Santos, Maduro y la frontera colombo-venezolana

Por Campo Elías Galindo A.  

A instancias del presidente ecuatoriano Rafael Correa y el uruguayo Tabaré Vásquez, presidentes pro-témpore de la CELAC y UNASUR respectivamente, se reunieron en Quito, capital ecuatoriana, el presidente Santos y el presidente Maduro para dialogar sobre la crisis desatada por el cierre de los pasos fronterizos venezolanos con Colombia. Fue la última movida del ajedrez diplomático donde el gobierno colombiano ha tenido que jugar a la defensiva, con margen de maniobra externa cada vez más reducida después de su derrota en la OEA y, acosado por la extrema derecha interna que lo azuza para que se radicalice y se endurezca frente al “castrochavismo”.

La causa de la crisis fronteriza desatada entre Colombia y el país vecino tiene tantas facetas cuantos intereses y posturas ideológicas se acerquen al problema. Es una crisis multicausal que involucra explicaciones internas y externas a los países, variables económicas, sociales, geopolíticas y coyunturales. Es un asunto complejo que por razones de tiempo, espacio y contrincantes, hace imposible cualquier pretensión de imparcialidad, objetividad o “cientificidad” absoluta. Nadie que se acerque a esa hoguera podrá salir ileso.

En términos que pudiéramos llamar inmediatistas, los problemas fronterizos y limítrofes han generado la mayor parte de las guerras en el mundo. A pesar del discurso idílicamente homogeneizante de la globalización, los estados siguen siendo esencialmente hostiles entre sí. Estamos lejos aún, de un “orden público” que garantice la convivencia internacional más allá de reducidas áreas o grupos de países y por períodos limitados. Los estados pues, siguen siendo malos vecinos y quien esté libre de conflictos fronterizos, “que lance la primera piedra”.

Los límites entre las naciones fueron trazados, en lo fundamental, a través de confrontaciones armadas, por guerras fratricidas declaradas o no, que muchas veces no respetaban barreras geográficas y trazaban la línea de lo anexado según el alcance de sus armamentos. Luego venían los armisticios, los mapas, los tratados y toda la parafernalia jurídico-política que tantas veces se convierte en el punto de partida de las guerras siguientes.

Los límites entre los países de América Latina provienen, con modificaciones secundarias, de la época de la Colonia, cuando la corona española a través de Capitulaciones solemnes y Reales Cédulas repartió el territorio nuestro entre sus súbditos más poderosos y más rapaces en la empresa de abarcar recursos y mano de obra indígena. Así fueron erigidos en el siglo XVIII el Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. La estructura político-administrativa de Latinoamérica es parte importantísima de la herencia colonial que todavía rige nuestra vida pública y que de múltiples maneras, se replica en las divisiones territoriales interiores en nuestros países. Muy pocos dirigentes latinoamericanos hasta hoy, han entendido el carácter anacrónico de nuestras divisiones limítrofes, y casi todos han hecho el juego a oligarquías enfeudadas que se reproducen mediante la extracción de recursos naturales y el mantenimiento de entidades territoriales y estructuras sociales petrificadas.

Pero a principios del siglo XIX, a un verdadero dirigente que sí le cupo la América Latina en la cabeza, entendió que ésta no podía ser un reguero de pequeños feudos políticos y oligarquías diseminadas cada una gritando ¡independencia! ¡independencia! Era Simón Bolívar, el caraqueño que fundó la Gran Colombia en 1821 integrando en una sola nación a la Nueva Granada (de la cual hacía parte Panamá), a Venezuela y más tarde a Ecuador, que eran los países hasta ese momento independizados de España o en trance de lograrlo totalmente. El proyecto bolivariano de una patria grande, latinoamericana, era coherente con su resistencia a las pretensiones estadounidenses de extender sus tentáculos hacia el sur del continente y atar nuestros países al carro de su naciente imperio.

