La bancarrota del Quindío

Por Horacio Duque  

Los agentes políticos de Cambio Radical, el garaje político de bolsillo de German Vargas Lleras, aquejado por una muy complicada enfermedad, son una verdadera plaga política que destruye a su paso todo lo que tocan en el Estado, el gobierno y los diferentes niveles de la administración.

Es bien conocida la situación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar/ICBF, en manos del clan mafioso de la familia Char de Barranquilla, uno de cuyos vástagos es alcalde de la capital del Atlántico; institución que es objeto del más descarado atraco por dichos politiqueros, mediante contratación fraudulenta, ocasionando la terrible tragedia que afecta a miles de niños de la comunidad Wayuu de la Guajira, Magdalena y Cesar, que mueren por hambre y desnutrición en las rancherías y las salas de urgencia de los centros de salud.

El departamento del Quindío, su gobierno y administración, atraviesan una situación similar.

Esta región, donde se asientan más de 700 mil personas, ligadas a la caficultura y el turismo rural,  fue gestionada en los últimos 4 años por unas fichas de confianza de Vargas Lleras, la señora Sandra Paola Hurtado y su siniestro marido, C.A. Pareja, alias Toto, antiguo limpiador de carros, hoy un potente mayoral regional, dueño de vidas y esclavos.

Estos agentes de la politiquería dispusieron, en los últimos 48 meses, de monumentales partidas presupuestales derivadas de las transferencias de regalías petroleras y mineras. Fueron más de 300 mil millones de pesos (cuando el barril de petróleo rondaba los 120 dólares) que ingresaron a los presupuestos regionales, a través de los Fondos organizados para el efecto.

Ese dineral, manejado a discreción por Sandra y su Toto, prácticamente se fue por la alcantarilla de la corrupción y el contratismo criminal.

Situación que puso en evidencia la senadora verde Claudia López, en varias denuncias planteadas ante la opinión pública y los organismos judiciales y de control.

Las obras, unos supuestos pozos sépticos, no existen y el departamento se encuentra en una bancarrota descomunal.

El nuevo gobernador, el sacerdote C.E. Osorio, postulado por un número significativo de ciudadanos, quien derroto de manera contundente la maquinaria vargasllerista, no puede hoy avanzar en sus planes y estrategias debido a que el escenario es calamitoso. Lo primero que hará es acogerse a la Ley 550, de quiebras y reordenamientos fiscales y presupuestales.

La maquinación de Sandra Paola y su consorte contra el departamento no conoció límites y llegaron hasta el punto de alterar, con Ordenanza amañadas de la Asamblea departamental, todo el régimen general de competencias y transferencias fiscales, para quitarle a la gobernación sus funciones y recursos para pasarlos a los municipios. Se trata de un giro absurdo en la administración del gobierno que el Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado revisan para corregir el dislate consumado.

Este caos institucional no puede quedar al margen y requiere de la rápida intervención de las autoridades nacionales como la Presidencia de la Republica, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, pues la afectación del régimen de la administración pública es demoledor, todo en perjuicio de miles de ciudadanos que dependen de la acción del Estado y el gobierno seccional.

Lo menos que se puede pedir es que las autoridades judiciales intervengan prontamente para impedir que los delitos contra la administración y la sociedad,  en que pudieron incurrir los personajes de marras queden en la impunidad. Que les caiga todo el peso de la ley.

No puede haber paz en Colombia si prevalecen estas cadenas de atraco y desfalco de los bienes públicos como está ocurriendo en Reficar, ICBF y el Departamento del Quindío.

Son los riesgos que se corren con los dineros de la venta de Isagen, 6 billones de pesos, colocados a disposición de la precandidatura presidencial de German Vargas Lleras, supuestamente para construir las autopistas de  Cuarta Generación,  y que inescrupulosamente podrán ser desviados para favorecer sus pretensiones políticas, adversas, digámoslo así, a la conquista de la paz.

Estos asuntos se incluyen, por supuesto, en el pliego de demandas del Paro cívico del 17 de marzo del año en curso, al que Santos le tiene que poner la cara, para que no escurra su responsabilidad y sus obligaciones frente a tan grave asunto que afecta la moral pública.
 
Nota. Grave la situación de la ESAP, Escuela de Administración Publica del Quindío, donde se educan más de 800 jóvenes. Mientras se robaron en mermelada billones de pesos de las regalías, las instituciones educativas superiores fallecen con las quiebras y el abandono de las autoridades públicas. Es también el caso de la moribunda Universidad del Tolima.