Otras responsabilidades en el manejo de Reficar

Por José Roberto Acosta  

Fraude, negligencia, dolo, engaño, incumplimiento de deberes fiduciarios y violación del principio de buena fe son sólo algunas de las duras acusaciones que hace Ecopetrol en su demanda de arbitramento contra la multinacional CB&I, a la que contrató para ejecutar el Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Cartagena (Reficar) y que significó sobrecostos por US$4.000 millones del bolsillo de los colombianos, más de lo que se espera recaudar anualmente con la mal llamada “reforma tributaria estructural” que se viene.

Tan contundente acusación de Ecopetrol se da después del juicioso análisis sectorial de la Contraloría General de la República sobre Reficar, que, sin mucho aspaviento ni protagonismo, como el que ha caracterizado a la Fiscalía y a la Procuraduría en sus “selectivas” investigaciones, puso el dedo en la llaga en un nuevo “carrusel de contratación” de orden nacional y con mucho extranjero incluido.

Como de costumbre, los funcionarios públicos de alto nivel involucrados en tan bochornoso descache financiero se lavan las manos, pero también hay algunos que han pasado de agache en este episodio.

¿Qué hizo la Superintendencia Financiera en 2012 al conocerse públicamente la pataleta del hoy presidente de Ecopetrol ante su junta directiva cuando era ministro de Hacienda y conocer del descarrilamiento financiero de Reficar? Nada. Ni siquiera solicitar información eventual adicional sobre semejante incidente que afectaba gravemente los resultados financieros y a los accionistas.

¿Qué hicieron las sociedades administradoras de los fondos privados de pensiones (AFP) ante esa pataleta de 2012, a sabiendas de que sus inversiones en acciones de Ecopetrol podrían verse gravemente afectadas? Nada. Ni siquiera exigir a su representante en la junta directiva de Ecopetrol una explicación o aclaración.

Para que Ecopetrol termine de pagar la deuda contraída con que financió el derroche en Reficar deberán pasar 12 años, y sólo en el año 13 empezará a recibir algún beneficio neto, sacrificando recursos de exploración que tanto le hacen falta.

La Superfinanciera no puede pasar de agache en este caso, que es peor que Interbolsa, ni las AFP deben seguir calladas, pues tienen la obligación de asesoría profesional, entre otras, que les exige diligencia ante cualquier hecho que ponga en riesgo los dineros de sus afiliados. ¿O es que esa platica terminarán cobrándola con más impuestos?

@jrobertoacosta1

El Espectador, Bogotá.