De suerte que durante una década aproximadamente, Colombia y Venezuela hicieron parte de un mismo país. Pero pudieron más los independentismos estrechos de caudillos de uno y otro lado, que el proyecto visionario de Bolívar. En adelante las dos naciones han marchado por sendas históricas paralelas, siendo la una prolongación de la otra en lo económico, lo social, lo cultural y lo político. La frontera con Venezuela es a todas luces, la más activa y dinámica que tiene Colombia, especialmente a la altura del departamento de Norte de Santander, que linda con los estados de Táchira y Zulia del país hermano. Allí el tráfico de mercancías, fuerza de trabajo y delincuencia ha sido históricamente intenso y conflictivo, configurando de facto un área de integración interdependiente con vida propia, pero lejana para las dirigencias de Bogotá y de Caracas.

En la frontera se mezclan peligrosamente las desidias de los dos gobiernos nacionales, agravadas por factores políticos y económicos de más reciente aparición. La diáspora colombiana hacia Venezuela es permanente pero ha tenido dos factores cruciales. El primero está asociado al boom petrolero de décadas pasadas y el segundo, a la “contrarreforma” agraria mafiosa de la década de los noventas y la primera de este siglo, que desplazó a millones de campesinos, varios de los cuales atravesaron esa frontera para protegerse y buscar las oportunidades que en nuestro país no hallaron. La violencia, las persecuciones y el hambre se juntaron para expulsar colombianos a varios países del mundo, principalmente al más cercano, más idéntico y más acogedor.

Se calcula que son 5.600.000 los colombianos que habitan en Venezuela. Pero de ellos solo son noticia para la gran prensa nacional los 1.608 recientemente deportados y los 19.686 (cifras de la ONU) que huyeron hacia acá cuando las autoridades iniciaron los registros. Los demás, que son casi todos, son invisibles para los medios de comunicación masiva y la opinión pública que moldean. Son invisibles porque están integrados a la sociedad venezolana y en el odiado chavismo, sus derechos y sus privaciones son los mismos que tienen los nacidos allá. El propio Santos reconoció públicamente el derecho del régimen de Caracas a deportar a los colombianos que se encuentren en situación irregular; así lo han entendido cerca de 116.000 compatriotas que este fin de semana se registraron voluntariamente para garantizar su tranquilidad.

La exportación de delincuencia a granel, sin que toda sea colombiana, es otro factor de la crisis en la frontera. Es delincuencia organizada de contrabandistas, estafadores, narcotraficantes y neoparamilitares; las mafias colombianas en todas sus modalidades actúan allá, muchas de ellas en connivencia con funcionarios civiles y de la guardia nacional venezolana; sin esa connivencia serían inexplicables los altos volúmenes de gasolina, ganado y alimentos que pasan fraudulentamente a Colombia. Lo que es un evidente simplismo es ponerle el adjetivo “paramilitar” a toda esa complejidad delincuencial. Es una adjetivación que ha resultado atrayente para un sector de nuestra Izquierda que solo se sabe el relato antiuribista, que mecánicamente conecta con el paramilitarismo, los “falsos positivos”, las fosas comunes y  otros asuntos que siendo ciertos, simplifican tanto los problemas que terminan por no entenderlos y mucho menos ofrecer soluciones.

No puede tampoco excluirse del sistema de causalidad, el problema económico que afronta el país vecino. El contrabando de extracción y el tráfico ilícito de moneda son delitos que generan rentas fabulosas y perjudican netamente a Venezuela, por lo cual la frontera con Colombia ha sido por décadas una vena rota de esa economía que se pudo tolerar mientras los precios internacionales del petróleo, su producto de monoexportación, estuvieron cercanos a los 100 dólares/barril, pero caído ese valor a menos de la mitad, el panorama financiero se ha deteriorado en forma drástica. Es pues, la hora de la austeridad y por lo menos evitar la fuga de los subsidios gubernamentales hacia la nación vecina, tan buena hermana pero que envía tantos problemas.

