Urge cese bilateral de hostilidades

Por Alpher Rojas C.  

Resulta paradójico que un proceso tan bien planificado no haya previsto un acuerdo de mínimos regulatorios, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.

Las perentorias advertencias del presidente Santos, en inusual tono desafiante, sobre una eventual ruptura del proceso de negociaciones en La Habana, de mantenerse la contraofensiva militar insurgente

–con su secuela de “daños colaterales” o directos a la población civil, al medioambiente y a la infraestructura de servicios–, traducen una estrategia orientada a aplacar las presiones coyunturales de la oposición, sin necesidad de comprometerse en una agenda de reformas del proceso. Al tiempo, es su velada preocupación, porque un eventual escalamiento del conflicto podría dar al traste con su propósito de profundizar el modelo neoliberal de Tercera Vía.

No debe escapar al conocimiento del señor Presidente que tanto la experiencia internacional como las recomendaciones de teóricos y expertos en conflictos internos indican que el desarrollo de diálogos en medio de la confrontación militar puede conducir a un creciente desencanto social y político. En ese sentido, el investigador británico Paul Collier le atribuye a la falta de precisiones en los acuerdos en medio del conflicto la mitad de las rupturas en los casos estudiados. De modo que una disolución sin resultados solo favorecería a los partidarios de la guerra, es decir, a la corriente fascista encabezada por el sospechoso paladín de la seguridad.

Resulta paradójico que un proceso tan bien planificado y proyectado en sus distintas fases no haya previsto un acuerdo de mínimos regulatorios, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos. ¡Cuántas víctimas y cuántos desastres le hubieran evitado al país! De hecho, en aquellos contextos en que se han formalizado acuerdos de humanización, bien sea por decisiones unilaterales o por acuerdos entre las partes, la violencia se ha reducido considerablemente, al tiempo que han propiciado la creación de puentes eficaces de comunicación y confianza para coagular acuerdos definitivos sobre desmovilización, verdad, justicia y reparación de las víctimas.

La expectativa de llegar a acuerdos definitivos de paz sin un grado mínimo de regularización del conflicto, y sin las previsiones de humanización recomendadas por los Acuerdos de Ginebra, puede ser frustrante en la medida en que se avanza a trompicones por caminos inescrutables, llenos de incertidumbre. En medio de la proliferación de eventos cargados de brutalidad, difícilmente se puede alcanzar el proceso de resolución política de la confrontación.

Por cierto, las dos treguas unilaterales declaradas por las Farc –cumplidas cabalmente, según las Naciones Unidas y los observatorios del conflicto– han sido respondidas con intensos bombardeos aéreos y ametrallamientos en tierra por las fuerzas regulares del Estado, en inequívoca señal de la continuidad de una guerra asimétrica, prolongada y dañina.

Por ello es plausible la carta enviada por el prestigioso colectivo Clamor Social por la Paz al presidente Juan Manuel Santos y a las guerrillas de las Farc y el Eln, suscrita además por más de un centenar de organizaciones y personas de Colombia y otros países que exigen un cese bilateral e inmediato del fuego, entre otras medidas y acciones “que contribuyan a consolidar los avances de la actual negociación y a detener la tragedia humanitaria del conflicto armado”.

La propuesta está sustentada en cifras incontrovertibles y en sus costos fiscales (respaldadas por el Centro de Memoria Histórica). Los costos de la guerra no son únicamente los 26 billones de pesos que en el 2013 se destinaron para seguridad y defensa. Atérrense: el gasto militar es igual al gasto en salud, educación y saneamiento ambiental en conjunto. De alrededor de 600.000 funcionarios del Gobierno central, 515.000 están adscritos al Ministerio de Defensa Nacional, es decir, el 81,2 por ciento de los gastos de personal se dedican a la seguridad. He allí una sustentación sólida para parar la confrontación militar y avanzar en los acuerdos finales del proceso de paz, señor presidente Santos.

Libro recomendado: ‘Poder y violencia en Colombia’, del Investigador del Cinep, Fernán E. González G., S. J. La publicación recoge los resultados de las investigaciones realizadas sobre las relaciones entre la violencia política y la construcción del Estado en Colombia, en una perspectiva de larga duración que arranca desde los tiempos coloniales y pasa por las turbulencias del siglo XIX, para desembocar en las violencias de los siglos XX y XXI, hasta las actuales conversaciones en La Habana.

El Tiempo, Bogotá.