en matrículas de universidades públicas para sufragantes; la acreditación y las certificaciones; y la inversión nueva que, una vez se ejecuta, impulsa el aumento de los recursos de funcionamiento gracias al costo de su mantenimiento.

El Sistema Universitario Estatal, detalló recientemente a cuánto ascienden los recursos faltantes para educación superior a 2012, por un lado, y las necesidades de inversión actuales, por otro. En gastos recurrentes, es decir, para invertir no solo en 2013 sino año a año, se requieren $1,327 billones, desagregados en $665 mil millones para contratación en planta docente y administrativa, $362 mil millones, para acreditación académica y gestión, seguridad y vigilancia, mantenimiento, servicios públicos, $218 mil millones para apoyos de bienestar Universitario, $32 mil millones para conectividad y bases de datos, y $49 mil millones para mantenimiento de edificios patrimoniales.

Con relación a los gastos de inversión, para resolver aspectos acumulados mediante una sola asignación no recurrente, se requieren $9,827 billones desagregados en: $2. 096 billones para formación doctoral en un número de 5.023 doctores en todo el sistema, con el propósito de que las universidades públicas tengan al menos el 30% de sus docentes como doctores; $7,231 billones, para infraestructura física necesaria según estándares internacionales, de 11 metros cuadrados por estudiante, así como actualización en normas de sismo resistencia y acceso a discapacitados, entre otras reformas; y $500 mil millones, para equipos, aulas inteligentes, redes de voz y datos, entre otros. Estos dos conceptos, al ser asignados en el año 2013, alcanzarían la suma de $11,154 billones. La suma de todos los ítems se encuentra en la tabla de arriba.

A la par que los recursos propios de la universidad crecen y las transferencias estatales disminuyen, constituyendo un claro esquema de privatización, los créditos otorgados a través del Icetex han recibido un extraordinario impulso los últimos años. Los recursos de cartera de esta entidad aumentaron 128% en 5 años, pasando de $1,00 billón en 2004 a $2,28 billones en 2011. Mientras en el año 2002 el 9% de los estudiantes eran acreedores de un crédito del Icetex, al año 2010 la cifra superaba al 19%. De igual forma se han otorgado subsidios a 92.831 estudiantes con Sisbén 1 ó 2. Pero este esquema, lejos de resolver el problema de financiamiento estructural del SUE, como lo afirmó la Ministra Campo en el mes de marzo del 2011, está ayudando a la migración de la cantidad de matriculados del sector público al privado. El 80,3% de los supuestos beneficiarios durante el  periodo  2003–2008  estaban  en instituciones privadas, y el 19,7%, en  públicas[1]. En ese sentido lo que se concluye es que quien estudia en una institución privada no lo hace por placer sino porque el mismo sistema, que desestimula la oferta pública y estimula la demanda, lo orienta a demandarla.

Privatización 2.0.

En los primeros meses de 2011, este gobierno formuló una propuesta de reforma que pretendía facilitar la fusión de instituciones, facilitando el traspaso de bienes, la conformación de carteles educativos, la entrada de inversionistas extranjeros a las Instituciones de Educación Superior y la proliferación de nuevas formas de asociación de instituciones privadas. La reforma las calificó como una modalidad de personerías jurídicas organizadas para la prestación del servicio educativo, que entre otras cosas podrán participar en la constitución de sociedades anónimas, recibir inversionistas, repartir dividendos y vender acciones (Art 81). Y el texto del TLC –expresión fehaciente del libre comercio en Colombia- lo deja más claro aún. En su artículo 11.3 establece “prohibir a los Estados partes que se restrinjan o prescriban los tipos específicos de personas jurídicas o de empresa conjunta por medio de las cuales un proveedor de servicios puede suministrar un servicio”. Todo esto fue advertido con suficiencia por la MANE.

Esto en sentido de incentivar mayor inversión de los EE UU en nuestro país  que ha convertido la IED en la principal variable de la economía. Para el sector, los empresarios gringos de la educación la tienen clara. Según Marc DeFusco, Director de la Universidad de Phoenix entre 1994 y 2002, tristemente célebre por ser el pilar de ánimo de lucro en el mundo, la educación superior con ánimo de lucro se presenta como una necesidad empresarial que exige ampliar la inversión en este sector y afirma: “si no podemos crecer más aquí en los Estados Unidos, creceremos en otra parte”.  Nada raro si tenemos en cuenta que la universidad a distancia es una de las principales herramientas para mantener una alta cobertura en los servicios educativos de Estados Unidos, y como tal, aparece contemplada en el proyecto de reforma a la Ley 30. Un caso es la Escuela del Gran Cañón, comprada en situación de quiebra por aquel famoso empresario de la educación Michael Clifford, y que cuenta hoy con 40 mil estudiantes, de los cuales el 90% son en modalidad virtual. El MIT, Instituto tecnológico de Massachusetts, ofrece 18 módulos en diferentes partes del mundo sin estar presente y planea ofrecer todos los cursos presenciales por la web; otro caso es el de la British Open University, que opera en 21 países con el 30% de la matrícula fuera de Gran Bretaña por medio de cursos virtuales; “a la universidad de Harvard le tomó casi 375 años para tener un total de 6.600 estudiantes, pero la Universidad de Phoenix (de propiedad de Clifford), ha necesitado tan solo 34 años para tener un total de casi 500.000”.[2] Los hechos demuestran lo que la demagogia gubernamental quiere hacer pasar como un loable propósito de una reforma educativa en Colombia: podrá ser un gran empresario cuyo altruismo (calificativo usado por Santos para justificar las alianzas público privadas en lo educativo) lo lleve a invertir en la educación, pero en el mundo de los grandes empresarios siempre es mejor aquel que genere más ganancias.

