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Por una universidad libre de violencia y discriminación.

El ámbito universitario no escapa a la violencia contra las mujeres. Se supone que las universidades son entornos protectores y seguros por su tarea de producir conocimiento, sin embargo, estas no son ajenas a las dinámicas de maltrato, discriminación y violencia que sufren las mujeres en Colombia. 

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El ámbito universitario no escapa a la violencia contra las mujeres. Se supone que las universidades son entornos protectores y seguros por su tarea de producir conocimiento, sin embargo, estas no son ajenas a las dinámicas de maltrato, discriminación y violencia que sufren las mujeres en Colombia. 

 

Por Lorenza Bordamalo Guerrero*

El ámbito universitario no escapa a la violencia contra las mujeres. Se supone que las universidades son entornos protectores y seguros por su tarea de producir conocimiento, sin embargo, estas no son ajenas a las dinámicas de maltrato, discriminación y violencia que sufren las mujeres en Colombia. En nuestro país al menos cada 28 minutos una mujer es víctima de violencia única y exclusivamente por el hecho de ser mujer, aproximadamente cada 24 minutos una es agredida sexualmente y por lo menos cada 3 días hay un feminicidio (https://goo.gl/jx5fr3) (https://goo.gl/CZM6a8). 

Las universidades tienen un papel clave para afrontar esta problemática, pues pueden aportar en la transformación de la cultura que sustenta el maltrato hacia las mujeres y promover espacios libres de discriminación; no obstante, esto depende de una decisión política y la decisión por acción y/u omisión tanto del gobierno como de las directivas en la mayoría de los casos ha sido perpetuarlos.
Si bien algunas universidades han avanzado en la política de equidad de género, parece ser una constante que las directivas decidan silenciar, negar y en el mejor de los casos restar importancia al tema, en pro del “buen nombre” de las instituciones. Sin embargo, los casos de violencia y discriminación se han convertido en una problemática generalizada y cotidiana, que afecta a docentes, trabajadoras, administrativas y estudiantes.
En los últimos años se han conocido casos atroces de acoso sexual, laboral, violación, discriminación y revictimización en universidades, tanto públicas como privadas de todo el país, gracias a la lucha de las mujeres por visibilizar la problemática y conquistar grandes avances, a pesar del desinterés del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y su complicidad con las directivas.
Por ejemplo, en la Universidad Nacional la movilización histórica por una política de equidad de género ha alcanzado grandes logros: no sólo es pionera en los estudios sobre el tema, sino que es la primera en tener un observatorio y un protocolo de atención a casos de violencias basadas en género y violencia sexual. Sin embargo, no tiene el presupuesto necesario para investigar, diagnosticar, prevenir, atender y eliminar la violencia contra las mujeres. Este año pasó más de un mes sin tener profesional de apoyo en el Observatorio de Asuntos de Género y no ha podido contratar nuevo personal que atienda con una perspectiva adecuada y dé acompañamiento integral en todas sus sedes.

Asimismo sucede en la Universidad de Ibagué, donde la profesora Mónica Godoy fue despedida por denunciar maltrato, discriminación y violencia sexual contra trabajadoras y estudiantes de la institución. Después de una ardua lucha, de que la universidad lo negara y la revictimizara, la Corte Constitucional reconoció la injusticia y expidió la Sentencia 239 de 2018, que no sólo exige el reintegro inmediato, sino también las responsabilidades concretas tanto para la universidad como para el MEN.
Como resultado de esta victoria la Universidad de Ibagué deberá expedir un protocolo de atención a las víctimas, y el Ministerio de Educación Nacional tendrá que establecer “lineamientos para las instituciones de educación superior en relación con: (i) los deberes y obligaciones de las universidades, instituciones técnicas y tecnológicas en relación con los casos de acoso laboral o de violencia sexual y de género que suceden al interior de las mismas; y (ii) las normas y estándares que regulan la atención de casos de posible discriminación en razón de sexo o género en contra de estudiantes y docentes en los centros de educación superior”( https://goo.gl/hmo9TC). Una gran conquista, que alienta las grandes batallas que el movimiento de mujeres en las universidades aún tiene por librar.
Implementar una política de equidad de género en las universidades no sólo requiere de una decisión política, sino que además necesita financiación. En este aspecto, tanto el gobierno de Uribe como el de Santos, demostraron no querer una educación libre de violencia contra las mujeres, pues ambos gobernaron contra el derecho a la educación. Santos intentó reformar la ley 30, maltrató el gremio docente, creó Ser Pilo Paga para pasar recursos públicos a universidades privadas e hizo una reforma tributaria para engordar los bolsillos del ICETEX. A esto se suma su política de asfixia presupuestal a las universidades públicas, que a 2017, presentaban un déficit de $15 billones de pesos (https://goo.gl/3vJwFT).

Esto es importante porque la formación integral y la educación con perspectiva de género no están separadas de una política gubernamental que respalde la educación pública y asigne los recursos necesarios para que las universidades funcionen, investiguen y transmitan el conocimiento a la sociedad. Sin esto no se pueden tener las condiciones necesarias para aportar a la transformación de la cultura machista, ni garantizar una educación libre de sexismo y violencia contra las mujeres.
Por esto es necesario luchar. Ni Uribe, ni Santos, ni Duque -quien ni siquiera ha publicado su Plan Nacional de Desarrollo y ya el documento de empalme señala que pedirá facultades extraordinarias para legislar en materia educativa y reencauchar las reformas que los gobiernos anteriores no pudieron hacer por presión social- (https://bit.ly/2mDHCPk) garantizan una educacón libre de violencias, los tres son sucesores de esa política tradicional que hoy tiene a las universidades públicas cayéndose y sin presupuesto para brindar educación integral.
Con constancia y tenacidad la lucha feminista logró que el MEN tenga que dar lineamientos sobre la política de equidad de género en las instituciones de educación superior –sin hacerse ilusiones con Duque, sin extrañar a Santos y con movilización democrática- ahora debe defender la educación pública, conquistar los recursos estatales y la voluntad política para gozar de una educación integral, libre de violencia y discriminación.

 

*Representante Estudiantil al Observatorio de Asuntos de Género
Universidad Nacional de Colombia
Integrante de la Organización Colombiana de Estudiantes
Activista del POLO JOVEN.

 

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