Los pactos a los que llegaron los presidentes Santos y Maduro el 21 de septiembre, no se entienden en la opinión pública colombiana. Después de más de un mes de satanización mediática contra Venezuela, su sistema político y su primer mandatario, el colombiano promedio no encuentra coherencia entre el odio predicado 24 horas diarias y unos acuerdos logrados en un diálogo televisado, cara a cara y ante garantes de alto perfil. Santos se mostró preso no solo de la derecha agrupada en el partido Centro Democrático orientado por un nefasto expresidente, sino también de unos poderes mediáticos que en nombre de la libertad de prensa desinforman y desorientan la opinión nacional. Tenía que firmar compromisos con la contraparte pero no podía mostrar entusiasmo alguno ni antes ni después de la cita, no sea que a su regreso se lo tragaran entero en plena campaña electoral.

Todos coinciden en que en Quito triunfó la sensatez. Después del fracaso colombiano en la OEA, cuando el gobierno no logró que ese organismo tomara cartas en el asunto fronterizo, solamente quedaba vigente la posición venezolana del diálogo bilateral directo. Las conclusiones fueron las previsibles: retomar el diálogo y el pleno funcionamiento de las embajadas, unas comisiones, unas investigaciones, unos acompañamientos y, la normalización de los flujos en la frontera de manera paulatina. Era lo máximo que se podía esperar, pero ya algunos expresidentes colombianos se están movilizando para reavivar la llama antivenezolana, exigiendo que inmediatamente todo vuelva a su estado inicial y que se cobre al gobierno del presidente Maduro unas supuestas violaciones de derechos humanos en los tribunales internacionales, porque ocurre que aquí, los pájaros le disparan a toda escopeta que se mueva, especialmente si está al otro lado de la frontera.

Todo indica que marchamos hacia una reapertura de la frontera y el restablecimiento de relaciones binacionales. La gran pregunta es, qué tan definitivas son las soluciones adoptadas en Quito. Su alcance de corto plazo puede estar garantizado por la voluntad política de las dos dirigencias, el acompañamiento de los pares latinoamericanos y las presiones de grupos de interés económico. Para lograr en cambio, un orden sostenible en el tiempo y el espacio, se necesitan definiciones estratégicas más allá de las administrativas, que empiecen por reconocer realidades que no se mencionan porque se dan por inamovibles y, hacer preguntas que suelen ser necias o capciosas, todo alrededor de lo que son los límites, las fronteras y la hermandad entre los pueblos.

La hermandad latinoamericana ha sido un discurso vacío, históricamente traicionado para participar por ejemplo, en el aislamiento de Cuba y apoyar las aventuras imperialistas contra gobiernos progresistas del continente. Ese principio fue desempolvado y actualizado por Hugo Chávez, y fue la retórica que inspiró la creación de las instituciones internacionales genuinamente latinoamericanas –Unasur, Celac, Alba, Petrocaribe, Telesur– que las derechas del continente quieren destruir para volver al orden tutelado por Estados Unidos, a la “pax americana”. Nadie sabrá nunca si Chávez hubiera procedido igual, pero el cierre temporal de la frontera constituye objetivamente, una derrota del proyecto de la integración latinoamericana en uno de sus puntos más álgidos, donde dos pueblos hermanos cotidianamente se hablan y construyen familias binacionales.

Paradójicamente, fue la propia institucionalidad multilateral integracionista que inspiró el chavismo, la que sacó el salvavidas del diálogo y logró llevar a la mesa a los presidentes Santos y Maduro. Correa y Vásquez, en nombre de la CELAC y UNASUR, en el segundo plano de la foto, indudablemente representaban la supervivencia efectiva de la nueva política internacional que está predominando al sur del río Bravo.

La reunión de Quito no será definitiva para una nueva frontera colombo-venezolana. Ella apenas resuelve las urgencias de dos gobiernos y dos sistemas económicos que se sobreponen sobre un pueblo único binacional. Servirá sí para cuestionar lo que hasta ahora ha sido la hermandad entre latinoamericanos, las instituciones y las políticas que la pueden construir para rescatarla de las retóricas de ocasión y ponerla a actuar como integración efectiva.