Vuelve y juega el banco Mundial: su propuesta para 2012.

Tal y como lo hizo en la década de los 90, este órgano no ahorra esfuerzos en propugnar por una reforma educativa que contenga políticas que apunten a profundizar la desfinanciación de la universidad pública colombiana, cuando insiste en que deberá avanzarse en “atraer más fondos al sistema […] implementando cambios en la gobernabilidad para estimular nuevas inversiones del sector privado”(pág. 72) pues, partiendo de la insuficiente fuente de recursos públicos y la creciente demanda insatisfecha, “la única manera de hacerlo sería recurrir a proveedores privados y compartir los costos [donde] las asociaciones mixtas público-privadas representan un modelo muy prometedor para Colombia.” (pág. 73)[3]

En el mentado el Banco Mundial “recomienda” la desfinanciación como política pública para la Universidad, mientras sí insiste en “dotar al ICFES de todos los fondos y el apoyo necesarios” (pág. 224). E igual definición le correspondió en el documento al Icetex. Según el equipo evaluador, este debe ser considerado como uno de los canales principales para la destinación del presupuesto a las universidades públicas, con el fin de profundizar el tipo de asignación por la vía de subsidiar la demanda educativa, no la oferta. Lo que no es otra cosa que mantener la llave de la privatización chorreando cantaros mientras las transferencias estatales gotean.

Ante esto, no sobra preguntarse ¿no han considerado los distintos gobiernos que los saldos en rojo de las universidades públicas perjudican directamente a todo el país? o ¿si no es necesario dotar al sistema de universidades públicas de un adecuado presupuesto como requisito para una alta calidad? y si no es así ¿cómo otros países han logrado avanzar en materia social y económica gracias al aporte de una educación pública fortalecida y con acceso universal? y ¿En qué país cree que vive Juan Manuel Santos al proponerse liquidar a las universidades públicas? se ha llegado al fin de la estabilidad del financiamiento de la universidad por los gobiernos. Aparece entonces la invitación a la política de cofinanciación, de venta de servicios, a la constitución de una universidad pública que vende servicios si quiere ampliar su presupuesto so pena de ver sus recursos disminuidos o congelados, produciendo modificaciones en el sentido del derecho a la educación.

Los efectos y las lecturas

Según el profesor Leopoldo Múnera, ninguna de estas reformas se desarrollaría sin imponer una relación inversamente proporcional entre las ganancias de los privados en la educación y la autonomía universitaria. Tomemos in extenso su lectura sobre este aspecto: “La pérdida de autonomía en la producción del conocimiento se extiende a la investigación y a la extensión. Siguiendo el modelo que se ha ido imponiendo en los Estados Unidos durante los últimos cincuenta años, ambas funciones empiezan a orientarse hacia donde están los recursos privados o los recursos públicos asignados en función de criterios privados. Al tiempo que la propiedad privada sobre los resultados de las investigaciones académicas, derivada de las fuentes de financiación, va minando poco a poco el carácter colectivo que la mayoría de ellos han tenido hasta el momento en América Latina, especialmente los conseguidos en las universidades públicas”.

Una de las características de la intervención del BM en la política pública de  educación en los países que acogen sus orientaciones es, además de promulgar una política, hacerle seguimiento y evaluar resultados. En un documento llamado “El financiamiento y administración de la educación superior: reporte sobre el estatus de las reformas del mundo” publicado en 1998 en París por la UNESCO,el BM da cuenta de que  gracias a estos mecanismos de rendimientos de cuentas “los administradores de las instituciones serán obligados a tomar las decisiones que hasta ahora han estado evadiendo, por ejemplo, reasignar los recursos en respuesta a las necesidades de los clientes y los consumidores”.

Ello complementa a la perfección el propósito de una universidad sin autonomía ni libertad, atentando contra la condición sin la cual es imposible elevar el conocimiento a estadios superiores: la democracia. Según John Saxe Fernández, catedrático de la UNAM, para el BM el control de las universidades“debe ser retirado del gobierno y las instituciones y depositado en los clientes (estudiantes), los consumidores (negocios o industrias) y en el público. El BM cree que el financiamiento gubernamental a la educación superior, combinado con la responsabilidad institucional para gobernarla es, en gran medida, responsable de la sobrevivencia de la educación clásica y elitista que, además, es insensible a las necesidades reales (subrayado mío) de la (desregulada) economía global.”

Conclusión.

Existen una serie de tensiones evidentes en el reformismo universitario, que no es de hoy, y que para el caso del interés privado, se renueva permanentemente de acuerdo con sus retos económicos de aumento de utilidad y en consonancia de instrumentalización de la educación superior. A saber:

Aumento de costos de matrícula vs. Gratuidad.

Monopolio estatal de universidades públicas y presupuesto por Ley vs. Mercado competitivo, fondos concursables y alianzas público privadas.

Modelo neoliberal y privatizador de Santos vs. Nacional y democrático de la MANE.

Finalmente, tomando como base todo lo anterior, es muy esclarecedora la frase de Jennifer Washburn retomada por el profesor John Saxe: “Las universidades inevitablemente jugarán un papel en el desarrollo. Pero ¿debemos permitir que las fuerzas comerciales determinen la misión y los ideales académicos? En la educación superior hoy día las corporaciones no sólo financian una creciente porción de la investigación sino que frecuentemente dictan los términos en los que la investigación debe ser dirigida (…) Muchas universidades con presupuestos limitados invierten sus recursos en campos de investigación con orientación comercial mientras disminuyen los recursos a los departamentos de humanidades y a la docencia”.[4]