¿Y entonces quién manda en Urabá?

Por Juan Diego Restrepo E.  

Esta región agroindustrial de Antioquia las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ construyen casas y mejoran vías para consolidar su autoridad. ¿Quién los frena?

El reciente paro de productores de plátano en el Urabá antioqueño tuvo un ingrediente que enojó a sus líderes: el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, denunció que la protesta había sido infiltrada por los llamados ‘Urabeños’, también conocidos como ‘El Clan Úsuga’ y ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC).

Su señalamiento estaba sustentado en información de inteligencia que le suministraron tanto de Inteligencia de la Policía como del Ejército.

Claro, a ninguna persona que protesta, sea por la razón que sea, le gusta que lo vinculen a grupos armados ilegales, pues se deslegitima su derecho a la movilización y las autoridades se apalanca en ello para rechazar las reclamaciones. Es un juego perverso en una rueda sinfín en el que acaba sacrificada la gente. Por eso, ante las declaraciones del mandatario regional, los cultivadores y productores de plátano protestaron.

Sin embargo, es un hecho que las AGC, surgidas en agosto de 2006, una vez concluyeron las desmovilizaciones colectivas de los distintos bloques y frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo los acuerdos con el Gobierno nacional, se están consolidando en el Urabá antioqueño y así lo han establecido por lo menos dos informes que he conocido; uno estatal y  el otro de una organización internacional.

El primer de ellos proviene del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. Se trata del Informe de Riesgo N. 012-14A.I., emitido el pasado 10 de junio y elevado a Alerta Temprana el 18 de ese mismo por la Comisión Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), en la que confluyen varias entidades, encabezadas por los ministerios del Interior y Defensa, lo que activa diversos mecanismos de control para proteger a las comunidades.

Ese informe detalla lo que ha venido ocurriendo desde el año pasado en áreas rurales de los municipios de Carepa, Apartadó y Turbo: “Las AGC cuentan con grupos de hombres uniformados y armados con armas largas que se ubican estratégicamente en varios sectores de la zona”. Y se hace referencia a veredas de Piedras Blancas (Carepa), San José de Apartadó (Apartadó) y de Nueva Antioquia (Turbo).

A partir de ese control lograron consolidar un cordón estratégico que conduce a la Serranía de Abibe, enclave del cultivo de hoja de coca, de laboratorios para el procesamiento de la pasta base y de su posterior cristalización para extraer el clorhidrato de cocaína y exportarlo a los mercados internacionales utilizando los puertos naturales del Golfo de Urabá.

Pero las AGC han adoptado estrategias que van más allá de la vigilancia territorial y que deben motivar una reflexión sobre cómo viene operando este grupo armado. Según el informe de riesgo, bajo las órdenes de las AGC se están construyendo 48 viviendas en la vereda Rodoxali, de Turbo, con el fin de entregárselas a campesinos que provienen del norte de Urabá. Además,  mejoraron una vía carreteable de por lo menos 25 kilómetros entre esa vereda y el caserío del corregimiento Nueva Antioquia.

Una de las preguntas que surge al leer ese informe es: ¿cómo se hacen esas obras sin que nadie se pregunte de dónde sale el dinero para pagarlas? ¿Se estarán avalando localmente? ¿Qué compromisos están adquiriendo los pobladores beneficiados con esas obras? ¿Ponen su vida en riesgo al aceptar esos obsequios?

Este tipo de intervenciones, advierte el informe de riesgo, “son parte de una ‘política social’ adelantada por el grupo armado que ha generado el sometimiento violento de la población civil a su control. Así, la estrategia de las AGC ha sido incursionar en las veredas, desplazar e intimidar a la población y desarrollar formas de control social a través de la regulación de los censos, las presiones contras las juntas de acción comunal veredales e incentivando el repoblamiento”. Ya lo hicieron en el norte de Urabá, ahora avanzan hacia el centro de la región y nadie parece detenerlos.

No se enfrenta la Fuerza Pública a un grupo criminal cualquiera, se trata de una organización ilegal que si bien se ha posicionado a sangre y fuego en diversas regiones de Antioquia y del norte del país, acompaña sus acciones con intervenciones sociales que van generando una especie de “solidaridad” entre sus beneficiados que determinarán sus conductas ante las autoridades legalmente constituidas.

El otro informe que conocí fue elaborado hace unos meses por una agencia internacional de la cual me voy a reservar su nombre por razones de confidencialidad. En ese documento se hace referencia a lo que viene pasando en los municipios de Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo. Si bien admite que hay una mejoría en las condiciones de seguridad en relación con el pasado, cuando las Auc dominaban la región, lo cierto es que esa situación se debe, en parte, “a que los líderes, organizaciones sociales y comunidades en general, saben, conocen y observan los límites establecidos por los actores ilegales […] En ese sentido, se identifica que existen unas líneas imaginarias hasta dónde se puede avanzar y respetar esas líneas se convierte en uno de los principales códigos de supervivencia”.

La investigación en campo mostró que esa tendencia se percibe en los corregimientos El Tres y Pueblo Bello, de municipio de Turbo, así como en Santa Catalina y El Tomate, de San Pedro de Urabá, y en el Guadual y El Carmelo, en Arboletes, que constituyen la región norte del Urabá antioqueño y que se constituyen un eje de acción de las AGC tanto para sus actividades ilícitas, ligadas al tráfico de drogas, trata de personas y contrabando, como para aquellas obras que califican de “política social”.

Lo que se viene consolidando en el Urabá antioqueño, y al parecer sin mucho obstáculo, es una fuerza armada ilegal que sabe intervenir socialmente en aquellas comunidades donde ha ganado espacio a sangre y fuego, creando un imaginario muy grave para la gobernabilidad: el de las AGC como el mejor empleador de la zona y como las más eficientes para resolver problemas generados por la ausencia del Estado.

Esta situación, según se consignó en el documento de análisis de la agencia internacional, produce dos efectos negativos: “de una parte el involucramiento de jóvenes sin  opciones económicas a las actividades ilícitas; y, por otra, la persistencia de la dependencia de las comunidades de los beneficios económicos que les puedan dar estos jefes ilegales”.

Las alertas están encendidas y tal como está la situación, no queda más que preguntarse: ¿y entonces quién manda en Urabá?

Revista Semana, Bogotá.