Ojo con la banca a la sombra

Por José Roberto Acosta  

La quiebra de la sociedad Estraval S.A., al incumplir el pago de pagarés-libranzas, se suma a la liquidación reciente de carteras de inversión en este tipo de activos y a otros casos que, sumados, ya se acercan al billón de pesos en perjuicios para inversionista, sin que la Superintendencia Financiera hubiera prevenido a los usuarios de los riesgos de este negocio financiero extrabancario.

Pero esta es sólo una modalidad de intermediación crediticia que ocurre por fuera de los bancos, en lo que se denomina banca en la sombra, o shadow banking, y que, según un estudio publicado el año pasado por el Banco de la República, representa el 9,9 % del Producto Interno Bruto del país, es decir, $85 billones.

Entre otros vehículos de crédito e inversión extrabancario están los llamados repos, que precipitaron el desfalco en Interbolsa, el negocio de los fondos cerrados de inversión colectiva y los fondos de capital privado para financiar 4G que, aunque pueden generar beneficios para la economía, también generan peligrosas vulnerabilidades a los inversionistas y grandes retos al Estado en cuanto al seguimiento, la supervisión y la regulación financiera.

Muchas de las sociedades dedicadas a los pagarés-libranzas esquivaron la supervisión y vigilancia de la Superfinanciera argumentando que ellos no captan dinero sino que, con sus propios recursos, compran pagarés-libranzas para después revenderlos a incautos inversionistas con injustificados sobreprecios. Además, como esos títulos valores no están inscritos en el Registro Nacional de Valores, entonces tampoco pueden ser sujetos a la competencia de la Superfinanciera. Por lo anterior, fue la Superintendencia de Sociedades la competente para intervenir a Estraval, a pesar de ser un negocio financiero por donde se lo mire.

Desde su entrada en vigencia se advirtió el mayor riesgo de irregularidades que la Ley 1527 de 2012 generaba para el negocio de los pagarés-libranzas y no se hizo nada. Por ello es pertinente seguir insistiendo en los riesgos que el decreto 1385 de 2015 representa para los ahorros pensionales privados al permitir autopréstamos, así como el abusivo permiso que el decreto 765, del pasado 6 de mayo de 2016, dio a las administradoras de pensiones para comprar inversiones de alto riesgo y de difícil valoración. Más errores del Gobierno que nos cuestan billones y nada pasa.

@jrobertoacosta1

El Espectador, Bogotá.